El momento es tan difícil, que aun corriendo el riesgo de ser calificado como repetitivo, resulta necesario reiterar algunos planteamientos.

Con respecto al futuro de las conversaciones en La Habana, entre el Gobierno y las Farc, es indispensable tener claro que, históricamente, no ha sido posible concluir acuerdos con esa organización por culpa de sus acciones y de sus posiciones.

Timochenko y sus hombres dicen otra cosa, desde luego, así como lo hizo Tirofijo en el pasado.

Ellos insisten en que este es un proceso con profundas características políticas y el principal responsable es el Estado, y que las conversaciones se celebran entre dos partes iguales.

Lo que pretenden, entonces, es que se reconozca la legitimidad de lo que han hecho en ejercicio del derecho a la rebelión.

Esto quiere decir que su propósito consiste en que la nación, que ha sido ultrajada y victimizada con todos sus crímenes, les acepte que han tenido y tienen el derecho a cometer todo tipo de delitos y actos terroristas.

En esto hay que insistir hasta el cansancio, toda vez que la brecha que produce tal posición es inmensa.

Por eso afirman que el Estado no puede ser juez y parte, que no pagarán un solo día de cárcel, que toda la “maleza jurídica”, es decir, las normas nacionales e internacionales, debe ser erradicada, y que la verdad hará que se les reconozca su calidad de víctimas y no de victimarios.

Están en procura de construir una nueva legalidad que se ajuste a su lectura unilateral de la historia y a sus intereses para que, al final, se diga que el terrorismo tenía la razón cuando hizo lo que hizo.

La inmensa mayoría de los colombianos jamás aceptará tamaña pretensión arrogante.

También es claro, de otra parte, que, no obstante la gran cantidad de cicatrices y dolores que ha causado el terrorismo, Colombia siempre tiene abierta la puerta de la reconciliación en la medida en que a ella se llegue mediante la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ir construyendo los puentes para superar los abismos conceptuales toma tiempo y requiere la participación de otros actores.

Por esa razón, el mayor reto hoy es edificar las condiciones para que sea posible continuar conversando en Cuba, o en otro lugar.

Y la única manera de que se tenga algo de credibilidad, por parte de los colombianos, en las posibilidades de los diálogos, y paciencia para esperar los resultados, es que ellos se celebren sin que las Farc hagan, al mismo tiempo, terrorismo.

En esa convicción se origina la insistencia en el cese unilateral de fuego y hostilidades de las Farc con concentración y verificación capaz y experimentada.

Lo que se busca es que el país tenga seguridades, que las disfrute el proceso y que las reciban las Farc.

Un mecanismo de monitoreo o vigilancia con credibilidad y músculo político y económico sería, de hecho, una escala hacia el cese bilateral.

En las circunstancias actuales no se requiere que el Presidente tenga más facultades innecesarias, ni papeletas para poner plazos, con el fin recóndito de interferir en las elecciones regionales.

Tampoco se necesita buscar en octubre una sentencia política que ordene concluir los diálogos este año. Nada de eso se precisa, ni sería útil.

Urge sí que no haya violencia mientras se conversa. Ese sería un verdadero paso hacia la paz.