En un diario capitalino, Andrés Hurtado García, columnista de opinión reconocido,  comenta  el caso del taxista que por defenderse de un delincuente, y después de llamar a otros compañeros de labores a que lo auxiliaran, ahora enfrenta cargos penales.

Defenderse del delincuente  es delito y los derechos del bandido prevalecen sobre  los del ciudadano. Los casos recientes son  tantos, que  la sociedad civil está cansada de tanta injusticia,  indolencia y arbitrariedad de los jueces que obran en contra de las evidencias.

Un juez no es un árbitro de futbol,  pues si  un  hombre de negro se equivoca, o se hace el loco al ver una falta y deja de pitar un cobro de tiro penalti,  las consecuencias trascienden  solo al deporte como tal, y al juego espectáculo que congrega  multitudes en los estadios y la televisión.

De hecho, estamos en mora de implementar  la tecnología como ayuda real para evitar los  errores de los jueces en  una cancha; algún día será. Pero un juez de la República  tiene en sus manos la suerte del ciudadano que espera justicia, y  aquí eso es al revés.

Los bandidos andan por este país muy orondos, esperando amnistías,  indultos, y sentencias arbitrarias  que inclusive llegan a la inmensa estupidez  de condenar al funcionario responsable de seguir las órdenes  superiores,  a pagar mediante la acción de repetición por delitos inexistentes  que condenan al estado colombiano como en el caso de Mapiripan; transcribo las palabras del General  Jaime Ruiz Barrera, presidente nacional de la asociación de oficiales retirados, ACORE, refiriéndose a la real desmotivación de la fuerza pública. 

“Para completar este preocupante e inexplicable cuadro de contradicciones, y como un nuevo ingrediente de desmotivación, últimamente un grupo de diligentes abogados de la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa, cumpliendo órdenes al parecer de la Secretaria General, ha comenzado a aplicar la llamada acción de repetición, contra Comandantes en diferentes niveles, en algunos casos en que la nación, inadecuadamente defendida y representada en estos procesos judiciales, ha sido condenada a pagar cuantiosa indemnizaciones por concepto de reparación a supuestas víctimas producidas en operaciones militares. ”

Cito también para ilustrar  mi comentario, el editorial  del diario El Colombiano, del día  20  de Abril, que levanta una voz de protesta  en conjunto con el alma mater de su universidad, (de Antioquia) contra los encapuchados que cometen acciones delictivas  ante la indiferencia de un estado  que de ser tan incongruente, pareciera  convertirse en el protector del bandido, abandonando a su suerte al ciudadano respetuoso de la ley.

La permisividad y la laxitud de las leyes invitan a delinquir.  Mario López Castaño, columnista también del periódico El Tiempo, dice en reciente análisis  que el país carece de una legislación mas estricta para enfrentar el conflicto interno,  con  tanta variedad de autores, alimentados por el narcotráfico, además.

Pone como ejemplo de laxitud, el caso de un estudiante de la universidad de Antioquia, de nombre Gabriel Jaime Bocanument Puerta, alias  “el Rollo”, de 47 años de edad y que lleva 19 estudiando derecho, pero es un reconocido agitador,  que después de ser despedido logra su reintegro mediante sentencia de un juez; sentencia  apelada de hecho por la universidad, pero que por ahora lo deja en las aulas, para continuar allá,  vaya uno a saber cuántos años más.

Agrega López Castaño que las Farc tienen infiltradas las universidades públicas para planear actos terroristas que dañan población civil y enfrentan la fuerza pública a escala nacional.

Colombia no aguanta más la instauración del “Fuero delincuencial “en aras de congraciarse vaya usted a saber con quién.   Del actual congreso nacional nada bueno podemos esperar, y  de un poder ejecutivo que compra inconsciencias con burocracia y prebendas, tampoco;  del poder judicial, tan solo repito:   ¡Qué suerte la del bandido, la justicia es al revés ¡