Este Gobierno se ha caracterizado por una ambiciosa agenda de reformas e iniciativas legales; un récord en aprobaciones. Sin embargo, los resultados no son alentadores. La mayoría de los proyectos son inocuos; no resuelven los grandes problemas de los asuntos que tratan. Legislan como si la mera aprobación de la ley los resolviera. ¿Quién realmente lee todo lo que se aprueba? ¿Qué operador judicial puede tener el conocimiento preciso de los asuntos con semejante proliferación legal? ¿Con tanta variación jurídica, cómo pueden los ciudadanos cumplir con la ley, si sólo conocerla supondría leer miles de páginas que se aprueban?

Colombia tiene que tomarse en serio la manera como se legisla. Una ley es operante en la medida en que su implementación es posible y al mismo tiempo efectiva. Es necesario hacer unos diagnósticos profundos de los escenarios que se pretenden regular; establecer mecanismos sencillos, comprensibles, capaces de ser aplicados por los obligados y por las autoridades competentes de su vigilancia e implementación. Lo contrario, lo que tenemos ahora, es una normativa extensa, que se entremezcla una con otra, donde nadie sabe lo que está vigente. No es posible establecer con claridad los alcances de las normas y eso da lugar a que en la ambigüedad prolifere la corrupción y la aplicación selectiva de la ley.

La reforma a la Justicia que se tramita en el Congreso es un claro ejemplo de cómo estamos legislando. Es un texto que no soluciona los grandes problemas que viven los colombianos frente a la rama jurisdiccional, tampoco resuelve los problemas de diseño institucional que comprometen el sistema de frenos y contrapesos que debe regir en un Estado de Derecho. Dos virtudes tiene el texto aprobado: las normas que dan facultades a notarios y particulares para resolver pequeñas causas, y el acabar con el Consejo Superior de la Judicatura.

Pero están saliendo costosas; para ganar la aprobación de los magistrados de las Cortes –que no era necesaria- les dieron gabelas; la más abrupta es que mantendrán sus cargos por cuatro años más y la edad de retiro forzado estará por encima de la del resto de colombianos.

Lo aprobado hasta ahora es una colcha de retazos que no resuelve los grandes conflictos que existen: los desequilibrios entre los poderes, donde la Corte Suprema de Justicia domina el Estado. Tampoco la sistemática violación de los derechos de los Congresistas; requieren doble instancia, y autoridades diferentes para la investigación y juzgamiento. No se considera el problema de congestión judicial, ni la manera distorsionada como se aplican las negociaciones y acuerdos con la Fiscalía en materia penal. Queda pendiente la discusión sobre cómo serán juzgados los aforados y las consecuencias de este diseño. Sobretodo queda aún por estudiar los mecanismos mediante los cuales la rama jurisdiccional estará conectada con el sentir democrático de la Nación. No es aceptable en el Estado de Derecho, una rama del poder que tiene una agenda distinta a la que impone el sentido democrático; la Rama Judicial debe tener mecanismos para conectarse con la democracia y permitir y aceptar que se la critique. La pretendida autonomía e independencia tiene que estar circunscrita a la voluntad popular; así lo dicen los Derechos del Hombre: “La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la Nación; ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella”.