José Manuel Restrepo Abondano
 
El Nuevo Siglo, junio 23 de 2011
 
"Es frecuente ahora oír o leer de testigos comprados”
 
CON muchos de los hechos que han aparecido recientemente, y con un “deja vu” no deseado, parece que estamos retrocediendo a pasos avanzados en la aplicación de la justicia en Colombia. O de pronto, diciéndolo distinto, da la impresión de que la majestad de la justicia se ha ido deteriorando cada vez más.
 
Es frecuente ahora oír o leer de testigos comprados, del negocio en que se ha convertido para muchos el “principio de oportunidad”, de acusaciones que van y vienen de un lado a otro sin ningún sustento, de extrañas desapariciones de testigos, de víctimas que no se atreven a decir quiénes son los responsables por el temor al poder que enfrentan, de jueces que deciden casi que en contravía al sentido común, de delitos de grupos terroristas (Farc) vinculados a la política que quedarán impunes por formalismos o de decisiones judiciales cuestionadas en las pruebas aportadas. En fin, de volver a las épocas en las que el narcotráfico tenía cooptada a la justicia en Colombia, con la diferencia de que ahora es una “nueva mano negra” de intrigas y oscuros poderes la que parece apropiarse de la justicia.
 
El más reciente caso que deja el sinsabor de que se ha tocado fondo, es el aparente exabrupto en la condena al coronel Alfonso Plazas Vega. Todos nos creímos la historia de su participación en la desaparición forzada y tortura de personas que salieron del Palacio de Justicia. Lo que empezamos a descubrir ahora, que fue lo mismo que él siempre dijo y su señora también, es que apareció el famoso único testigo estrella de dicho caso, que nunca fue al juicio, y quien le aseguró a un periodista investigativo de Periodismo sin fronteras y se presentó ante el Procurador, para decir que todo lo que se utilizó como argumento en el juicio, era falso.
 
Lo triste del caso, es que de ser cierto lo anterior, nuestro sistema judicial habrá cometido el peor de los actos, que es atentar contra la honra, vida, salud y reputación de una persona.
 
Este hecho no puede pasar impune si se trata de que en Colombia exista justicia. Sea como sea el caso debe reabrirse, y es urgente que de confirmarse todo lo anterior, la fiscal encargada del caso sea investigada y sancionada. Si queremos que en Colombia la justicia opere debemos ser conscientes de que los jueces no pueden abusar de la forma como se estima pudo haber pasado. Si la sal se corrompe con qué la salarán, decía la sentencia evangélica y este es un caso que aparentemente se parece.
 
Coincido con el Vicepresidente de la República cuando llama la atención del peor trato que reciben los militares cuando “cometen errores” en comparación con el trato a los terroristas, y sugiere un debate sobre el asunto, sabiendo que hemos vivido momentos muy difíciles en el país. Pero lo que no puede ser aceptable es que además condenemos injustamente a quienes nos han servido con valentía y coraje.
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