En el anterior artículo me referí a lo que podría considerarse el aspecto jurídico del tema de la restitución de tierras del gobierno de Santos. Me ocuparé ahora de lo que me atrevería a llamar el aspecto político. A cual más peligroso.

En la primera manifestación de víctimas convocada por el gobierno, en Barranquilla, el presidente Santos ponderó la "revolución agraria" que promueve alegando, por ejemplo, que a la guerrilla, particularmente a las FARC, "les estamos quitando sus argumentos, les estamos quitando el piso". Lamentable razón. Que repitió sin meditar el reconocido escritor y pensador Carlos Fuentes, motivo por el cual el ex presidente Uribe se atrevió a corregirle señalando que las FARC nunca han representado a los campesinos sino que han sido sus verdugos, y que la reparación de las víctimas no arranca ahora sino que desde su gobierno se inició una vertical lucha en esa dirección, empezando por extinguir el dominio de tierras arrebatadas por criminales para regresarlas a sus verdaderos dueños.

Yo agregaría que el argumento del presidente Santos tiene otra arista tan perniciosa como esa. Significa nada más ni nada menos suponer que las FARC han tenido como "piso" el problema de la tierra y que si se realiza una "revolución agraria" dejarán de tenerlo. La vieja y dañina tesis de que la violencia narcoterrorista tiene unas "causas objetivas" que la justifica y que mientras no se supriman seguirá asolando el país. La única vía para lograr la paz, en esa óptica, sería cumplir las exigencias de los facciosos. La "revolución por contrato" que alguien llamó. Entonces, de pronto se están anticipando argumentos para una negociación de paz… Fatal.

Pues bien, la fementida "revolución" santista ha sido considerada por panegiristas y aduladores como reedición y continuación de las transformaciones de López Pumarejo (con la Ley 200 de 1936) y Lleras Restrepo (con la Ley 135 de 1961).  En su contenido y pretensiones está a años luz, pero en riesgos probablemente no se quede atrás. Hagamos un esquemático examen y cotejo. Los cambios de López se dirigieron más que nada a clarificar el mar de confusión y conflictos generados por un siglo de colonización y ocupación de baldíos, a regular los contratos de aparcería, a establecer que el fundamento último de la propiedad era su explotación económica, es decir, que cumpliera una "función social". No se ocupó de restituir tierras arrebatadas por un conflicto armado, ni mucho menos adelantar una reforma agraria con expropiación y redistribución de tierras.

Como sí quiso hacer esto último la ley inspirada por Lleras Restrepo en el Congreso en 1961. Que se proponía expropiar (con indemnización) una buena cantidad de fundos de grandes propietarios y repartirla entre campesinos, sobre todo a través de las denominadas "empresas comunitarias". La ley creó una institucionalidad apropiada, empezando por el INCORA (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria), cuya acción expropiadora adquirió el mote de "incorización" y creó zozobra y desasosiego entre medianos y grandes propietarios. Pero no se quedó allí. Gestó también una organización de "usuarios" campesinos (ANUC) cuyo mérito histórico consistió en desatar oleadas de invasiones de fincas, para presionar las expropiaciones del INCORA, creando situaciones de hecho dramáticas y una crispación sin antecedentes en el campo. Grupos de extrema izquierda, vinculados en su mayor parte con la naciente guerrilla, aprovecharon para infiltrarse y dominar este movimiento campesino durante los años sesentas y setentas del siglo pasado.

La idea de entregar la tierra no individualmente sino a través de "empresas comunitarias" fue un fracaso monumental. Algún sector de la izquierda, del cual hacía yo parte en aquel entonces, tenía una idea muy singular de la reforma llerista: pese al evidente rechazo de los grandes propietarios a la reforma, alegaba que la "incorización" era una estrategia para comprarle a buen precio tierras malas a los terratenientes, mientras que las "empresas comunitarias" era la mejor forma de empacar el mayor número de campesinos en la menor extensión de tierra. Cierto o no ese criterio, el testimonio que sí puedo dar es que en mis andanzas políticas de juventud tuve la oportunidad de conocer en detalle, a mediados de los años 70, una enorme hacienda en el centro de Bolívar, a orillas del río Magdalena, que había sido "incorada" a sus dueños, la familia Held de Barranquilla, de origen alemán; todavía quedaban vestigios de lo que fue otrora talvez la más moderna explotación ganadera del país, reducida a la ruina absoluta, en manos de unas empresas comunitarias que se debatían entre el abandono y la miseria. Fuere lo que fuere, el hecho es que el proceso reformista se agotó y durante la administración de Alfonso López, hijo, se le dio cristiana sepultura en lo que se conoció como el Acuerdo de Chicoral. Las estructuras de la propiedad rural habían sufrido escaso vuelco, pero los conflictos provocados y las secuelas no fueron de poca monta.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no es tan ambiciosa. No se propone redistribuir la propiedad del suelo, es decir, efectuar una reforma agraria como tal. Más que una revolución aspira a ser un acto de justicia, como lo ha advertido Jaime Jaramillo Panesso. Y no está mal que lo busque (aunque los medios, como lo explicamos, son bastante escabrosos); pero de allí a alegar que es una "revolución agraria" hay una distancia sideral.

