En vez de entrar en el debate de las ideas y de los programas, los sempiternos críticos y enemigos del expresidente Uribe apelan a la distorsión de sus planteamientos. Durante su doble mandato acudieron a toda clase de subterfugios e infundios para degradarlo moralmente. Hicieron y siguen haciendo lo imposible para abrirle una investigación criminal. Hasta en su condición social fue acribillado por un sector de los columnistas capitalinos que se creen ralea noble y piensan que un hacendado, hombre de campo, no puede estar en las alturas destinadas a los de “sangre azul”.

Si el presidente Santos, a quien ungieron nueve millones de votos  de pueblo sudoroso, lo inculpa y lo iguala con las Farc en la tarea de producir una mala imagen del país en el exterior, abusando en la interpretación de una encuesta que medía las críticas al gobierno, ¿qué se puede esperar de sus incondicionales, nuevos asesores y defensores de ocasión? Cualquier adefesio o insulto de la peor laya, como el que se le ocurrió a la columnista María Isabel Rueda que lo llama “terrorista político” por, según ella, incitar el malestar entre las tropas respecto de las directrices del gobierno. Rueda no se refiere para nada al extenso discurso de Uribe en la noche del  lanzamiento del Puro Centro Democrático, en el que, a diferencia de sus trinos, pudo entrar en materia y en profundidad, que era lo que los críticos le exigían.

 Pretende Rueda que la política militar del gobierno para enfrentar el desafío de las guerrillas, mafias y demás bandas delincuenciales que ponen en peligro la seguridad del país y de la ciudadanía, no sea debatible y desconoce que dicha política es asunto vital de la agenda nacional desde hace tiempo. ¿Por qué no se puede criticar la del gobierno Santos? ¿Acaso hay alguna certeza de que es infalible, a contrapelo de la realidad que observamos a diario en distintas zonas del país donde las guerrillas han vuelto a tomar nuevo aire? ¿Acaso la política de Seguridad Democrática no fue objeto de enconadas críticas y agresivas diatribas de todos los que ahora claman para que “dejen experimentar a Santos” con sus propuestas apaciguadoras? El problema, por tanto, no consiste en establecer  si es legítimo o no debatir la política de paz y guerra del actual mandatario, puesto que es evidente que el tema compete a toda la nación, como nos incumbe evaluar el comportamiento de la Fuerza Pública, tanto en el sentido de si está procediendo acorde con las leyes, como también en la dinámica de su estado de ánimo, de su moral de combate, de su disposición para ganar el conflicto a los, esos sí, terroristas.

¿Dónde tiene el sentido democrático la periodista Rueda? Opinar con libertad absoluta sobre la política de paz y guerra es una de las ventajas de la sociedad colombiana y de todas sus instituciones y esa es una ganancia desde los años ochenta. Políticos, gobernantes, intelectuales y muchos más, nos hemos devanado los sesos caracterizando el conflicto, proponiendo fórmulas de solución, buscando alternativas. Nadie se cohíbe ni ha sido acallado hasta ahora, a pesar de los equívocos y exageraciones connaturales a la calentura de la acción política.

Es una tristeza que el debate no cobre altura porque ni siquiera aquellos que parecen acreditar mayores luces “académicas e intelectuales” hacen algo digno de entablar una batalla ideológica. De sus bocas y de sus plumas salen enardecidos epítetos sobre el acto de El Nogal y los discursos allí pronunciados. La intelectualidad liberal, cuya altura debe medirse en la misma proporción de la inteligencia demostrada cuando eligieron  al delfín Simón Gaviria presidente de la colectividad, no atina una frase coherente. El congresista Guillermo Rivera, dice y repite, sin sustancia, que en ese acto se reunió la “extrema derecha” de Colombia. Si no fuese por la connotación del término en un país azotado por la violencia de fuerzas extremas de derecha e izquierda, se podría pasar de agache, pero, bueno, dejemos ahí, es lo que da la tierra liberal. El despejado y acomodado León Valencia, director de un centro de estudios graduado como el mejor a punta de titulares, a quien un sector de la aristocracia capitalina le rinde pleitesía, y que ahora adelanta tareas de alta asesoría en política de paz al gobierno Santos, no atina sino a decir lo mismo, que lo de El Nogal no fue más que una reunión de la extrema derecha y a deslegitimar, por subversivas, ¡válganos dios! las críticas de Uribe y Londoño a las propuestas del gobierno en materia de paz.

