La reciente comunicación de las Farc según la cual suspendería la práctica del secuestro de civiles pareció llenar de satisfacción a quienes desean ver un horizonte de negociaciones de paz entre el Gobierno y lo que resta de esa guerrilla.

Pero el análisis de la declaración ha sido escaso. En primer lugar, habría que decir que la distinción entre civiles y militares resulta absurda a la luz del derecho internacional humanitario. Éste distingue entre combatientes y no combatientes. Pues no es lo mismo capturar a un grupo de soldados que se encuentran en operaciones militares, que detener a un oficial que está de vacaciones en su casa. Los primeros pueden ser considerados ‘prisioneros de guerra’, pero el segundo resulta ser un rehén, o ‘secuestrado’, para usar la expresión usual en Colombia.

El problema es que el Derecho Internacional Humanitario condena, sin apelación, la toma de rehenes en el marco de un conflicto armado interno y lo considera un ‘crimen de guerra’. Las Farc, ladinamente, al no aceptar las normas del DIH, acostumbran a denominar a sus rehenes o secuestrados como ‘prisioneros de guerra’. Una confusión oportunista, pues si no aceptan el DIH, tampoco pueden acogerse a su conceptualización, cuando les parece que los favorece.

Adicionalmente, incluso sin esta confusión, lo cierto es que las Farc han acostumbrado a mentir sobre el tema.

Por ejemplo, en el libro de Jacobo Arenas, ‘Correspondencia Secreta del Proceso de Paz’ se encuentra una carta de fecha mayo 18 de 1983, dirigida por Alberto Rojas Puyo, miembro de la Comisión de Paz, a Miguel Pascuas, comandante del Frente 6, que dice: “…El comunicado por medio del cual los dirigentes de las Farc, encabezados por Manuel Marulanda, Jacobo Arenas y Jaime Guaracas, condenaron el secuestro, fue recibido como una esperanza por todo el país y levantó la moral de las fuerzas revolucionarias – a las cuales yo pertenezco –”. Y, en varias oportunidades se escuchó a Jacobo Arenas condenar el secuestro, considerándolo un “método de lucha contrarrevolucionario”.

Pero aquello nunca se cumplió. Ahora, las voces de ‘Colombianos y colombianas por la paz’ se parecen en mucho a lo escrito por Alberto Rojas Puyo, en lo que no se distingue entre la realidad y los deseos.

Así las cosas, el camino hacia la paz es confuso y su meta se nos revela lejana. Otra cosa sería si las Farc declarara su intención de respetar el Derecho Internacional Humanitario, al que el Estado está obligado, porque lo incorporó a la legislación interna durante el gobierno de César Gaviria. Pero no lo hace, pues el DIH descubre su doble juego y los llevaría a ser considerados como criminales de guerra, de persistir en sus múltiples violaciones.

Todo sería más sencillo si los dirigentes de las Farc entendieran que nadie les está pidiendo que abandonen los principios políticos por los que dicen que luchan, sino que continúen haciéndolo en el marco de la controversia democrática, como ya lo hicieron, con éxito relativo, agrupaciones como el M-19 y el EPL. Pero este camino, el más franco y honesto, parece que no lo quieren recorrer, ni ellos ni sus amigos.

Por otro lado, el Estado falla al no llevar el desarrollo económico y social a las regiones agrarias envueltas en el conflicto.

Así las cosas, la guerra seguirá y la paz no se encuentra cerca. No es bueno hacerse ilusiones.