1.     Ecuador: el juez que no obedece al Gobierno es destituido

2.     Marco de impunidad en Colombia

3.     Marco para la paz: otro salto al vacío

4.     Santos dice que arremeterá contra las “madrigueras” de los terroristas

5.     Sigifredo López y la moral

6.     Santoyo está dispuesto a ir a la justicia

7.     Uribe aclara su relación con General (r) Santoyo

8.     Estoy asombrado

9.     Venezuela: La burla de la habilitación legislativa

10.   “Si Colombia quiere conocer la verdad no lo logrará con comisiones mixtas”: Diego Arria

Ecuador: el juez que no obedece al Gobierno es destituido

El Universo, Guayaquil

http://www.eluniverso.com/2012/06/18/1/1355/somos-ejemplo-quien-obedece-destituido-mas-actue-derecho.html

18 de junio de 2012

Luis Fernández, ex juez del Quinto Tribunal de Garantías Penales, fue destituido por absolver al Coronel César Carrión. El dijo: “Somos el ejemplo: Quien no obedece es destituido por más que actúe en derecho”.

El presidente Rafael Correa sostuvo el sábado pasado que los jueces se amedrentaron y declararon inocente al coronel César Carrión del delito de intento de magnicidio tras la sublevación del 30 de septiembre del 2010. Hace dos semanas fue reintegrado a la Policía. Uno de los jueces que lo absolvieron dice que lo sacaron de la Función Judicial por ese caso y que la presión política fue notoria. Luis Fernández participó la semana pasada en un taller sobre salidas alternativas en el sistema judicial, y en ese marco se quejó de las contradicciones.

Usted dice que ya se dio el reintegro de Carrión a la Policía, pero que los jueces de ese caso siguen fuera.

Bueno, a la ciudadanía en general le consta que nosotros fuimos destituidos por el único hecho de haber declarado, de conformidad con la ley, la inocencia del coronel Carrión. Hemos sido destituidos, ha sido una persecución porque no les gustó el fallo.

¿Qué van a hacer frente a esa destitución?

A la decisión del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) hemos presentado ampliación y aclaración... en la resolución se dice que se nos destituye por no haber ordenado un juicio; es decir, para que sean enjuiciados otra vez por otro delito... Sobre los mismos hechos que presentó el fiscal declaramos la inocencia. ¿Dónde queda el principio de no (juzgar) dos veces sobre un mismo hecho?

¿Cuál era el delito que a ustedes les presentó el fiscal?

Tentativa de magnicidio al presidente de la República y de toda la prueba no se logró establecer tal tentativa.

¿Y qué otro delito se pedía que ustedes juzgaren?

No hemos descubierto un nuevo delito... Se apeló la sentencia que dictamos (junto a Hugo Sierra y Jaqueline Pachacama, también separados), pero la Corte Provincial ratificó la sentencia en relación a Carrión y la revocó a tres procesados más. Lo mismo pasó en la Corte Nacional. Quedó ratificada.

¿Hubo presión política?

Las amenazas que se dieron por parte del ministro (de Justicia) de ese tiempo al tribunal son públicas. Hemos sufrido una persecución que a mí me obligó a renunciar y después de que mi renuncia fue aceptada (por el CJT) continúa esa persecución hasta lograr la destitución.

¿Por qué renunció?

La persecución era muy grave solo por haber administrado justicia de conformidad con la ley. Quiero recordarle, que a mí y a mis compañeros no nos han sacado por ser jueces Chucky Seven, por ser jueces golondrinas o estar al servicio de equis persona. Nos han sacado porque esa sentencia no le ha gustado al poder.

¿Cabía la destitución si ya había renunciado?

No. En un Estado de derecho en el que se respete la ley, no cabría tal asunto.

¿Y si no se resuelve su caso por la vía administrativa?

A mí me han causado un irreparable daño moral. Agotaré instancias nacionales para concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El capricho de una persona no puede estar por encima de los demás.

¿Cómo está el ambiente en la Judicatura intervenida?