Sobre las cifras de tierras despojadas -y que se deben restituir- se ha hecho demasiada demagogia: nunca bajan de millones de hectáreas oscilando sin ningún reparo entre 2 y 10. La misma información oficial es vaga. En campaña electoral Santos habló de dos millones, pero recientemente saltó a más de tres como meta de la tierra que entregaría a los campesinos. En la manifestación de Barranquilla, al calor sofocante de "la arenosa" dijo: "Tenemos ya un reto muy grande en este cuatrienio de alcanzar más de 3 millones de hectáreas entregadas a los campesinos con título y acompañadas de asistencia técnica y de crédito. No nos quedamos quietos desde el principio del Gobierno. Llevamos ya 800 mil hectáreas. Tenemos que multiplicar esa cifra, doctor Juan Camilo, por cuatro, por cuatro."

Como lo han expuesto distintos analistas -incluido el mismo senador Jorge Robledo del Polo-, los guarismos del señor Santos y el ministro Restrepo son engañosos. La mayor parte de las 800.000 hectáreas del año pasado fueron titulación de baldíos. Nada diferente a lo que hizo el gobierno de Uribe, que tituló un promedio de 600.000 por año. Solo una exigua parte de los datos de 2011 corresponde a restitución de tierras (18.699 hectáreas), efectuadas por vía administrativa -con instrumentos existentes desde el gobierno de Uribe-, pues la ley de víctimas apenas empezó a regir en enero de 2012.  Y lo más irónico es que los casos emblemáticos, como el de la finca "Las Catas" en Córdoba, de 4.300 has., entregada a unas 300 familias campesinas el pasado 12 de enero por el primer mandatario, era un fundo arrebatado a narcotraficantes por el gobierno de Álvaro Uribe utilizando la ley de extinción de dominio. Pero nada de eso mencionó Santos.

Lo que sí explicó ese día en Córdoba fue que la pretensión de "revolución" con la ley de víctimas es bastante más modesta que los tres millones de hectáreas que pregonó en Barranquilla: se reducen a lo sumo a 700.000 hectáreas,  el total de tierras "hurtadas" por los grupos al margen de la ley, de las cuales 400.000 has. son terrenos baldíos. De suerte que el despojo de tierras de propiedad privada equivale a una cantidad ostensiblemente baja, máximo 300.000 has., diez veces menos que la vaporosa cifra global. Pero hace unos días el ministro Juan Camilo Restrepo habló de apenas 550.000 has. como gran total, estimativo resultante de las reclamaciones registradas por el gobierno hasta hoy. A la vez que, según Jaime Jaramillo Panesso, integrante de la fenecida CNRR, el censo efectuado por este organismo entre las víctimas arrojaba a comienzos de este gobierno una cuantía cercana a 500.000 has. "Más es la bulla", como respondió Fermina Daza al regreso de Europa cuando fue interrogada por las maravillas del Viejo Continente.

