En entrevista con La W, cuando Julio Sánchez Cristo le preguntó a Natalia Lizarazo –o Springer- por los demás contratos que tenía con el Estado, ella dio vueltas y vueltas, trastabilló, tartamudeó y se contradijo.
Cuando el periodista le pidió que concretara su respuesta, ella con total soberbia dijo que esos contratos fueron “cosas bastante pequeñas
una cosa muy incidental”.
Respecto a su vinculación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, trató de pasar de largo y se limitó a decir que con esa entidad “tal vez hice unos talleres”.
El 26 de marzo de 2012, entre Natalia Springer y María Gladys Valero Vivas –directora administrativa del ICBF- se suscribió un contrato que al ser leído con detenimiento se constituye en la evidencia de un verdadero asalto al erario.
Natalia Springer –que también responde al nombre de Natalia Lizarazo García- ha impostado un buen número de experiencias y conocimientos. A un magistrado del Consejo de Estado le aseguró que “yo soy jurista de la universidad de Viena y también doctora en jurisprudencia, por supuesto”. También ha dicho que fue instructora de la OTAN, organización que formalmente respondió que por allá nunca ha pasado ninguna profesora con ese nombre. A los del ICBF los tramó con el cuento de que es experta en temas relacionados con el reclutamiento forzado de menores y gracias a esa fantasía les sacó una suma considerable de dinero.
Esta es la historia que he podido confirmar con una ex alumna de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuando Natalia Lizarazo –o Springer- logró hacerse nombrar decana de la facultad de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas, escogió a un selecto número de estudiantes para que desempeñaran funciones varias –a uno de ellos le asignó el papel de jefe de protocolo de la señora decana-. Entre las múltiples tareas que les puso, estuvo la de realizar investigaciones sobre el fenómeno del reclutamiento forzado de menores de edad.
Sumando monografías, tareas de sus alumnos y otras cositas, la profesora Lizarazo –o Springer- copiló un estudio intitulado con este rimbombante nombre: “Como corderos entre lobos-del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia”.
En el “estudio” de la doctora Lizarazo se lee –página 60- que “el impacto de las inundaciones en el periodo 2010-2011 incrementó la afectación en todo el territorio, elevando en progresión geométrica la vulnerabilidad en los niños y niñas más expuestos a todos los efectos del conflicto armado”. Eso, en palabras sencillas, significa que, según la hoy contratista de la fiscalía Lizarazo, los aguaceros hacen que se agudice el reclutamiento forzado de menores.
Lo de ella no es más que una teoría y como tal puede ser compartida o rechazada. Lizarazo está en la libertad de inventar el cuento que quiera y eso no tiene nada de malo. Lo que no es aceptable es que se valga de sus fantasías para quitarle la plata al Estado.
En el contrato suscrito entre la doctora Lizarazo –O Springer-y el ICBF se lee que el objeto del mismo es el de “asesorar y liderar la socialización y divulgación del estudio relacionado con el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes para propósitos del conflicto armado y/o conspiración criminal, así como dar orientación sobre la identificación y vulnerabilidad de riesgo de reclutamiento”.
El contrato tuvo una vigencia de 3 meses y la doctora Lizarazo –o Springer- recibió la suma de 70 millones de pesos, es decir un poco más de 23 millones por mes. No es una cifra menor, pero ella, acostumbrada a suscribir contratos por miles y miles de millones, les dijo a los periodistas de La W que su trabajo con el ICBF fue algo “bastante pequeño”.
En tiempos en los que los niños Wayuu en la Guajira se mueren de hambre, cuando vemos el paupérrimo estado de las casas donde habitan los niños sin hogar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sí tuvo plata para darle a Natalia Lizarazo –o Springer- quien a cambio de los 70 millones, divulgó el cuestionable estudio que ella tenía preparado previamente y que insisto, fue elaborado en su gran mayoría por jóvenes universitarios a quienes ella les puso de tarea la realización de esa investigación que concluye que la lluvia propicia el reclutamiento forzado de menores.
Quisiera que el ICBF le cuente a Colombia por qué si tuvo dinero para regalarle a Natalia Lizarazo y no ha tenido recursos para atender la emergencia alimentaria de los niños Wayuu.
Finalmente, una pregunta a la doctora Lizarazo –o Springer-: ¿El motivo por el que usted rehúsa revelar los nombres de los supuestos expertos internacionales adscritos a su empresa contratista con la fiscalía es por que en realidad allí usted tiene trabajando a sencillos pasantes universitarios a los que les paga un millón de pesos al mes?