Nosotros hemos sido el ejemplo: quien no obedece es destituido por más que actúe en derecho. Dentro de los compañeros se vive en pánico.

¿Qué opina del CJT?

No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

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Marco de impunidad

Por Rafael Nieto Loaiza

El Colombiano, Medellín

17 de junio de 2012

La aprobación en último debate del "marco jurídico para la paz" y las inclusiones finales que se le hicieron exigen unas nuevas reflexiones. Como los textos aprobados en Senado y Cámara son diferentes, el martes tendrá lugar la conciliación definitiva.

Sé bien que lo que acá se escriba no tendrá ningún impacto en el ánimo de los parlamentarios (en verdad los columnistas no ejercemos influencia alguna y menos en los congresistas), pero la gravedad de lo que será aprobado exige al menos dejar una constancia.

Sea primero decir que pasó lo esperado: la reforma permitirá que asesinos, secuestradores, violadores y narcotraficantes miembros de las guerrillas puedan ser elegidos a cargos de elección popular. El Gobierno volvió a meter, por la puerta de atrás, un artículo que permite la elección popular de guerrilleros condenados por delitos atroces.

En este país desmemoriado hay que recordar que una norma con diferente redacción pero el mismo efecto había sido retirada de la discusión en el Congreso, cuando un grupo de los policías y militares secuestrados fue asesinado a sangre fría por las Farc.

Pero el retiro de entonces fue una jugada táctica para que, anestesiados como vivimos y lejanísimo ya el recuerdo de los muertos, ahora se volviera a abrir la puerta a que Timochenko y compañía puedan ser tratados como, por ejemplo, honorables padres de la patria.

La cosa se hizo por vía de entregarle a una ley estatutaria la posibilidad de definir "los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política". La única restricción estará en que los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no podrán ser considerados conexos siempre que se hayan "cometido de manera sistemática".

Pareciera una precisión innecesaria, porque por definición el crimen de lesa humanidad requiere un "ataque generalizado o sistemático contra la población civil". Pero en realidad no es gratuita: la explícita restricción de que haya sistematicidad beneficia de entrada a todos los asesinos, secuestradores y violadores "ocasionales". Si eso no fuera mucho, desde ya es posible imaginar a todos los jueces que sostendrán que el delito cometido con "fines altruistas" no es nunca un crimen de lesa humanidad y a todos los congresistas que en la ley estatutaria fijarán unos criterios para definir la "sistematicidad" que permitirán que prácticamente ningún guerrillero quede excluido de los beneficios.

No menos importante es resaltar lo que la norma dice tácitamente cuando establece que sólo los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no podrán ser considerados conexos con los delitos políticos. Eso significa que los guerrilleros responsables de crímenes de guerra y de delitos atroces que no constituyan crímenes de lesa humanidad sí podrán ser elegidos, y que también podrán serlo los terroristas y los narcotraficantes porque el terrorismo y el narcotráfico no son crímenes de lesa humanidad.

Si eso no bastara para asquearse, habría que agregar que el marco permite que sólo "los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática" sean investigados. Es decir, que no serán investigados esos criminales si no caen en la categoría de "máximos responsables". Y remata con la perlita que de aun a los "máximos responsables" de estos crímenes, los más abominables que puedan ser concebidos, les sea suspendida la pena, de manera que aun condenados podrán disfrutar de su libertad sin restricción alguna.

En fin, el senador Roy Barreras, ponente de este engendro, se llevará las palmas de los caraduras. No tuvo reparo en afirmar, sin sonrojarse, que el marco "no es un instrumento de impunidad, no le rebaja un día de cárcel a nadie, ni le regala beneficios a nadie". Creerá que somos todos unos p? Pensándolo bien, quizás tenga razón.

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Marco para la paz: otro salto al vacío

El Colombiano, Medellín

Editorial

17 de junio de  2012

No por madrugar más, amanece más temprano, dice el refranero. Y eso es lo que sucederá con el llamado Marco Jurídico para la Paz que el Congreso aprobó el pasado jueves. El Gobierno recibió en bandeja los "instrumentos" necesarios para adelantar futuras negociaciones de paz con los grupos armados ilegales.

