Es recurrente el anuncio de los gobiernos colombianos de proponer reformas tributarias sin gravar la canasta familiar. Pero al final caen en la tentación de clavarles más impuestos a los más pobres.

Y no es para menos, con resultados como los que acaba de informar la Dian, según los cuales el recaudo tributario en Colombia subió 26,2%, a $36,1 billones, frente a los $28,6 billones en el mismo periodo de 2011 entre enero y abril, cualquiera se entusiasma. Para mantener ese dinamismo sería conveniente acudir a una especie de ingeniería financiera y que los expertos encuentren en otros negocios la platica que el Estado busca con tanto afán.

Echarle, por ejemplo, un vistazo a grandes empresas que como Ecopetrol pueden ser fuente de ingresos. La petrolera colombiana, en 2011, reportó ganancias por $15,4 billones, con incremento del 85,1%. Pero todavía falta un tramo para la democratización aprobada para obtener recursos sin afectar a los contribuyentes. Otro frente de riqueza tributaria son los metales preciosos. El oro crece en su cotización internacional a más de US$1.557 y sigue contando.

Pero el gobierno prefiere meterle mano al bolsillo de los menos ricos. La actual propuesta de reforma tributaria fue "vendida" a la opinión pública con el argumento de que los ricos iban a chillar, pero los pobres van a llorar de verdad. Para la clase media se acabarían sus beneficios tributarios con la retención en la fuente del impuesto sobre la renta a partir de los $2.400.000 mensuales, tampoco podrían descontar los pagos a la medicina prepagada, o sus centavitos en las cuentas de ahorro programado para vivienda.

Los asalariados, sobrevivientes del desempleo, tendrán otra clase de problema y perderían beneficios como la deducción del 25% del pago de la nómina y aumentarían sus tributos. Colombia reforzará la desigualdad porque mientras a las empresas se les reduce la tarifa del impuesto sobre la renta del 33% al 27%, a los trabajadores de la clase media se les cargaría la mano.

Los impuestos a la canasta familiar causan escozor y pánico a los asalariados que tendrán que hacer cuentas de cómo gastar para prepararse un sancocho o incluso los ex trabajadores, cuyas pensiones podrían empezar a ser gravadas, si la reforma encuentra eco en el Congreso. Según la Dian la pesada carga tributaria caería sobre unas 970.000 personas naturales y cerca de 160.000 asalariados que declaran renta.

El Gobierno Nacional alega que en 2010 las exenciones a la renta le costaron al fisco unos $8,5 billones, pero en lugar de esculcar a los contribuyentes, la administración debería ingeniarse herramientas para atacar la evasión de los grandes contribuyentes, por ejemplo. Al Gobierno Nacional le suena la idea de gravar con IVA la canasta familiar. Y no importa si es de 1%, del 5% ó del 16%, realmente está mal visto ese impuesto. Eso nadie lo entiende. Encarecer los frijoles, la papa, el arroz y la carne realmente no tiene presentación.