Cualquiera sea la cifra cierta de las tres citadas, como redistribución de la propiedad es apenas un remedo; cuando más -como lo expresó un columnista en estos días, y si se cumple a derechas el plan- será regresar a la estructura de propiedad de Colombia de hace 20 años. De tal manera que, en plata blanca, es más grande el alborto formado y las pugnas desatadas que el contenido revolucionario o modernizador de la estrategia oficial. Una clásica jugada populista, que con la máscara de modernizadora y justiciera solo ambiciona unos réditos políticos, así se lleve de calle elementales principios del derecho y genere agitación y desasosiego innecesarios. Como lo indicó el ex presidente Uribe: "Me parece que la nueva legislación, y el proselitismo político que la acompaña, están creando el riesgo de generar nuevos odios contra los empresarios del campo, que ya se venían superando, y que como en los años 60 hicieron tanto daño."(1)

El mismo Uribe se ha encargado de recordar que ya existía una legislación aplicable, que permitía hacer justicia sin crear la crispación y los riesgos de ahora. Y si de modernizar el campo se trata y lograr que la propiedad cumpla su función social, por qué no acudir a alternativas que han probado su eficacia en otros países y se han propuesto en Colombia repetidamente, produciendo una transición tranquila, no traumática, como imponer gravámenes elevados a la tierra ociosa para forzar su explotación o su venta a quienes sí quieran hacerlo. Y que en el caso de medianos y pequeños campesinos podría contar con financiación pública generosa para adquirir los predios. En reciente columna periodística del ex ministro Rudolf Hommes (2) se hace una disquisición seria y ponderada sobre esa vía, lo mismo que el ex ministro del ramo Gabriel Rosas Vega quien enfatiza en el cambio de usos del suelo más que en el de la propiedad (3). 

Nada de eso habrá. Lo que sí tendremos de sobra será agitación política, antagonismos exacerbados y "bulla", mucha "bulla". Ya Santos planificó y empezó a desarrollar un calendario de manifestaciones en sitios neurálgicos del país. La primera en Barranquilla, la segunda en Necoclí. Y faltan más. La justificación del alto gobierno es vaga y brumosa. Para "reafirmar la democracia" ha dicho Juan Manuel Ospina, director del INCODER. Para el presidente Santos, se trata de promover su "revolución agraria", obviamente. Y en respuesta a los críticos de las movilizaciones dijo en plena tarima en Barranquilla que "el Gobierno se reúne con los campesinos porque este Gobierno es de los campesinos. (...) el Gobierno se reúne con las organizaciones sociales porque este Gobierno es de las organizaciones sociales." Sabia disquisición que nada explica pero todo lo dice. Populismo ramplón.

Santos como Lleras Restrepo también cuenta con su ANUC. No la famélica y venida a menos que aún conserva ese nombre. La nueva se llama Tierra y Vida y la preside Carmen Palencia, antigua militante del EPL, víctima de los paramilitares, polémica líder de reclamantes de tierra en Urabá. Fue creada en diciembre de 2010, cuando la ley de víctimas tenía ya asegurada su aprobación en el Congreso, con el fin explícito de ocuparse de organizar la lucha por la restitución, acompañando al gobierno. "Carmen Palencia tiene en la mira cinco millones de hectáreas de tierra despojadas. Desde Montes de María hasta el Catatumbo y desde Antioquia hasta Vichada."(4) Así la presentaba el portal La Silla Vacía en aquel entonces. Como se ve, Palencia y los suyos ambicionan a hacerse a casi el doble de las hectáreas que  promete el gobierno. La asociación campesina que se creaba tenía como base la Asociación de Víctimas por la Restitución y el Acceso a la Tierra en el Urabá antioqueño, desde hacía tiempo regentada por Palencia, unida a Forjando Futuro, otra similar que encabeza en esa región Gerardo Vega, al igual que varias similares de distintos departamentos, con el respaldo e impulso de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) de León Valencia, Redepaz de Ana Teresa Bernal, Codhes y otras ONG del mismo jaez.

El liderazgo de los reclamantes de tierras escogido por el gobierno fue santificado el año pasado cuando el primer mandatario se extendió en elogios para con Carmen Palencia, su cabeza principal, en un acto en que la revista Semana en el mes de agosto la exaltó como uno de los líderes más importantes del país. "Aplaudimos su perseverancia y coraje para seguir liderando la restitución de tierras para las víctimas en Urabá -expresó Juan Manuel Santos-. Sabemos que sufrió el primero de varios desplazamientos hace más de 20 años, que su marido fue asesinado a manos de los paramilitares y que guarda una bala en una de sus costillas. A pesar de tan terribles heridas en el cuerpo y en el alma, se ha mantenido firme en su convicción de hacer lo correcto y sigue al frente de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes del Urabá antioqueño. ¡Muchas gracias, Carmen!"