Pero no una negociación cualquiera, sino la que necesitaba el Jefe de Estado para sacar las llaves del bolsillo y mostrarlas, previo agite de manos, como apetitosa carnada para que las guerrillas piensen en serio en sentarse a manteles con el Gobierno para hablar de paz.

No es esta ley el comienzo de ningún proceso de paz, porque para bailar se necesitan dos, pero sí es la apertura de compuertas para que la guerrilla intensifique su accionar violento y su política terrorista, sabiendo que más adelante podrá negociar en ventajosa posición, gracias al Marco Jurídico para la Paz.

La elegibilidad de responsables de delitos atroces no sólo aumentará los niveles de impunidad, sino que el país podrá ver comprometida su institucionalidad y, por añadidura, enfrentada a la Justicia Internacional, llámese CPI.

No valieron las advertencias ni las recomendaciones para evitar que el Gobierno y el Legislativo pusieran los diques de protección del Derecho Internacional Humanitario, fundamento esencial de cualquier negociación de paz. Ojalá no vuelvan a soplar los vientos del Caguán.

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Santos dice que arremeterá contra “madrigueras” de terroristas

Radio Santafé, Bogotá

16 de junio de 2012

El Presidente Juan Manuel Santos solicitó este sábado a la Fuerza Pública seguir atacando a los terroristas hasta sacarlos de sus madrigueras. En el Acuerdo para la Prosperidad número 74, en Buga (Valle del Cauca), el Presidente recordó que esta semana se activaron tres brigadas y cuatro batallones adicionales, con 1.300 hombres, que se enviaron a las zonas más complicadas del país en materia de orden público. “La misión es continuar pegándoles a estos grupos donde más les duele (…)”, en sus madrigueras, en los sitios donde han dominado durante los últimas 48 años”, manifestó.

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Sigifredo López y la moral

Por Ricardo Puentes Melo

Periodismo sin Fronteras, Bogotá

17 de junio de 2012

 Un asunto muy interesante que se está tratando dentro del proceso mediático para salvar a Sigifredo López Tobón de la cárcel, es el tema de la moral. Los diarios, revistas y telenoticieros nos han vendido la idea de un Sigifredo que sufre la injusticia de este sistema gracias a que –eso dicen los medios- el hombre es poco menos que un adalid de la moral, un defensor del humilde, un mártir de la democracia.

En todas las biografías cortas de Sigifredo López Tobón he visto el esfuerzo por presentarlo como un político desinteresado que amó con entrañable sentimiento a sus compañeros de la Asamblea del Valle, y que hubiera dado la vida por ellos de ser necesario. Hasta el mismo ex diputado lo ha dicho en todas la oportunidades, con la voz trémula y dolorida.

Nos dicen sus biógrafos –pagados o no- que Sigifredo era hijo de unos humildes colombianos que sufrieron la violencia en carne propia. Nos cuentan que quedó huérfano de padre cuando contaba apenas 9 meses de edad y que su señora madre, doña Nelly Tobón, pasó muchas penurias para sacar adelante al muchachito, allá en Pradera (Valle), donde los padres del futuro abogado y diputado liberal tenían una prendería; la misma donde asesinaron de varios tiros a Guillermo López, dejando viuda a doña Nelly y huérfano a Sigifredo.

Está bien que intenten mostrarnos a Sigifredo como víctima. Pero lo que está mal es que no nos cuenten la historia completa. ¿Se han preguntado por qué razón casi nadie habla largo sobre Guillermo López, el padre de Sigifredo..?

Yo les diré por qué.

Nuestras fuentes en Pradera nos llegaron con algo que desconocíamos: Guillermo López fue miembro de las guerrillas comunistas que posteriormente se llamarían FARC. Amnistiado luego de la creación del Frente Nacional, le dan un dinero con el cual monta la primera prendería en Pradera, Valle (región que desde entonces ha estado bajo influencia guerrillera), a donde se muda con su esposa y donde han vivido siempre varios tíos de Sigifredo, vinculados con las FARC.

