La situación del sistema de salud se ha agravado y la acción gubernamental se muestra poco eficaz. Para evitar un daño mayor, el Gobierno debe actuar de manera más contundente.

Los problemas que de tiempo atrás vienen aquejando la marcha del sistema de salud pareciera que en los últimos días se hubieran agravado.

Los anuncios respecto a la situación crítica que viven muchos hospitales públicos y el cierre inmediato de algunos de ellos, junto a los problemas que enfrentan ciertas EPS son manifestaciones de la problemática que se afronta.

Según la Superintendencia de Salud, al momento hay ocho EPS en proceso de liquidación, 19 en vigilancia especial y la intervención en Saludcoop se mantiene por diez meses más. Además, en Bogotá, dos EPS, incluido Colsubsidio, no continuarán prestando el servicio en el régimen subsidiado.

Por si fuera poco, las deudas entre actores del sistema son millonarias. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), las obligaciones del Gobierno y las EPS con las IPS sobrepasan los 4 billones de pesos.

Estos hechos coinciden con la puesta en marcha de la unificación de los planes, contributivo y subsidiado, de salud (POS) lo que ha magnificado el problema haciendo que la percepción generalizada sea que el sistema está próximo a colapsar.

Por ahora es muy apresurado inculpar a la unificación de los planes del agravamiento de un estado de cosas que se ha venido cocinando por tantos años y para el que las medidas adoptadas no han sido suficientes.

A pesar de las críticas y los graves problemas que se tienen, se reconocen logros en la situación de la salud en Colombia. La Universidad de los Andes, por ejemplo, advierte avances en la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad infantil, una cobertura casi universal de afiliación al aseguramiento y una mayor atención en los servicios materno-infantiles.

Sin embargo, son varios y de diferente orden los problemas que afectan la marcha del sistema. Entre ellos están: una compleja arquitectura, el manejo de los recursos en manos de distintos actores, vacíos en materia de vigilancia y control, la existencia de incentivos equivocados y perversos, y las deficiencias manifiestas en la captura y el flujo de información.

Todo esto ha llevado a graves problemas de transparencia y alta corrupción en el manejo de los recursos.

Frente a estos hechos, en los últimos tiempos se han alzado voces pidiendo el cambio de sistema o la reforma del actual. Sobre la mesa hay varias propuestas que recogen la visión de distintos actores.

Sin lugar a dudas, la discusión acerca de la viabilidad del sistema actual o la necesidad de su cambio es necesaria y pertinente, pero al momento, y de cara al agravamiento de la situación financiera y de prestación del servicio de salud en varias regiones del país, el Gobierno está en el deber de actuar y solucionar de raíz los problemas coyunturales, problemas que parecieran estar desbordando las capacidades del sistema y llevando al sector salud a una crisis aguda y de grandes proporciones que puede tener efectos nefastos sobre la población colombiana.

Aunque el Gobierno ha anunciado algunas medidas y dice estar estudiando otras, hasta el momento se ha mostrado poco ágil y oportuno para solventar la situación. Esto le ha restado eficacia a sus actuaciones y ha ayudado a crear un ambiente pesimista.

El Gobierno debe actuar con prontitud y de manera contundente. Para ello se impone la definición de una agenda de intervención y un plan de acción en el que se les dé solución a los problemas más críticos, plan en el que el tema financiero debe recibir prioridad.