Ese relato del Presidente sobre la dirigente de Tierra y Vida es cierto en su mayor parte, pero no es completo. Existen otros episodios opacos en su trayectoria. Aparte de la militancia en el Polo Democrático y sus viejas inclinaciones políticas, a lo que tiene perfecto derecho, existen no pocos episodios, que hoy caminan por estrados judiciales, muy discutibles. Por ejemplo, la denuncia por tráfico con la información de víctimas de la CNRR, en compañía de su mano derecha, Gerardo Vega, cuando éste último fue miembro de la oficina regional de dicha Comisión (5). No solo eso: en un principio su organización hacía firmar a los campesinos que representaba una cláusula por medio de la cual debían entregar el 10% del valor de la tierra restituida (5% para abogados, 5% para la asociación); forzada por las denuncias Palencia informó que revirtieron esa condición. Sus apetitos económicos -tan comunes en estas organizaciones "humanitarias"- se visualizan también en la campaña internacional que abandera Palencia hace buen tiempo para que las transnacionales bananeras paguen a las víctimas de los paramilitares en Urabá tres centavos de dólar por caja exportada, por el apoyo que les dieron (reconocido en el caso de Chiquita Brands). Naturalmente, de conseguir ese objetivo, las respectivas ONG serían las intermediarias del negocio. Lo que siempre han ocultado, como lo denuncié en mi libro "El gran fraude", es que Chiquita pagó a la guerrilla un mayor número de años que a la guerrilla, entre 1989 y 1997, mientras a los paramilitares solo lo hizo entre 1997 y 2004. En aquel período sólo las FARC asesinaron más de 400 obreros bananeros. Pero eso no les importa a estos sectores: las víctimas de la guerrilla, como lo dije en mi libro, son un cero a la izquierda de la izquierda.

Y en cuanto a restitución de tierras hay dos casos en que ha intervenido Palencia que generan dudas serias. En Nueva Colonia, vereda de Turbo, el gobierno Santos entregó títulos a 34 familias el año pasado, supuestamente desplazadas, en un proceso que lideró ella. Los legítimos propietarios del predio reclamaron y recientemente el INCODER tuvo que revocar la decisión anterior. Había ocurrido una especie de "falso positivo", inducido por la presentación fraudulenta de un despojo inexistente. Finalmente vale mencionar otro "falso positivo" en que está involucrada Palencia: los reclamos sobre otro predio de Turbo en la vereda California. Igualmente se alega despojo violento y desplazamiento de campesinos, acusando a los dueños de la propiedad de vínculos con el paramilitarismo, pero lo curioso es que varias decenas de habitantes de la vereda han declarado lo contrario ante la Fiscalía y se adelanta una investigación penal contra quienes al parecer efectuaron un montaje, con Palencia a la cabeza (5).

El historial de Gerardo Vega no es menos problemático. El año pasado, en octubre, antes de las elecciones regionales, fue señalado como promotor de nutridas invasiones de terrenos urbanos en Carepa, Chigorodó, Apartadó y Turbo, de unas 6.000 personas. Nunca se supo a ciencia cierta el motivo; aunque algunos insinuaron que las expectativas creadas por el avance en el Congreso de la ley de víctimas era el detonante, el mismo Vega lo negó (6). Otros dijeron que fueron intereses políticos pre-electorales y no faltó quien denunciara participación de grupos subversivos. Vega militó en los años 80 en el EPL y participó en las masivas invasiones de tierra que esa guerrilla propició a mediados de esa década, uno de los orígenes de los conflictos de la región. Paradójicamente la Ley de Víctimas solo se ocupa de restituir tierras despojadas a partir de enero de 1991, de suerte que las invadidas en aquella época no podrán ya ser reclamadas. Luego Vega se reinsertó e hizo política con distintos movimientos. Y hace años se ha dedicado a la misma tarea de Palencia, de reclamante de tierras. Como ella, es protagonista del escándalo de tráfico de información de víctimas de la CNRR, y tiene investigaciones en la Fiscalía por los mismos "falsos positivos" de su compañera, que ya relatamos (7).