El asunto es que estando allí en Pradera, unos sujetos entran a la prendería de la familia López Tobón y asesinan a balazos a Guillermo. Nunca nadie supo la razón del crimen. Pudo haber sido por robo; pudo haber sido venganza de sus compañeros de la guerrilla por haberse amnistiado.. Pero la verdad es que nadie puede asegurar nada al respecto. Era junio o julio de 1964 y Sigifredo contaba apenas nueve meses de nacido. Dicen que un par de balas quedaron incrustadas en su cuna, pero esto también pertenece al terreno de la mitología. Lo único claro es que los biógrafos de Sigifredo quieren dar a entender que los asesinos de Guillermo fueron los conservadores.

Luego de esto, la viuda se muda con su hijo a Florida, Valle (también con clara influencia guerrillera), donde Sigifredo –ya adolescente- se dedica a trabajar como repartidor de un periódico comunista.  Pronto se destaca como líder en Pradera, pueblo con notable influencia de las FARC –como ya se dijo-, y uno tiene el legítimo derecho a preguntarse cómo fue posible que Sigifredo, si no era amigo de la guerrilla, se convirtiera en ese notable líder, en concejal del pueblo, alcalde y diputado con los votos de una región –lo repito- de influencia guerrillera.

Todos sabemos lo que las FARC les hacen a los políticos que quieran surgir en sus regiones sin contar con su simpatía o complicidad. No es secreto de Estado que antes del gobierno de Álvaro Uribe, las FARC ponían y quitaban políticos en muchas regiones del país, como Pradera, Valle, cuna de Sigifredo, el hijo del Guillermo, el guerrillero comunista. No es secreto tampoco que Sigifredo López sea defensor de vieja data de un eventual despeje de Pradera y Florida para que las FARC se muevan a sus anchas.

Y tampoco es oculto que Sigifredo y su familia han tenido extensas propiedades en Bolo Azul, un corregimiento de Pradera lleno de guerrilleros que, en 2005, Ernesto Samper propuso para ser escenario de diálogos con la guerrilla. Allí en Bolo Azul han sido célebres los campamentos de las FARC bajo la mirada cómplice de los mandatarios de Pradera, incluyendo a Sigifredo, quien siendo alcalde pasaba allá la mayoría de fines de semana. Mi pregunta es: si Sigifredo no era amigo de la guerrilla, ¿cómo hizo para no ser secuestrado o violentado por las FARC mientras pasaba sus descansos en ese santuario de las FARC?

¿Qué tiene de especial Bolo Azul para ser tan protegido y atesorado por las FARC?  Pues que es un corredor estratégico de y hacia Herrera y Chaparral (Tolima) y Corinto y Santo Domingo en el Cauca, donde las narcoguerrillas se mueven a sus anchas llevando y trayendo armas, droga y secuestrados. Hay quienes aseguran que, durante el “secuestro” de Sigifredo, él iba frecuentemente a sus tierras en Bolo Azul. Y con las acusaciones que le hace la Fiscalía, nada de extraño sería esto.

De público conocimiento es también, según nuestras fuentes en Pradera, que varios familiares cercanos de Sigifredo son guerrilleros. Todos lo saben por allá pero nadie lo aseguraría públicamente, por obvias razones. Muchos habitantes de Pradera están aburridos con el tema de Sigifredo López y la guerrilla. La mayoría de paisanos de Sigifredo quisieran contar lo que saben pero tienen temor de las represalias de López y sus amigos.

Y hay que entenderlos. Con la revitalización de las FARC en este gobierno, sus temores son bien fundados.

Así que, ésta es la historia no contada sobre Sigifredo López. Por ello, producen risa sus afirmaciones de que “Yo vine a conocer guerrilleros en el secuestro” (Declaración ante la Fiscalía Especializada 38, en mayo 18 de 2012. Página 15). Como sospechas producen, además, las fuentes de financiación de su campaña a la Alcaldía de Cali, poco después de ser liberado unilateralmente por las FARC. ¿De dónde sacó los multimillonarios fondos para pagar su campaña política si supuestamente salió empobrecido del secuestro..? Tal vez nunca lo sabremos.

