El fallo de la Corte Constitucional, aún pendiente, por las demandas que pesan contra el “Marco Jurídico para la Paz”, tiene la delicada prerrogativa de definir la suerte de las negociaciones en La Habana. Supone el ciudadano del común, que se ratificarán los principios constitucionales que rigen actualmente nuestro Estado de Derecho y los compromisos asumidos en tratados internacionales, que protegen a las víctimas y tutelan sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Un reconocimiento en el que esta ( Leer más…)

El gobierno de Santos anda enredado con el proceso de restitución de tierras.   Como lo escribimos en marzo pasado, toda la algarabía oficial sobre entrega de predios a campesinos, presentada como el summun de la reparación de las víctimas, se basaba hasta entonces en cifras hábilmente manejadas, en su inmensa mayoría simple titulación de baldíos.   Para agosto Santos reconocía que hasta entonces no había un solo proceso fallado a favor de los despojados, en virtud de la Ley ( Leer más…)

Tras el encuentro de esta semana en Oslo, el Congreso radicará casi de inmediato los primeros proyectos reglamentarios del “Marco Jurídico para la Paz” e iniciará el conteo regresivo -de 4 años que otorga la enmienda constitucional- para regular la materia y alcanzar la paz negociada. Significa que, finalmente, esta sociedad definirá el tipo de Justicia Transicional que aplicará a las Farc, después de la experiencia con el paramilitarismo. Más vale que hayamos aprendido, porque replicar el esquema de “Justicia ( Leer más…)

La Constitución de 1991, si bien no fue lo suficientemente clara en fijar el alcance del tratamiento dispuesto para los antiguos resguardos y gobernaciones existentes desde la época colonial para las etnias aborígenes, en ninguna parte les concedió una autonomía total como la que hoy reclaman dentro de la Nación colombiana. Sin duda se requería incorporar las etnias minoritarias -indígenas y negritudes olvidadas- a la patria común. Pero en forma alguna, crear pequeñas regiones como repúblicas independientes con legislación autónoma. ( Leer más…)

El alcalde debería recordar que los funcionarios no pueden utilizar la autoridad de que están investidos para hacer valer sus ideas y convicciones personales por encima de la ley. Entre los problemas de Bogotá, que deben solucionar sus autoridades, no figuran las corridas de toros, porque no perturban el orden público ni la convivencia ciudadana, tampoco las condiciones y calidad de vida de sus habitantes. Por el contrario, animan social y económicamente la capital. Además, no violan el ordenamiento jurídico. ( Leer más…)

Al oído del señor Procurador: La nueva narconovela de Caracol, Pablo, el patrón del mal, viene "enriqueciendo" a nuestros niños y jóvenes con unas escenas muy "edificantes". Voy a referirme a algunas de ellas: A Pablo en el barrio con las "damas de compañía", como se les dice hoy en día". Al primo de Pablo contratando al hermanito de la dama de compañía, un peligroso sicario, para que apuñale y mate a alguien que los denunció por la comisión de ( Leer más…)

Lo que está sucediendo con el ex personero Rojas Birry es una muestra más de las dificultades que plantea la jurisdicción indígena. En esta misma columna habíamos debatido en torno a esta institución jurídica cuando, por las denuncias de las mujeres indígenas del norte del Cauca, el país conoció el caso de un indígena que violó a sus tres hijas y fue condenado a 5 años de trabajos comunitarios por la autoridad del cabildo. El sentimiento de injusticia que en ( Leer más…)

Con el ánimo de contribuir al debate actual sobre el proyecto que impulsa el gobierno de Santos en el Congreso sobre un “marco jurídico para la paz”, quiero reproducir dos artículos que escribí y publiqué hace exactamente un año –en mayo de 2011- en torno a la declaración de que en Colombia existe un “conflicto armado interno” efectuada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Las siguientes reflexiones colocan lo dicho allí en el contexto de la discusión ( Leer más…)

La Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, ha sido uno de los estatutos  más discutidos en la historia legislativa colombiana. En una charla que di hace algún tiempo, la puse como ejemplo de las limitaciones que hoy pesan sobre la soberanía estatal, pues para adoptarla fue necesario buscar consensos por todas partes. Había que superar, en efecto, las reticencias y observaciones de los congresistas, los partidos políticos, la Iglesia, los periodistas, los gremios, las ( Leer más…)

La Constitución no debe ser un texto escrito en piedra, pero hay cambios que no es aconsejable introducirle a la Carta Política. Me refiero al proyecto de acto legislativo que ampliaría la lista de objetivos del Banco de la República, consignada en el artículo 371, para que el Emisor propenda también por el pleno empleo y el crecimiento del sector productivo del país. El principal argumento sería que en el pasado reciente nuestro Banco Central ha hundido a diversos sectores ( Leer más…)

La señales sobre cómo y de qué manera se aplicará la ley de tierras son cada vez más preocupantes; el Alto Consejero para la Restitución de Tierras es Lucho Garzón, cuyo vínculo con el sector es nulo, pero representa la izquierda. El nuevo director del Incoder, de esa misma línea política, viene de una ideología que sataniza y maltrata a los dueños de tierra. Así que es posible intuir que el gobierno se está abocando hacia una reforma agraria como ( Leer más…)

Una cumbre bicentenaria de un momento constitucional iberoamericano con atención exclusiva en la carta gaditana estaría despreciando lo que ocurrió en América. Las deliberaciones se iniciaron en la ciudad de Antioquia, a fines de diciembre de 1811, y de allí se trasladaron pronto a Rionegro. El 11 de marzo, el Serenísimo Colegio Electoral aprobó el texto de la Constitución del Estado de Antioquia, aunque su sanción y firma tuvieron que esperar hasta el 21 de marzo de 1812. Dos días ( Leer más…)