Ese abigarrado grupo de ONG de izquierda, buena parte de cuyos líderes perteneció a la guerrilla hace años, viene facilitando la base social a las movilizaciones del gobierno de Santos. La ambición política desmedida conduce a esos maridajes. Lo sucedido en Necoclí es aleccionador. El manifiesto que convoca el acto fue firmado por casi todas las organizaciones mencionadas más el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín. El costoso transporte, la alimentación, las vistosas pancartas de los marchantes, al igual que algunos "honorarios" por la presencia fueron generosamente financiados por el gobierno, en cifra que conocedores de los intríngulis del evento estiman en varios centenares de millones de pesos. Pese al gran esfuerzo mediático y fiscal el resultado fue magro: no más de 10.000 personas (físicamente no caben más en el estadio de béisbol de esa localidad). Santos, en un arrebato alucinado desde la tribuna, tasó la asistencia en más de 30.000 almas. Como el ex presidente Uribe trinó después desde su Twitter sobre la reducida asistencia al acto, en entrevista del 18 de febrero en El Tiempo Juan Manuel Ospina ofreció la respuesta tonta de que la cantidad no importaba, acompañándola de una infamia contra el ex presidente, que denota el propósito político subyacente en las movilizaciones: "Diez mil o 30 mil personas, no importa. Lo importante fue reunirlos en Necoclí, donde nació la violencia de toda la zona de Urabá y donde empezaron a estructurarse las Convivir cuando él era gobernador de Antioquia".

Lo de Necoclí es ilustrativo del camino tortuoso que el gobierno ha escogido, sin importarle la suerte de la gente. Ni de los propietarios ni de los empresarios, hoy en la picota por el vendaval de suspicacias desatado; ni de los campesinos asediados por las Bacrim -como "Los Urabeños"-  y la guerrilla -como las FARC-, que fueron fletados para servir de mampara a la perorata presidencial, pero que pese al desafiante tono oficial contra los violentos quedan de nuevo a su merced cuando la caravana oficial abandona la región. La misma Palencia ha tenido que salir de la zona por amenazas. Días antes de la cita en Necoclí la Superintendencia de Notariado y Registro realizó una Mesa de Tierras en Urabá, como antesala, en la cual se hicieron patentes las contradicciones entre las ONG que pregonan la restitución y redistribución de tierras y los bananeros, ganaderos y agricultores asediados por los primeros. Fue tal la acritud de los enfrentamientos que la reunión se truncó y tuvo que ser suspendida.

El ambiente en la región está caldeado. Mientras las ONG mencionadas acusan a no pocos grandes propietarios y empresarios de despojadores y aliados de paramilitarismo y los tienen demandados, buena parte de los proclamados líderes campesinos, como Carmen Palencia y Gerardo Vega, tienen a su turno denuncias en la Fiscalía por promover invasiones y engañar campesinos postulándolos como desplazados y despojados sin serlo. La apuesta del gobierno por este último bando no ha hecho sino generar prevenciones, como la muy legítima de AUGURA, el gremio de los bananeros, que asistió a regañadientes a Necoclí después de haber manifestado su descontento. Con una revaluación que los ha golpeado sin misericordia, entre otros problemas, y dependiendo por ende del apoyo económico oficial, entiende uno que hayan tenido que plegarse y declarar de dientes para afuera que comparten la ley y su implementación. Pero quien otee la confrontación social que se está estimulando concluirá que no es pequeña la procesión que va por dentro. ¿Cuándo reventará?

Al clima tenso que la irresponsable campaña electoral presidencial -revestida de cruzada de redención social, y prohibiendo que se hable de reelección mientras tanto- viene generando se suman otros elementos no menos preocupantes. Uno, la disputa y el afán de figurar que se palpa en los ministros del Interior y de Agricultura. Acaban de enfrentarse por la velocidad a la que marcha, o no marcha, el proyecto de ley de Tierras y Desarrollo Rural. Comentaristas atildados estiman que las aspiraciones políticas de Vargas Lleras y Restrepo se vienen a sumar a las de Santos. Todos quieren utilidades de la empresa. Y, en vista de que ambos despachos tienen que ver con la adopción e implementación de la nueva ley, es de esperarse que el ambiente de perturbación no va a cesar. Cada uno posee su andamiaje para actuar en el batiburrillo. Vargas Lleras dispone de la CNAI y León Valencia como asesores, y a Jorge Enrique Vélez como Súper de Notariado y Registro. Y Juan Camilo Restrepo a Juan Manuel Ospina en el INCODER y a personajes como Jennifer Mójica en la Unidad de Restitución de Tierras, personaje con lazos sentimentales y políticos conocidos con Gerardo Vega.

