Por un voto —44 vs. 45— se hundió el proyecto de ley que penalizaba a los conductores borrachos.

La plenaria de la Cámara de Representantes, a la que faltaron más de 70 padres de la patria, consideró que el tema no ameritaba una sanción carcelaria para quienes, con unos copetines encima, seguirán matando gente, incluyendo los ocupantes de sus vehículos y hasta ellos mismos, amén de la destrucción de postes, puentes, viviendas y todo cuanto se lleven por delante.

Semejante exabrupto se produce como colofón al bochornoso espectáculo del senador costeño que prohibió que le hicieran la prueba de alcoholemia habida cuenta su fuero y pese a que mostraba serios indicios de estar alicorado. Ah, y además no tenía pase, el cual le salió al día siguiente en tiempo récord.

La justificación que dieron quienes votaron el ‘no’ es que con el hacinamiento que padecen las cárceles de nuestro país es mejor disminuir la creación de nuevos delitos, perogrullada francamente inconcebible que pone de relieve el nivel de descomposición al que hemos llegado. No hay celdas para más delincuentes.

Las cifras de muertos por culpa de las borracheras de los conductores colombianos son de cuidado: en sólo cuatro meses de este año han perecido 40 personas y quedaron heridas 206, y en el pasado puente festivo 1.300 conductores fueron sancionados por conducir ebrios.

Empero, lo más aberrante es que, de haber pasado el proyecto, contemplaba una inhabilidad insuperable para aquellos parlamentarios que quisieran salir elegidos en cargos de elección popular.

¡Qué vergüenza! De nuevo los ilustres representantes del pueblo legislando en causa propia buscando favorecer sus intereses particulares y no los de quienes les confiaron su voto.

Así las cosas, a beber, a beber y a beber que a lo sumo —si lo pillan— le regalan una sanción negociable. Además, si se le “encabrita” el policía, tranquilo: lo puede regañar y hasta hacerlo destituir. ¡Viva Colombia, carajo!