En la columna de la semana pasada se examinaron tres comentarios aparecidos en la prensa nacional, los cuales ponen de presente la existencia de aparentes paradojas que se presentan en el sector agropecuario colombiano.

La primera paradoja tiene que ver con la baja demanda y utilización de las ricas tierras del Caribe colombiano. La segunda está relacionada con la falta de actualización del parque de maquinaria agrícola. La última paradoja se relaciona con la baja inversión en bienes públicos y el mal uso de la tierra con vocación agrícola.

Precisamente este último asunto, el problema del mal uso que actualmente se hace de la tierra con vocación agropecuaria y forestal, ayuda a entender la aparente paradoja de la falta de proyectos agroindustriales en las fértiles tierras del Caribe.

Dado que en Colombia la tierra agrícola no se encuentra suficientemente gravada, ésta opera más como bien de acumulación que como factor de producción. Este fenómeno es aún más agudo en las tierras con una alta productividad potencial, como son, precisamente, las del Caribe. Por tanto, los precios de mercado de dichas tierras se ubican muy por encima de los que muchos inversionistas pueden pagar para adelantar nuevos proyectos agroindustriales.

De esta forma, los inversionistas se mueven en busca de tierras que, aunque menos productivas, les resultan relativamente más baratas y, de contera, se ganarán, en un futuro, la valorización de la tierra.

La falta de actualización de la maquinaria agrícola responde al hecho de que los incentivos de la política sectorial hacen más rentable el cabildeo gremial para conseguir aumentos en los apoyos o los subsidios, que buscar incrementos en la productividad de la tierra a través de la actualización del parque de maquinaria. Con el cabildeo se aseguran los apoyos y los correspondientes niveles de rentabilidad requeridos para mantenerse en el negocio, evitando, de esta forma, la necesidad de hacer inversiones costosas en la modernización de la maquinaria.

La falta de bienes públicos responde al hecho de que la política agropecuaria ha considerado más indicado dedicar los limitados recursos públicos de inversión al otorgamiento de subsidios y apoyos a ciertos grupos de productos, que destinarlos a la creación de dichos bienes. Nuevamente, las presiones del cabildeo han llevado a que, antes que construir carreteras o crear capacidades científicas, que benefician a todos los productores, se prefiera establecer apoyos individuales.

De esta manera, estas tres aparentes paradojas encuentran su verdadera explicación en el marco de políticas agropecuarias. Cambiar dicho marco permitiría hacer un uso más razonable y productivo de la tierra y acabaría con la acumulación de este recurso; facilitaría aumentar los niveles de productividad a través de la modernización del parque de maquinaria agrícola y obligaría a invertir los recursos del Estado en la creación de bienes públicos en beneficio de todo el sector y no del de unos pocos productos.

Es claro, entonces, que mientras no se afecte la actual estructura de incentivos en el sector agropecuario, continuarán destinándose los recursos disponibles hacia actividades con bajos niveles de productividad y competitividad.