Y, hablando de misterios, Sigifredo López dice también, para defenderse, que las acusaciones en contra suya, que lo señalan como guerrillero, proceden de Gustavo Muñoz Roa y asegura que no son más que un burdo montaje del director de la Fundación Nueva Esperanza. Pero los hechos son los hechos. Y cuando se observa quiénes son los defensores de Sigifredo (Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Colombianos por la paz, Samper, Revista Semana, El Espectador y demás) algunos analistas inclinan sus opiniones a favor de la tesis de la Fiscalía respecto a que Sigifredo ayudó a las FARC a secuestrar a sus once compañeros diputados, y que posteriormente fue cómplice de esa masacre infame para que no contaran al mundo la verdad sobre la participación suya en ese horrendo plagio.

Se sienten escalofríos de solo pensar en que Sigifredo López haya sido capaz de semejante acto de maldad. Pero, conociendo como conozco las verdades y morales de muchos políticos, no me extraña para nada que un liberal comunista tuviera estos alcances.  Ellos no tienen reparos éticos ni respeto por la vida humana. Pero sólo el tiempo nos lo dirá.

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Santoyo está dispuesto a ir a la justicia

Por Daniel Rivera Marín

El Colombiano, Medellín

19 de junio de 2012

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aclaró ayer por medio de un comunicado su relación con el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, con quien se encontró, según dijo, por decisiones que fueron ajenas a sus cargos como Gobernador de Antioquia y como Presidente de la República.

Uribe manifestó que se formó "la mejor opinión" del "desempeño de las responsabilidades" que le conoció a Santoyo, aunque dejó claro su rechazo, "con dolor e indignación", si el general, el otrora encargado de su seguridad como Presidente, hubiera faltado a la ley. Por su parte, el director Nacional de la Policía, general José Roberto León Riaño , le salió al paso a la solicitud del jurado investigador que acusó a Mauricio Santoyo Velasco, de asociación ilícita con narcotraficantes y de recibir sobornos a cambio de ayudar a las organizaciones de la droga que debía combatir.

León Riaño afirmó que Santoyo debe presentarse ante las autoridades y aclarar su situación, y dejó claro que "tan pronto recibamos una solicitud formal, de manera transparente, ofreceremos toda la colaboración". Así mismo, el acusado declaró por medio de un comunicado: "He sido enterado a través de los medios de comunicación de la acusación que se adelanta en mi contra. Mal podría referirme a la misma hasta tanto no conozca el documento en cuestión. Sin embargo, es procedente decir que siempre he estado y estaré a disposición de las autoridades pertinentes para aclarar cualquier sindicación que se me haga".

Según el jurado investigador de la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, el general de la Policía Mauricio Santoyo Velasco habría recibido sobornos a cambio de dar información de inteligencia a las principales bandas del narcotráfico sobre las indagaciones de autoridades estadounidenses, británicas y colombianas. No obstante, Santoyo afirmó: "Serví a Colombia por más de treinta años como oficial en la Policía Nacional y tengo la tranquilidad de poder responder cualquier inquietud sobre mi proceder." Pese a las acusaciones, aún no hay una orden de captura con fines de extradición contra el general, dijo un funcionario de la Fiscalía a la agencia AP.

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Uribe aclara su relación con General (r) Santoyo

El Colombiano, Medellín

19 de junio de 2012

Comunicado del ex presidente Uribe sobre el caso Santoyo

1. Fui Gobernador de Antioquia durante los años 1995, 1996 y 1997. Conocí al entonces Mayor Santoyo como integrante del Grupo Antisecuestro de la Policía Nacional. En Colombia, El Gobierno Nacional asigna territorio a los integrantes de las Fuerzas Armadas, incluida la policía, nunca los gobernadores. Jamás intercedí ante el Gobierno Nacional sobre nombramientos de autoridades militares o de policía en Antioquia.

