El ministro de Salud envió una carta pública solicitando la elevación de los recursos del sector mediante la contribución especial a las gaseosas y al alza de las cotizaciones de personas con más de cinco salarios mínimos.
Algunos miembros de la Comisión Fiscal revelan un hueco de $ 9 billones y sugieren subsanar la mitad con mayores recaudos tributarios y la otra con una reducción del gasto. Por su parte, el ministro de Hacienda anuncia que reunirá todas las propuestas para presentar un proyecto de reforma estructural al Congreso.
El debate sobre las causas y soluciones del aumento del déficit en cuenta corriente sigue en vilo. En un principio se dio por hecho que se trataba de un fenómeno pasajero que se compensaría por la devaluación y la consecuente reorientación de la producción hacia las exportaciones y a sustitución de importaciones. Sin embargo, la presunción no se cumplió. La devaluación supera el 50% en el último año y las exportaciones caen 40%. La reducción de las importaciones no proviene de una sustitución de la producción doméstica sino de la reducción de la actividad industrial. Aún más evidente, el déficit en cuenta corriente aumentó en el primer trimestre hasta 7% del PIB y continuará haciéndolo en lo que resta del año. Todo el impacto del desbalance externo ha recaído en la producción y el empleo. El crecimiento del producto desciende en forma acelerada y llegará a 2% al final del año.
El principal obstáculo para una política compensatoria es el debilitamiento de la estructura fiscal. La reforma tributaria de 2011 se presentó como un cambio neutral en que unos rubros subían y otros bajaban, y resultó en una caída cuantiosa de los recaudos con respecto a la tendencia histórica. La reforma fiscal de 2013 se orientó a subsanar el hueco fiscal de $8 billones, es decir la diferencia entre los gastos y los ingresos proyectados, causado por la reforma fiscal anterior y fue totalmente contrarrestada por la caída del impuesto a la renta proveniente del desplome de los precios del petróleo. Las cifras más recientes señalan que los recaudos crecen menos que el PIB. Así las cosas, el Gobierno se encuentra en la encrucijada de una política fiscal contractiva, bien por la vía de la elevación de los ingresos tributarios o por el recorte del gasto, para cumplir con la regla fiscal. Hasta el momento se ha inclinado por la última, dejando la otra a la incertidumbre.
El descuadre del sector salud no es menos significativo. Cuando se divulgó la ley 100, se esperaba que la fuerte competencia condujera a las EPS a transformar las cotizaciones en gastos efectivos. La realidad ha sido muy distinta. Debido a la información asimétrica, las EPS adquieren poderes monopólicos que les permiten entregar el monto de los servicios que les reportan la máxima ganancia. Luego de las múltiples reformas, el sistema opera con erogaciones mayores a los ingresos y la diferencia se cubre postergando las deudas a los hospitales y trasladando parte de los gastos especializados al Fosyga. Mientras persistan estas condiciones, el Gobierno se verá presionado a decretar alzas de cotizaciones que no llegan a los usuarios ni tienen cuándo terminar.
El grado de maniobra sobre la economía se ha reducido. El sistema está abocado a un ajuste recesivo inducido por el aumento del déficit de la balanza de pagos y la baja respuesta a la devaluación y se verá agravado por la austeridad fiscal y las fallas del sistema de salud. Los efectos traumáticos sobre la producción y el desempleo todavía pueden detenerse dentro de un marco de intervención en el tipo de cambio, tratamiento distinto a las exportaciones industriales y agrícolas, la revisión arancelaria y la ampliación del déficit fiscal.