Las Mesas de Tierras que el Súper Vélez convoca, apenas se inician. Están proyectadas decenas para los próximos meses en todo el país. La idea es escarbar en todos los conflictos y disputas de tierras, nuevas y viejas, insolutas o resueltas, para exacerbarlas y ver qué resulta. Con pretextos nobles, por supuesto; pero por vías escabrosas e irresponsables. Quien repase la lista de lo que se ha venido levantando -parte en los estrados, parte en los medios con inusitado sensacionalismo- lo entenderá fácilmente: Parque Tayrona, Islas del Rosario, Montes de María, finca Las Pavas, Urabá, finca Bellacruz en El Cesar…

Como complemento la CNAI, contratista del Ministerio del Interior, se encarga de echarle leña al fuego. Un oscuro "investigador" de esa corporación, Ariel Ávila, ha acusado a los ganaderos del Cesar de estar organizando un "ejército anti-restitución", dizque con extensión a otros departamentos de la Costa, para oponerse violentamente a la devolución de tierras que busca la ley. Ha divulgado datos de presuntas reuniones, montos de dinero por aportar y estrategias de los supuestos sediciosos. FEDEGAN, por intermedio de su presidente José Félix Lafaurie ha negado ese infundio y desmentido a Nuevo Arco Iris, conminándolos a que pongan las denuncias judiciales pertinentes si tienen la información que falazmente divulgan, y ha decidido acusarlos por calumnia. En cambio el ministro Vargas Lleras ha acudido en defensa de sus asesores, avalando tamañas presunciones. "La creación de grupos armados ilegales para oponerse a la restitución de tierras no se va a tolerar, pues la Ley de Víctimas se va a hacer efectiva a como de lugar", expresó el pasado 17 de febrero. Vivir para ver.

El ministro Restrepo se ocupa de parecidos menesteres por sí mismo y a través de su principal escudero, el director de INCODER. Conservadores ambos, y antioqueños también. Razón por la cual, al parecer, Maria Jimena Duzán, en reciente columna en Semana ("Necoclí", febrero 18) se preguntó por la razón de la oposición que existe entre los paisas a la ley de víctimas. Dentro de la torcida óptica que la guía casi siempre aventuró la explicación de que lo que ocurría es que en Antioquia se veía a Restrepo, que es un "conservador sin tacha", como "un comunista fatuto". No Maria Jimena: no se necesita ser comunista para provocar semejantes embrollos. Ya otro "conservador sin tacha" nos metió en la barahúnda del Caguán, si quiere una comparación. Y ya el señor Ospina, otro "conservador sin tacha" prestó, sin romperse ni mancharse, sus valiosos servicios al Polo Democrático en la alcaldía de Bogotá. Definitivamente, de esos conservadores ¡líbranos Señor!

El papel de INCODER es preocupante. Tres casos lo ponen de presente. Uno, el de los Montes de María. La irresponsable andanada oficial puso contra la pared a reconocidos inversionistas como Cementos Argos, del Sindicato Antioqueño, que adquirió más de 4.000 hectáreas, y que con otros fueron arbitrariamente colocados en el papel de despojadores. Buscando sacar las de andar de este embrollo, Juan Manuel Ospina explicó que estaban hablando con ellos para resolver el entuerto, para "saber si violaron los topes de compra"; en esa eventualidad tendrían que retornar la tierra para entregarla a los campesinos. Total: pende aún sobre su cabeza una espada de Damocles. El otro, el de la hacienda Bellacruz en Cesar, una parte de la cual fue comprada por Germán Efromovich y otros empresarios, donde han efectuado fuertes inversiones. Ospina relató que están mirando si en el área comprada hay terrenos baldíos "indebidamente ocupados", caso en el cual "Efromovich, puede proceder con sus abogados y demostrar cómo los compró o mirar si le metieron un gol." Otra espada de Damocles. Y el tercero, que ya habíamos mencionado de la hacienda "Las Pavas", que cierto conocido "colectivo" y el congresista Iván Cepeda quisieron usurpar a sus dueños con el montaje de unos supuestos desplazados. El Ministro Restrepo anunció que le aplicarían expropiación administrativa al aprobarse la Ley de Tierras. Juan Manuel Ospina dicta similar ucase: "Evaluamos si se extingue la propiedad de parte de la finca por disecar humedales para cultivar palma. Y estamos clarificando la propiedad porque hay baldíos de la Nación indebidamente ocupados". Lo único cierto es la incertidumbre –valga la redundancia- total para propietarios y empresarios del campo que, más temprano que tarde provocarán desánimo completo en la inversión.