2. Volví a verlo, ya como Coronel, en 2002, era yo candidato a la Presidencia de la República, y con motivo de atentados, que sufrí de parte del terrorismo, la policía, autónomamente, lo designó para atender la seguridad de la campaña.

3. Al asumir la Presidencia, en agosto de 2002, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional lo asignaron para dirigir la seguridad de la Presidencia, y en 2005 lo removieron del cargo, sin intervención mía alguna en su designación ni en la de su sucesor, quien me acompañó hasta agosto de 2010.

4. La Jurisdicción Contenciosa suspendió en su favor una destitución de la Procuraduría por presuntas interceptaciones de llamadas telefónicas, anteriores a mi ejercicio presidencial, y posteriores a mi período como Gobernador de Antioquia.

5. Siempre respeté la autonomía del Ministerio de Defensa y del Senado para el ascenso de generales. Nunca intrigué en favor o en contra de persona alguna. Expedí el decreto de ascenso a General una vez el Senado aprobó la postulación del Ministerio de Defensa, sin interferencia de mi parte.

6. Me formé la mejor opinión en el desempeño de las responsabilidades que conocí.

7. El General Santoyo renunció a la Policía antes de terminar mi Gobierno. En ese momento recibí un único informe, extraoficial, de que un ex integrante de la Policía lo acusaba en los E.U.

8. Yo rechazo, con dolor e indignación, cualquier conducta delictiva en que, de acuerdo con decisiones judiciales que están en proceso, hubiera incurrido el General Santoyo.

9. Mi tarea contra el narcotráfico se sintetiza en cerca de 1.200 extraditados, más de 15.000 bienes ilegales intervenidos en los últimos 3 años de mi Gobierno, la disminución substancial de los cultivos ilícitos, etc. Apoyé de corazón a las Fuerzas Armadas y nunca dudé en separar del cargo a aquellos integrantes responsables de faltas administrativas o penales.

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Estoy asombrado

Por Miguel Posada *

Verdad Colombia, Bogotá

http://www.verdadcolombia.org/Paginas/general.php?modulo=EDI&id=61

17 de junio de 2012

En estos días no salgo de mi asombro. Me parece insólito estar de acuerdo con los chiflados del continente: Huguito, Evito, Rafita y Danielito; es decir, con todo el ALBA. Estos quieren acabar con el sistema interamericano de derechos humanos. Y nosotros estamos de acuerdo con acabarlo. Lo hemos propuesto desde hace tiempo. En nuestro caso, porque el sistema se volvió un esquiladero de los dineros de los colombianos. Los fallos a favor de víctimas falsas, o por lo menos, víctimas de asesinos ajenos al Estado, se van acercando a los 250 millones de dólares. De esta enorme suma, solo unas gotas llegan a las supuestas víctimas. Ciertas ONG se quedan con la “tajada del león”: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cejil  y otras pocas más. Los fallos son tan absurdos y sesgados que nos dan derecho a sospechar, que algo queda en manos de los “operadores” del sistema. Hemos sostenido que el gobierno de Colombia debe sustraerse de la jurisdicción de la Corte Interamericana porque tiene el elemental deber de defender los pesitos de los contribuyentes, que bastante falta hacen para tantas cosas.

Las razones para hundir el sistema que invocan los chifladitos son diferentes a las que adelantamos nosotros, por supuesto. En el caso de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, la comisión Interamericana  ha tenido la osadía de cuestionar los gobiernos del Socialismo del siglo XXI, siempre tan respetuosos de todos los derechos, salvo el de la libertad de prensa (libre expresión), el derecho al debido proceso y a un juicio oportuno y justo, y otra docena de derechos fundamentales. ¡Casi nada!

