No cabe olvidar ni dejar de censurar el abominable asalto terrorista a la isla de Gorgona, afrenta a Colombia y al mundo civilizado.
El ataque terrorista a la bella isla de Gorgona, atribuido a las Farc, aunque con el sello inconfundible del narcotráfico o, al menos, con su participación decisiva, ha acabado por considerarse pilatuna de orden secundario, no obstante haber sido asesinado el gallardo jefe de la precaria guarnición de policía del lugar, el teniente John Álvaro Suárez Carvajal, y resultado heridos seis de los hombres bajo su mando. Por las características de la geografía insular, no se imaginó que, siendo tesoro ecológico de la humanidad, pudiera trocarse en objetivo de alguna forma de violencia. Se olvidó que por su ubicación, muy cerca de las rutas del narcotráfico, estaba expuesta a sus zarpazos, directos o indirectos. Así acabó ocurriendo.
Mimetizada la operación en la conmoción por el secuestro de valiosas unidades militares, se aprovecharon las circunstancias para inferir daño colateral a la nación en donde menos pudiera pensarse. Contando con la pericia del narcotráfico en travesías marítimas, no se arredraron por la distancia ni por los riesgos bien conocidos de mares encrespados y plagados de tiburones. Era el momento de tratar de poner al Estado social de derecho contra la pared y de mostrar la propia suficiencia. A la mano se hallaban las guarniciones de policía que fueran más débiles frente a eventuales acometidas terroristas.
Mientras la autoridad legítima empezaba a devanarse los sesos pensando en la financiación del posconflicto, era el momento de lanzar otra agresión sin arriesgar el pellejo de los compañeros de alzamiento en armas. El tiro pareció salirles por la culata, a juzgar por la reacción colérica del país. Tanto más tratándose de la cobarde y sistemática ejecución de policías dondequiera que no contaran con apoyo militar inmediato o con fuerzas propias para repeler las embestidas criminales.
Menos mal que las preocupaciones financieras en torno de la vuelta a la paz se aliviaron con el hallazgo de cuantiosos bienes acumulados por las Farc, al favor de extorsiones ilícitas y de la práctica abierta o encubierta del negocio del narcotráfico, cuando no del despojo de tierras. En alguna parte se habrían refugiado o procurado refugiarse esos enormes capitales. Era la carta, muy valiosa, que no se había destapado en las conversaciones o negociaciones de La Habana. Váyase a saber si por táctica o por temor a la reacción de los directamente aludidos. Inquiérase si está proyectado gravar esos bienes con el ahora llamado impuesto a la riqueza.
Era de suponer que todos los focos estuvieran puestos en la liberación de militares y civiles cautivos de las Farc. Así ha ocurrido con la de los soldados en Arauca, víctimas de inicuo y largo secuestro. Así será con la del general Alzate y sus ocasionales compañeros de infortunio. Nada autoriza a mantenerlos privados de sus derechos fundamentales. En esa convicción, todos los colombianos esperamos ansiosamente que sean devueltos al pleno disfrute de sus derechos. Mientras ello no sea verdad resplandeciente, la causa de la paz estará en serio predicamento.
Lo cierto es que a ningún compatriota se lo puede privar sin justa causa y por autoridad competente de la libertad que las leyes garantizan, salvo en regímenes de facto distintos, al arbitrio de fuerzas al margen de la ley. Voces respetables no consideran las liberaciones acontecimientos extraordinarios y como tales dignos de celebrar, sino actos ineludibles dentro del marco de la legalidad democrática. Pero no por ello cabe olvidar ni dejar de censurar el abominable asalto terrorista a la isla de Gorgona, afrenta a Colombia y al mundo civilizado.
