Analistas señalan que la Corte Penal Internacional tiene los ojos puestos en Colombia y no permitirá que los jefes guerrilleros no paguen ni un solo día de cárcel por sus crímenes.

Por más acuerdo que haya en La Habana entre el Gobierno y las Farc para decretar el fin del conflicto armado y por más que los colombianos avalen en un referendo lo pactado por las partes, la justicia internacional no permitirá que haya impunidad total en Colombia en aras de la paz.

Así lo manifestó la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda en una reunión con el fiscal Eduardo Montealegre y así lo han entendido varios analistas que ven en el derecho internacional un obstáculo a la pretensión de los jefes guerrilleros de no pagar un solo día de cárcel y por ende una talanquera al proceso de paz de La Habana.

Y es que el tema no admite mayor discusión. El Estado colombiano suscribió el Tratado de Roma, que fue constitutivo del sistema de justicia internacional, con el que se comprometió a perseguir, juzgar, condenar y castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra.

Para el exfiscal general Francisco José Sintura, Colombia es un país en observación por parte de la CPI y si llegara a dar amnistía o indulto a los autores de crímenes de lesa humanidad o a cambiar la cárcel por penas administrativas como cuidar parques, entraría a operar el sistema de justicia internacional, que está por encima de la justicia local.

“No es que la CPI vaya a ser un obstáculo para la paz en Colombia, sino que el país se suscribió a unos convenios internacionales y lo que ha hecho la fiscal de ese tribunal es recordar que el Estado está obligado a honrar esos compromisos y que si no lo hace, entrarán a operar”, indicó Sintura.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, la justicia internacional está facultada para entrar a operar en cualquiera de los países miembros para garantizar que se castigue a individuos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión y genocidio, en casos donde la justicia local se ha quedado corta en las penas.

El senador y politólogo Alfredo Rangel recordó que esa advertencia ya la había hecho antes la fiscal de la CPI y aseguró que sus declaraciones deben ser un referente a la hora de reglamentar el Marco Jurídico para la Paz.

“Hoy en día casi la totalidad de los integrantes del Secretariado y del Estado Mayor de las Farc han sido condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad y el Estado no puede levantar esas condenas y ofrecer impunidad porque la CPI entraría a hacer justicia”, aseguró Rangel.

No en pocas ocasiones las Farc han señalado que no están dispuestas a pagar un solo día de cárcel, lo que, según los analistas, podría dar al traste con las negociaciones en Cuba si insisten en esa posición. “Eso no es ni siquiera un inamovible sino un impedimento”, dijo Sintura.

Sapos y otro bocados

En repetidas oportunidades el presidente Juan Manuel Santos ha señalado que el país deberá ceder en materia de justicia y tragarse algunos sapos a fin de alcanzar la paz con las Farc. El más grande de esos sapos, según los analistas, sería permitir que los jefes guerrilleros no paguen con cárcel los delitos atroces que han cometido.

Ayer el Mandatario se refirió nuevamente al tema y aseguró entender el rechazo que ha generado en la opinión pública la presencia de nuevos jefes guerrilleros en La Habana e indicó que todo es parte del mismo esfuerzo por la paz.

El Jefe de Estado consideró que el proceso de paz pasa por un momento crucial, donde si no se logra avanzar, la alternativa será más décadas de guerra y víctimas en Colombia.

“Yo sé que es difícil para mucha gente ver a estos personajes que han causado tanto daño allá (…) son sapos grandes los que uno se tiene que tragar, pero es la forma de llegar a la paz”, señaló.

Aunque el Mandatario no se refirió a las declaraciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, sí trató de contrarrestar el tema subrayando el respaldo que ha recibido de la comunidad internacional y de varios gobiernos.

“Hay gran interés de la comunidad internacional especialmente por los efectos que puede tener la paz en la región”, señaló el Presidente al anticipar detalles de la maratónica gira que emprenderá desde este 1 de noviembre por seis países de Europa para buscar apoyo para el proceso de paz.

“Voy a entrevistarme con 6 jefes de Estado y dos reyes en 5 días (…) este es el momento donde necesitamos más apoyo político y que ese apoyo se traduzca en actos concretos como la creación del fondo para el posconflicto”, dijo Santos.

La creación del fondo fiduciario de la Unión Europea permitiría que países extracomunitarios puedan ayudar a Colombia con recursos para proyectos que soporten la ejecución del acuerdo final.

Insiste en sus críticas

Pero quien no esta dispuesto a tragar entero en aras de la paz es el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien le pidió al fiscal Eduardo Montealegre dejar de buscar impunidad para las Farc. Lea aquí: "El palo en la rueda del proceso de paz lo ponen las Farc": procurador Ordóñez.

“El señor Fiscal General no debe perder más tiempo buscando escenarios de impunidad, sino que debe convencer y hacer la pedagogía necesaria a los señores de las Farc para que entiendan que impunidad absoluta no puede haber, así el Estado quiera. Habrá penas razonables, reducciones sustanciales como lo hubo en Justicia y Paz y ellos deben estar dispuestos a admitirlo si se tiene una real voluntad de paz”, dijo Ordóñez.

En ese sentido, el Procurador advirtió que es una utopía que los integrantes de las Farc no paguen un día de cárcel, y aseguró que la posición de la CPI es la misma que la Procuraduría ha tomado desde hace dos años.

“La Procuraduría ha dicho que debe haber penas privativas de la libertad y no impunidad. Se lo dijo la Fiscal de la CPI al Presidente de la Corte Constitucional, se lo dijo al Procurador, se ha reiterado en la academia. Esto demuestra que no es un capricho del Procurador; que el Procurador no está poniendo palos en la rueda”, agregó Ordóñez.

El Partido Conservador secundó las declaraciones de Ordóñez y a través de una carta abierta le pidió al presidente Juan Manuel Santos que conforme un espacio institucional en el que se tengan en cuenta múltiples opiniones y propuestas sobre el proceso de paz.

El jefe de la colectividad, David Barguil, señaló que: “Queremos plantear la necesidad urgente de abrir un diálogo nacional de paz, en donde tengan asiento no solo quienes apoyan el proceso sino quienes han mantenido oposición o han mantenido fuertes críticas”.