Si el ataque del ALBA acaba el sistema, así su motivación sea vergonzosa, Colombia se quita de encima una fuente de injusticias y oprobiosas sentencias, cuyo sesgo ha sido inocultable. El sistema, además de adjudicar indemnizaciones indebidas, ha fracasado en la defensa de los derechos humanos de víctimas verdaderas. Recordemos que la Corte consideró que los líderes negros del Chocó, Moya y Blandón, no ameritaban medidas cautelares. Cuando la decisión se conoció, estos dos valientes defensores de sus comunidades ya habían sido asesinados por las FARC.

Es cierto, y eso hay que reconocerlo, que Colombia siempre se ha defendido mal  en la Corte. Los abogados a quienes la Cancillería ha encargado la defensa, y que reciben jugosos honorarios, no piden las pruebas necesarias y presentan argumentaciones propias de estudiantes de segundo año de derecho. Ni siquiera protestan cuando la Corte se sale de su competencia y se mete en casos que corresponden al Derecho Internacional Humanitario, y no de Derechos Humanos, que es su ámbito establecido según el tratado de Costa Rica.  Es tan escandalosa la desidia de la Cancillería, y de los abogados que se supone nos defiendan, que lleva a algunos expertos a sospechar que puede haber colusión entre los funcionarios del Estado, las ONG, los abogados y la Corte misma. ¡Es que la plata es mucha! También, por supuesto, puede tratarse de afinidad ideológica entre estos actores. El Presidente de la Corte, por ejemplo, el peruano  Diego García- Sayán, es a la vez Presidente de la ONG Comisión Andina de Juristas, de clara inclinación de izquierda.

¿Cómo se explica entonces que los del ALBA estén molestos? No se ha fallado nada significativo en contra de esos países, pero la Comisión no podía hacerse la de la “vista gorda” ante los flagrantes ataques a la libertad de prensa que han producido sus gobiernos. Pero los chifladitos se sienten intocables y juzgan que cualquier crítica es una traición.

Puede ser que los del ALBA, enemigos por razones ideológicas de la democracia colombiana, nos salven de las garras de esa Comisión y esa Corte. Tal vez logren aquello que por cobardía inexplicable, sucesivos gobiernos de Colombia no fueron capaces de hacer: acabar con un desangre injustificado de los escasos recursos de un país lleno de necesidades.

Nunca pensamos que diríamos, como porristas: ¡Dale Hugo, dale!

*Director de la Ong Verdad Colombia.

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Venezuela: La burla de la habilitación legislativa

Revista Analítica, Caracas

Editorial

www.analitica.com

editor@analitica.com

18 de junio de 2012

En nuestro país  ya no hay un estado de derecho sino una autocracia desenfrenada que hace lo que se le antoja con la silente y activa sumisión de todos los poderes del Estado

El presidente Chávez fue habilitado por un lapso de 18 meses, teóricamente, para legislar de manera expedita en vista de la urgencia surgida con motivo de las inundaciones de hace dos años. Sin embargo la mayoría de los decretos leyes surgidos de Miraflores no fueron precisamente para resolver las consecuencias del desastre natural sino para acelerar, de manera inconstitucional, el camino hacia el presunto socialismo del siglo XXI.

Como es posible quedarse callados ante violaciones flagrantes de la Constitución  como han sido modificar leyes orgánicas mediante decretos leyes. Entre estas merecen ser destacadas, no solo por violar la Carta Magna sino por la intrínseca perversidad como han sido elaboradas,  la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) y la Reforma al Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

En nuestro país  ya no hay un estado de derecho sino una autocracia desenfrenada que hace lo que se le antoja con la silente y activa sumisión de todos los poderes del estado.  Por eso es que estamos sumidos en este caos de violencia incontrolable, de corrupción administrativa expansiva, de ineptitud gubernamental, de descuido y abandono de nuestra soberanía territorial.

Para que en Venezuela se recupere la sindéresis y se restablezca un orden jurídico responsable, es necesario lograr el 7 de octubre una  victoria electoral  amplia de la alternativa democrática. No  cabe la menor duda que el proyecto esquizofrénico que presentó Chávez acabará destruyendo lo que queda de  un país que en estos 14 años ha sido demolido pasa a paso.