Otra de las estrellas del pensamiento santista, si es que se puede llamar así a ese revoltijo de tendencias que se han acomodado tras la mermelada del poder, el intelectual Pedro Medellín, se suma al coro acusando a Uribe de conspirar y de azuzar a los militares contra el gobierno, saca pecho y se llena la boca de agua expresando el mismo calificativo contra Uribe y sus aliados. Argumenta sin atisbos de pulcritud que a Uribe nunca se le criticó por haber impuesto “una política de guerra” y haber elevado el gasto militar a niveles sin precedentes. Omitiendo reconocer que si hubo un momento de álgidos debates en torno al problema de cómo enfrentar a las guerrillas y al paramilitarismo fue precisamente durante los ocho años de mandato uribista. Desde Valencia hasta Medellín, de Petro a Carlos Gaviria, del el trío Samper hasta liberales desteñidos como Bejarano y Zuleta, desde obispos hasta jesuitas rojos como el padre Sanín, desde periodistas de doble faz hasta prestigiosos columnistas, desde pontífices de los derechos humanos del exterior hasta los curitas de acá. En fin, todo el mundo habló y opinó y trinó y protestó contra la política de Seguridad Democrática y no faltaron los que llegaron más lejos montando campañas de desprestigio contra las Fuerzas Armadas sin que los hoy “defensores” de la moral castrense y neointelectuales del Régimen levantaran entonces su voz de protesta. Ahí sí que se valía todo, todo contra Uribe y su Seguridad Democrática era válido.

La mayoría de los opinadores calificaron esa política de guerrerista, militarista, arrasadora e inhumana, guerrillas incluidas. Dividieron al país en dos bandos irreconciliables: los amigos de la paz y los partidarios de la guerra, haciendo a un lado el hecho categórico y patético de que fueron las guerrillas las que obligaron al Estado a asumir una política de confrontación y que de no haberlo hecho, Colombia estaría gobernado por ellas.

Siguen dividiendo al país, con argumentos falaces y mentirosos, al poner en boca de Uribe palabras y argumentos que no se han expresado en parte alguna. En efecto, nadie está planteando que lo correcto es la guerra y no la paz. Lo que se está diciendo, así de simple, es que las guerrillas, por sus crímenes de lesa humanidad y por no representar a nadie en la sociedad colombiana, no tienen porqué obtener leyes privilegiadas de perdón, indulto o excarcelación, y que deben someterse al imperio del Estado para ganar el derecho a medidas de justicia transicional. Lo que se sostiene es que el Estado debe retomar la política de Seguridad Democrática en tanto mandato de los electores que eligieron al presidente Santos. Lo que se dice, y con total razón, es que por medio de leyes no se puede igualar al Estado con los terroristas, que con estos es posible una negociación de sometimiento y entrega de armas. Sostener que ventilar públicamente todo lo relacionado con el conflicto armado y con lo que sucede en la Fuerza Pública y que hacer política en torno a los problemas de seguridad y violencia es malo y peligroso, es una hipocresía. Si bien es el gobierno el que determina la política a este respecto, ello no lo convierte en actor inmune a la crítica. Si la opinión o cualquier sector de ella advierte que el Ejecutivo conduce erróneamente el conflicto armado, su deber es alzar la voz y hacerse sentir. ¡Oh paradoja! los que hicieron política con esos temas durante ocho años llaman a la prudencia.

El Pacto contra el terrorismo suscrito en el Club El Nogal, debe ser firmado por todos los demócratas de Colombia. Los que lo suscribieron han llamado a defender la Constitución del 91 como fundamento del mismo, no están llamando a la subversión del orden ni al golpe de estado. Han expresado a la luz pública y ante los ojos del mundo y todos los medios que tienen el propósito de participar en las luchas políticas y electorales que se avecinan con base en esos puntos programáticos tan caros a la ciudadanía: seguridad, defensa de la constitución del 91 y lucha contra el terrorismo.

¿Qué es entonces lo que asusta a pensadores tan serios y tan comprometidos con la democracia? ¿Por qué apelan a la distorsión de los argumentos del rival?, ¿por qué creen que los críticos de la política santista de paz debemos callarnos? Tal es su inopia intelectual.