El excandidato presidencial del Centro Democrático rechaza el editorial del pasado lunes, presenta su propia interpretación del alcance que tuvo el archivo de su caso por parte de la Fiscalía y explica las bases que sostienen su teoría de que hubo una infiltración de la inteligencia del gobierno Santos en su campaña.
Quisiera manifestar mi enérgico desacuerdo con el editorial “Óscar Iván Zuluaga y el hacker Sepúlveda” (El Espectador, 01-16-17). En consecuencia, le solicito que disponga la rectificación del mismo a la luz de las siguientes consideraciones:
1. El Editorial tiene por interés evidente minimizar el impacto político y mediático de una decisión que es a todas luces favorable a mi persona: una orden de archivo que confirma mi inocencia en este caso. Dice el editorial, abdicando de toda precisión informativa, que “Lo claro, no obstante, es que se llevaron a cabo hechos ilícitos. Que ninguno de los involucrados ignore ese hecho”.
Si bien es cierto que Andrés Sepúlveda se reconoció culpable de una serie de delitos, es falso que se trate de aquellos que la Fiscalía y la prensa repetida e injustamente atribuyeron a mi campaña. En palabras del exdirector del CTI Julián Quintana en entrevista reciente a La W Radio, “la hipótesis que tenía la DNI era que se estaba espiando el proceso de paz, cosa que jamás se pudo comprobar en la investigación. Las personas ahí relacionadas fueron condenadas por el tráfico de información, pero no por interceptar el proceso de paz. ¡Eso es mentira!”.
2. Su periódico nos ha atribuido responsabilidades de índole penal con total ligereza. El archivo de una indagación penal sólo puede producirse cuando no existe el más mínimo rastro de que la persona ha cometido un delito. Esa fue la decisión que se produjo. Soy inocente, sin ninguna cortapisa o matiz. Siempre lo he sido.
3. También es inocente, así su periódico insinúe lo contrario, mi hijo David Zuluaga. No sólo tiene David derecho a que así usted lo presuma, pues no ha sido condenado, sino que, además, el exdirector del CTI que lideró toda la investigación sobre nuestra campaña ha dicho judicial y extrajudicialmente que hasta el día en que salió de su cargo, no existía evidencia que permitiera imputarle delito alguno.
También es inocente Luis Alfonso Hoyos, aunque la Fiscalía de Montealegre decidiera imputarle cargos ante un juez. No habiendo sido condenado aún, su presunción de inocencia continúa intacta. No hay “prueba” alguna en su contra distinta de la visita pública y de buena fe que realizó al canal RCN.
4. Por último, es al menos irresponsable calificar la “tesis” de la infiltración como un “discurso sin fundamento”. Nuestra certidumbre de que fuimos criminalmente infiltrados por la inteligencia del gobierno Santos se funda en hechos como los siguientes:
(1) Rafael Revert era fuente paga de la Dirección Nacional de Inteligencia desde antes del primer contacto de la campaña con Andrés Sepúlveda;
(2) El anónimo que da inicio a la persecución judicial en nuestra contra fue entregado personal y sospechosamente por el almirante Echandía a Eduardo Montealegre y Julián Quintana el día antes de hacerse pública la denuncia de los 12 millones de dólares de alias Comba en la campaña Santos 2010;
(3) Ha mentido el almirante Echandía al decir que no tenía conocimiento de que Sepúlveda trabajara para la campaña, cuando el anónimo que entregó (revelado por Noticias UNO) incluye seguimientos minuciosos a las actividades y desplazamientos de Sepúlveda y su esposa;
(4) El video ilegalmente grabado de mi única visita a la oficina de Andrés Sepúlveda resultó de instrucciones directas de Bambino y Charly, agentes de inteligencia ambos, a su fuente paga, Rafael Revert, quien por ese motivo recibió pagos ya revelados por la revista Semana.
(5) El video en cuestión fue alterado antes de su filtración a la revista Semana, tal y como han señalado diferentes peritajes (y como incluso se colige de una comparación detallada con la versión publicada semanas después por el diario El Tiempo). Está probado que el video estuvo durante un mes en manos de Revert —permanentemente monitoreado por la DNI— sin ser entregado a la cadena de custodia de la Fiscalía.
(6) Antes de que Julián Quintana asistiera a la Corte Suprema de Justicia para revelar el rol de Echandía en la infiltración, fue abordado por este último y recibió ofrecimientos burocráticos a cambio de su silencio.
Estos hechos de público conocimiento bastarían y sobrarían a un medio independiente para, al menos, abstenerse de absolver de un plumazo al gobierno de turno.
En todo caso, la Fiscalía solamente se pronunciará sobre la infiltración a mi campaña cuando estudie la denuncia que presenté en noviembre de 2016.
