Desde el primero de julio comenzó a operar el nuevo Plan Obligatorio de Salud (POS). El desafío es hacer que la calidad de la atención sí corra pareja con la ampliación de la cobertura.

La ampliación del Plan Obligatorio de Salud, (POS) busca, en teoría, garantizar la atención a 42 millones de colombianos. Tanto de quienes contribuyen con el sistema, como de aquellos que no tienen cómo hacerlo.

¡Bienvenida la equidad! Lo que no está claro es cómo hará el Gobierno Nacional para hacer operativa la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado, sin resolver aún los problemas estructurales del sector salud, ni la calidad humana y ética en la atención.

Ampliar la cobertura de los servicios de salud tiene buenos efectos políticos, pero puede generar mayores frustraciones si no existe una gestión pública decidida que saque adelante la reforma que la salud requiere y provea los recursos necesarios para lograr que la atención sea eficiente y de calidad.

Como en el caso de las viviendas gratis, el populismo puede desatar falsas expectativas si los pacientes encuentran que no pueden acceder en forma expedita a los servicios de salud. Y si además se crea una cultura perniciosa: que la gente deje de cotizar, teniendo los recursos para hacerlo, porque le están subsidiando la salud.

Desde el domingo, otros 11 millones y medio de colombianos más, carnetizados dentro del Régimen Subsidiado de Salud, gozan de los mismos derechos que concede el Plan Obligatorio de Salud (POS), a los 22,2 millones de afiliados al Régimen Contributivo. Antes ya habían sido cobijados los menores de 18 años y los mayores de 60.

De esta forma, la casi totalidad de la población del país puede acceder a 5.874 actividades, procedimientos e intervenciones y servicios hospitalarios, así como a 730 medicamentos, clasificados dentro del POS.

La unificación es un hecho positivo, pero no hay nada que pueda garantizar que esta decisión permitirá mejorar la atención de los colombianos, pues la estructura del sistema sigue igual, con sus falencias, vacíos legales, vicios de corrupción e incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado.

Los actores del sistema no están hoy, ni estructural ni financieramente mejor preparados para atender la mayor demanda de usuarios que se prevé, pese a que la unificación se dispuso desde 2008, en cumplimiento de la Sentencia T760 de la Corte Constitucional.

La grave situación de la salud está sobrediagnosticada. Son componentes de esta crisis la deuda por 1.3 billones de pesos que el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) tiene con las EPS, así como los casi 4 billones que estas empresas del régimen contributivo y las entidades territoriales adeudan a clínicas y hospitales. Eso sin contar las investigaciones que se adelantan por posible desviación de recursos.

Actualmente, muchos pacientes deben acudir a una tutela para recibir los servicios de una EPS, si es que antes no fallecen a las puertas de alguna entidad asistencial por falta de una atención oportuna.

No vemos cómo se puede resolver esta situación si hospitales y clínicas no pueden atender más pacientes, no porque no quieran, sino porque no tienen cómo hacerlo, y más cuando se trata de enfermedades de alto costo, que ahora será obligatorio cubrir.

Por eso, expresamos nuestro temor de que la universalización del POS pueda hacer colapsar la red hospitalaria si no se toman las medidas de fondo requeridas para la solución de la crisis actual de la salud.

La equidad en la prestación de los servicios es un propósito loable, pero el país todavía está esperando la gran reforma del sistema de salud que dudamos si el actual nivel de gobernanza vaya a lograr.