Como se ve, los dos ministerios compiten para ver cuál es más vertical y procede más a la ligera. Los tres, Santos, Vargas y Restrepo, han desatado un turbión que pocas cosas buenas presagia. A la izquierda de la izquierda no faltan los que quieren ir más lejos, al calor del ambiente gestado por la vocinglería gubernamental. El Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE) que orienta Iván Cepeda -dirigente del Partido Comunista- ha anunciado su propio calendario de movilizaciones. En marzo 6 se lanzará desafiante a las calles en Montería y Villavicencio, señaladas como capitales de regiones emblemáticas del paramilitarismo y los terratenientes. En una columna publicada en El Colombiano, el 18 de febrero así lo hizo saber, a la vez que se despachó contra los empresarios que acabamos de mencionar en el párrafo anterior. MOVICE afirma que no tendrá apoyo oficial y que se pronunciará contra la insuficiencia de la estrategia de restitución del gobierno, que antes que resolver el problema de las víctimas dizque lo que busca es abortar su lucha. Cuenta con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que lidera el cura Javier Giraldo. Las afinidades político-ideológicas de este combo son bien conocidas.

Los extremos a que ha llegado la situación son inconcebibles. Acaba de aparecer el último número del periódico de la Policía Nacional de Colombia, "PNC", correspondiente al mes de febrero y dedicado casi por entero al tema de la Ley de Víctimas. ¡Vaya ingrata sorpresa! Al lado de textos del Presidente, de algunos ministros y del director de la Policía, sobresalen nada más ni nada menos que largos textos de Mauricio Romero de la CNAI, del CINEP, del director del Proyecto Planeta Paz, entre otros, redomados y tradicionales críticos de las fuerzas del orden y del gobierno. Buena parte de los artículos de los citados autores, como de otros analistas, enfatizan además en el problema aledaño de la minería legal e ilegal. Invito a que los lectores repasen esos textos para que evalúen si es exacta o no mi impresión central: ponerle a la minería legal gruesos palos en la rueda invocando la ley de víctimas. Dice el CINEP que "la gran pregunta que aún está por resolverse es qué cantidad de títulos y concesiones mineras se han entregado sobre tierras y territorios despojados" (p.11). Y que habría que recuperarlos. A la zozobra de los bananeros, los palmicultores, los ganaderos y otros inversionistas en explotaciones agropecuarias, ahora habrá que sumar la de los empresarios mineros. ¡Que se tenga el país! Estos señores no vienen por migajas.

Incertidumbre, desconcierto, temor. Es lo que empieza a palparse en el campo colombiano. ¿Qué podrá esperarse de la decisión de los jueces agrarios, presionados por manifestaciones altisonantes, encabezadas unas por el Presidente de la República que llama a no dar un paso atrás, y otras por extremistas que amenazan con lapidarlos si no proceden con verticalidad so pena de ser calificados de traidores de las víctimas? ¿Es prudente que se acose por ese medio a la justicia y se podrá esperar que sus fallos sean tranquilos y equilibrados? ¿No hay en tales actos una presión indebida a los jueces? ¿Y qué pensarán los demandados si se anuncia una ley que faculta al INCODER a expropiar administrativamente en cualquier etapa de los juicios de restitución?  Es una especie de ley del embudo, sin escapatoria a la vista.

(1) http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/riesgo-de-odio-a-los-empresarios-del-campo

(2) http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/predial-presuntiva-y-acceso-a-la-tierra

(3) http://www.portafolio.co/columnistas/ganaderia-y-agricultura-uso-la-tierra 

(4) http://www.lasillavacia.com/historia/la-mujer-que-tiene-en-la-mira-cinco-millones-de-hectareas-20530

(5) http://www.lasillavacia.com/historia/la-lider-de-tierras-carmen-palencia-entre-los-elogios-de-santos-y-las-acusaciones-del-incod

(6) http://m.eltiempo.com/colombia/antioquia/denuncian-interes-politico-con-invasiones-en-uraba/9317644

(7) http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/denuncias_complican_restitucion_de_tierras/denuncias_complican_restitucion_de_tierras.asp

* Director Blog Debate Nacional del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).