Como vamos, vamos mal

Es evidente que, más que la percepción, realmente la seguridad de los ciudadanos se ha venido deteriorando, como lo muestra una lectura de los promedios anuales.

Con la presentación de los resultados de las encuestas de la Red de ciudades Cómo Vamos del 2014, en materia de percepción de seguridad y victimización se hizo evidente que, más que la percepción, realmente la seguridad de los ciudadanos se ha venido deteriorando, como lo muestra una lectura de los promedios anuales.

Aunque la exposición de las conclusiones se concentró en la comparación de cada una de las 11 ciudades, llama la atención el promedio anual general que se registra desde el año 2006. Es el caso del promedio de los ciudadanos que han sido víctimas de un delito (victimización): en el 2006, era el 11 por ciento: creció a 17 por ciento en el 2010, bajó a 13 por ciento en el 2013 y volvió a aumentar a 17 por ciento en el 2014; es decir, en ocho años el número de víctimas creció en un 54 por ciento.

En lo que hace a la percepción de seguridad, el promedio bajó de 41 por ciento de los ciudadanos que consideraban las ciudades seguras en el 2006 a 34 por ciento en el 2014. En este caso, llama la atención cómo la percepción de seguridad en los barrios en los últimos cinco años mejoró: pasó de 40 por ciento de los ciudadanos que consideraban seguros sus barrios en el 2009 a 52 por ciento en el 2014.

Finalmente, cuando se les pregunta a los ciudadanos sobre la probabilidad de que los delitos sean sancionados, se pasa de 11 por ciento en el 2010 a 13 por ciento en el 2014; es decir, los ciudadanos consideran que existe una muy baja probabilidad de que el Estado sancione a los delincuentes.

Al cruzar estas cifras con la población total de las ciudades que han hecho parte de la Red de Ciudades Cómo Vamos en de 2014 (17.744.100), se tiene que 3’158.449 ciudadanos fueron víctimas de un delito el año pasado, frente a 1’795.548 en el 2006; en el 2014, solo 1’168.626 denunciaron el delito; 11’711.106 ciudadanos consideraban las once ciudades inseguras, y el 87 por ciento de los ciudadanos (15’437.367) consideraban que los delitos no iban a ser sancionados.

Tales cifras muestran la magnitud del problema y, como se puede ver en el informe, el deterioro de la seguridad, especialmente en las ciudades, comenzó desde el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe, gobierno que tuvo buenos logros en la reducción de la violencia homicida y en el control de los actores armados; pero, ante la falta de una política pública de seguridad ciudadana, los resultados no fueron los mismos y hasta ahora no se han logrado reducir los delitos que afectan a las personas en las calles.

Para solucionar la situación de inseguridad actual, es necesario reconocer su complejidad. Desde finales del siglo pasado, a los inconvenientes tradicionales que afectaban la seguridad en las ciudades se sumaron las actividades del crimen organizado transnacional, en particular del narcotráfico, que dinamizó otras actividades conexas como el sicariato, que ha pasado de ser una práctica exclusivamente asociada al narcotráfico a convertirse en una acción criminal que se usa para solucionar disputas; la extorsión indiscriminada, que afecta a todos los sectores sociales; la disputa violenta de territorios por el control del microtráfico y negocios ilegales y cuasi legales, como prostitución, juegos de azar (casinos), máquinas tragamonedas (en negocios de barrio) y los préstamos ilegales llamados ‘pagadiarios’.

Frente a esta complejidad, se requiere que el Gobierno Nacional actualice y ejecute la política de convivencia y seguridad que diseñó en el anterior periodo, defina la institucionalidad para la gestión nacional de la política pública, trabaje en coordinación con la Fiscalía, los jueces y con todos los alcaldes, y resuelva la cuestión carcelaria, que se ha constituido en uno de los focos más importantes de inseguridad.

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