Nadie que compare lo que ha ocurrido en Venezuela con lo que se ha realizado en el resto de América Latina, con la excepción de Cuba, podrá negar el retroceso de nuestro país. Somos los que tenemos el más alto nivel de inflación de la región. Somos el más inseguro. Tenemos la moneda que más se devalúa. Estamos colocados entre los países más corruptos del planeta, con los índices más bajos de productividad y con los peores servicios públicos.

Este desorden se puede revertir si votamos por un gobierno de inclusión social honesto y efectivo. Por ello hay que salir a votar masivamente el 7O.

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“Si Colombia quiere conocer la verdad no lo logrará con comisiones mixtas”: Diego Arria

6topoder Noticias, Caracas

http://www.6topoder.com/2012/06/15/diego-arria-sobre-detencion-de-colombianos-jamas-se-nos-habia-denunciado-por-delitos-de-tortura/

15 de junio de 2012

Diego Arria fue entrevistado por el canal de televisión colombiano, NTN24, sobre  las denuncias públicas de  siete ciudadanos de esa nación, quienes aseguran haber sido secuestrados en la frontera y luego torturados por efectivos del Ejército venezolano  en Fuerte Tiuna. Incluso denunciaron haber sido interrogados hasta por el propio ministro de la Defensa, General Henry Rangel Silva.

Arria declaró que como venezolano se sentiría profundamente avergonzado si  semejante denuncia fuese comprobada, pero que dada su naturaleza, el gobierno no debe dejar de hacerle frente. “Si es falsa denunciarla y si es correcta penalizar a los culpables, y no esperar  a que el gobierno colombiano haga sus propias investigaciones”. El ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU recordó que la tortura es un delito considerado por la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes vigente desde 1987. Explicó que este acuerdo fue la base que utilizó el Juez Baltasar Garzón para lograr un auto de detención del General Augusto Pinochet cuando se encontraba de visita en Londres.

Arria comentó que “estos hechos se producen después que ‘grupos irregulares’, como califica Hugo Chávez a los narcoterroristas de las FARC, ingresaron a Colombia desde Venezuela y masacraron a doce soldados colombianos  para luego reingresar a nuestro territorio, lugar que les sirve de área de aliviadero y refugio seguro. Al punto que los tres mil efectivos militares desplegados por órdenes del presidente Chávez no fueron capaces de  ubicar a estos ‘irregulares’.

Agregó que “sería terrible que el comando militar en nuestra frontera haya decidido detener a siete inocentes colombianos y de intentar convertirlos en ‘falso positivos’. Peor y criminal sería si hubiesen sido torturados como denuncian los ciudadanos colombianos (…) El régimen venezolano que se precia de su naturaleza militarista tiene la obligación con la propia fuerza armada  y con todos los venezolanos de aclarar esta situación que nos sometería, a la vergüenza universal. Como aconteció a en las prisiones de Irak y de Guantánamo”.

“Yo declaré hace unas semanas que el  presidente Santos no encontrará fácil darle  explicaciones a las madres  de los soldados masacrados y ahora, a las de los torturados en territorio venezolano. Movilizar tres mil soldados para agarrar en unos autobuses a siete colombianos que no tienen ninguna vinculación con las FARC es realmente inaceptable  y deplorable. Nuestro país  jamás había sido denunciado por cometer vinculado a delitos de tortura”. Aparentemente no  podían quedarse con las manos vacías y agarraron a los primeros que les pasaron por delante” añadió.

Arria afirmó que el gobierno de Hugo Chávez se mantendría en negación sobre la existencia de campamentos de las FARC en el país. “¿A quiénes han mandado a buscar estos campamentos de las FARC? Nada más y nada menos que al ministro de Defensa venezolano, quien no es un amigo de Colombia, sino que está denunciado como cooperador activo de las fuerzas revolucionarias de las FARC en materia de tráfico de drogas y armas. Si Colombia quiere realmente conocer la verdad de los hechos no lo logrará con comisiones mixtas con Venezuela. Solo con instancias independientes como la Organización Mundial contra la Tortura” concluyó.

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