Por cuenta de las disputas entre Santos y Uribe, cada día se habla más del ambiente de polarización.

Sin embargo, vale la pena señalar que nuestro país padece una enfermedad más grave que la mera polarización política. Se trata de una patología que silenciosamente nos conduce desde hace ya algunos lustros por el camino del debilitamiento y la autodestrucción de los mecanismos institucionales para resolver los problemas más complejos de nuestra sociedad. Pensarán que exagero. Sin embargo, basta revisar con algo de atención una serie de asuntos, que analizados en sus justas proporciones son de una gravedad suprema, a pesar de que mirados a través del prisma de nuestra incapacidad de asombro son apenas un titular más del periódico de ayer.

Empecemos por decir que preocupa seriamente el debilitamiento del Congreso. Hoy es innegable que la institución de mayor representatividad del pueblo colombiano está desprestigiada como nunca. Se encuentra sometida a los designios del Ejecutivo de turno y a la paranoia de una aparente persecución de la justicia. Su propio poder político resulta insuficiente para enderezar su rumbo y la sociedad ha dejado de comprender la importancia de su papel en la democracia. La Rama Judicial, también plagada de dificultades, escándalos y limitaciones, no puede estar de acuerdo ni consigo misma para argumentar posiciones relevantes en el debate por medio del cual se intenta su reforma. Se retira de las discusiones, cambia constantemente de opinión y niega una situación que cada día es más evidente: los colombianos desconfían por igual de los políticos y de los jueces. Algunos de nuestros formadores de opinión y un buen porcentaje de la clase política que nos gobierna tienen agenda propia, y no dudan en utilizar las instituciones como instrumentos de su lucha. Basta darse una vuelta por los pueblos y ciudades de Colombia para verificar en qué medida los organismos de control sirven a causas políticas, las administraciones territoriales son las financiadoras de campañas electorales y los contratistas del Estado son quienes determinan las prioridades en la agenda pública.

No hace falta profundizar en la realidad de nuestros partidos, hoy simples máquinas electorales que olvidaron la política como instrumento para gobernar en virtud de unas ideas. Sólo pocos medios de comunicación actúan con responsabilidad sobre sus contenidos, en una sociedad en la cual hace varios años los niños pasan más tiempo frente a sus televisores que conversando con sus padres.

Todo esto lo pone a uno a pensar que la mayor dificultad para gobernar a Colombia hoy no es la amenaza que se plantea desde la ilegalidad o el terrorismo, sino la resistencia que el mismo Estado pone a quien trata de impulsar y movilizar las instituciones hacia el cumplimiento de sus objetivos y la superación de las dificultades sociales, económicas, políticas e institucionales.

Habrá que buscar un acuerdo sobre lo fundamental en el marco de una verdadera unidad nacional, que nos permita analizar lo que sucede y repensar la conducta de las instituciones y la manera de enderezar un rumbo al que nos conduce la irracionalidad de un comportamiento irresponsable que, a pesar de la gravedad, no repara en sus propias consecuencias.