Editorial ElMundo.com Junio 16 de 2010

El problema de fondo para nosotros sigue siendo el perverso mecanismo de la conciliación.

Por nuestra tradición como denunciantes y opositores radicales a las conciliaciones leoninas contra el erario público y por el apoyo que hemos dado al Ministerio del Transporte en su negativa a pagar una multimillonaria conciliación a cargo del Invías y a favor de un consorcio contratista, por un tramo de 22 kilómetros de la carretera Medellín-Turbo, adjudicado hace 25 años y que nunca se terminó, hoy renovamos nuestro respaldo al ministro Andrés Uriel Gallego y lo instamos a no desfallecer en sus esfuerzos por revertir ese gravoso proceso, en mala hora avalado por distintas instancias judiciales y en el que ahora intenta intervenir la Fiscalía General de la Nación, en apoyo de los abogados del Invías, para evitar un desembolso de $59.000 millones que consideran resultado de una conciliación “irregular”. Sobre el caso ya escribimos un editorial el 22 de octubre de 2009 - ¡No pagar esa conciliación! – porque del análisis de la información que se tenía en ese momento se desprendía claramente que estábamos ante otro “Dragacol”, mucho más cuantioso, por cierto, que demostraba cómo, por la vía de esa figura, se podía llegar a extremos inconcebibles de corrupción y desangre del fisco nacional. La revista Semana, a la que hay que darle el crédito de haber seguido atentamente el curso del malhadado proceso, trae en la edición en circulación un informe en el que advierte que “el ingeniero Édgar Botero, especialista en demandar al Estado, y empresario de reinas, acaba de lograr que el gobierno ordene desembolsar 59.000 millones de pesos en la conciliación más cuantiosa jamás pagada”. Informa la revista que “la última oportunidad que las autoridades tenían para evitar el multimillonario pago era el pasado 25 de mayo, fecha en la que se cumplía un término legal”.

Para ese día, la Fiscalía había conseguido una audiencia ante un juez de control de Garantías de Bogotá, en la cual acompañaría al representante legal de Invías para tratar de frenar el pago de esa millonada, pero la diligencia debió ser aplazada por inasistencia de uno de los abogados de la demanda. La apoderada de Invías, Esperanza Rojas Rodríguez, manifestó que “no se puede concebir que de nuevo se ponga en riesgo el millonario pago, solo porque los abogados no podían estar presentes”. Eso para nosotros es simplemente una maniobra dilatoria en la que son expertos los contratistas agalludos y sus asesores legales. Como describíamos en aquel editorial, la más cuantiosa conciliación a cargo del Estado y a favor de particulares de que se tenga noticia se origina en 1983, cuando el entonces Fondo Vial Nacional (hoy Invías), suscribió un contrato de obra con el consorcio Conic S.A., encabezado por Conigravas, S.A., para construir un tramo de la Vía al Mar –Medellín-Turbo - por valor de $690 millones. La obra debió entregarse en dos años, pero el contrato se prorrogó ocho veces y se suspendió en 1991, con sólo dos kilómetros construidos de los 22 contratados. El contratista demandó aduciendo que el Fondo Vial no pagó la totalidad de los avances y no revisó los precios según lo acordado. El Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó llevar a cabo la conciliación y luego de varias audiencias, en 1998, se llegó a un acuerdo mediante el cual los $690 millones se convirtieron en $24.000 millones, debido a las actualizaciones fiscales, los cuales se pagaron cumplidamente. Pero no contentos con eso, los demandantes, alegando una “mala liquidación”, consiguieron que el 26 de octubre de 2006 se realizara una segunda conciliación, la cual fue aprobada por auto de diciembre 4 de 2006 del Tribunal Administrativo de Antioquia por valor de 74 mil millones de pesos. Desde entonces, a la deuda se han sumado intereses que, junto con el capital, suman $144.000 millones, de los cuales un primer desembolso es la cifra de que habla Semana. A todas estas, ¿en qué paró el debate que adelantó en mayo de 2007 el senador Cáceres, con la tesis de que la conciliación entre Conigravas S.A. y el Invías, realizada en el TAA, “es un complot entre funcionarios del Estado y particulares para robarse más de $60.000 millones de pesos”, asegurando tener pruebas que demuestran que “existen falsedades y una tendencia dolosa de los funcionarios del Estado que han actuado en contra de los intereses de los colombianos y en beneficio de los privados”? Nos gustaría tener una respuesta, lo mismo que del senador Luis Fernando Velasco, quien a principios de noviembre del año pasado se sumó a la causa, prometiendo denunciar esa conciliación “hasta las últimas consecuencias”, ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. El problema de fondo para nosotros sigue siendo el perverso mecanismo de la conciliación. De mucho tiempo atrás, prácticamente desde la Constitución del 91, venimos diciendo que el gobierno no debe tener facultad de conciliación, vale decir que todo litigio de particulares con entidades gubernamentales, a cualquier nivel, debe resolverse por los canales judiciales. Y perdónesenos la autocita: “Sólo contando con funcionarios incorruptibles, sería posible pensar en aceptar la conciliación para algunos casos específicos, pero eso es pensar con el deseo y lo mejor es prevenir para no tener que lamentar, pues casos se han dado a montones de funcionarios y asesores que no resisten las jugosas tentaciones que les presentan los abogados de la contraparte privada”. Casi podríamos asegurar que el caso en comento es uno de esos.