Colombia, como se ha dicho tantas veces desde hace décadas, podría ser una potencia agrícola si se lo propusiera. Esta afirmación cobra hoy más vigencia que nunca puesto que, en los próximos años, la demanda mundial por alimentos será vertiginosa a raíz del crecimiento poblacional a nueve mil millones de habitantes en el orbe.

Dicen los expertos, de otra parte, que el país podría producir decenas de miles de toneladas de alimentos adicionales al año. Es, por supuesto, una cifra seca por cuanto no es mucho lo que se hace para alcanzarla.

Por el contrario, el país es un importador de granos, en buena parte para abastecer la industria avícola. Lejos, pues, está de convertirse en la despensa alimentaria que por vocación debería ser.

Al mismo tiempo la nación solo tiene siete millones de hectáreas cultivadas, según cifras sorpresivas del censo correspondiente. Es, desde luego, un porcentaje ínfimo de las 114 millones de hectáreas que se encuentran en el territorio continental.

La mayoría de Colombia, no obstante, corresponde a reservas forestales. Un 55 por ciento del territorio está cubierto de bosques. De hecho, alrededor del 42 por ciento del país hace parte de la cuenca del Amazonas y el Orinoco, en lo que muchos llaman terreno selvático. Hay allí, por descontado, una gran cantidad de recursos genéticos que podrían servir para la medicina y otros productos de gran recibo internacional. Es muy poco, sin embargo, lo que se ha avanzado en la materia por cuanto la mayoría de estas regiones requieren de consulta étnica para poder pensar en la comercialización, trámite que hoy está prácticamente paralizado, pese a la riqueza de la biodiversidad.

En tanto, los rubros agrícolas se han visto decrecer en el presupuesto nacional hasta el punto de que para 2017 se castiga la inversión en 41 por ciento.

Mucho del dinero de presupuestos anteriores ha servido, antes que para realizar una política agraria sostenida, para apagar los incendios de los diferentes paros, sin que los compromisos se hayan podido cumplir en su totalidad. Al contrario, el Ministerio de Agricultura se ve a gatas para ejecutar lo acordado y no es secreto que se viene gestando un nuevo paro agrario en caso de no saldar los nuevos pactos.

De otro lado, el país tiene una gran oportunidad de desarrollo agrícola en la estructuración y modernización de la altillanura, en la Orinoquía. Hay allí al menos cinco millones de hectáreas que, con grandes inversiones privadas, podrían adecuarse para surtir el mercado nacional e internacional. Existe el problema de la adjudicación de los baldíos y las circunstancias jurídicas que perviven sobre las tierras de la zona. También se registra una parálisis productiva que apenas si se ha logrado medio equilibrar con la ley de las Zidres, no obstante demandada en estos días. De modo que permanecen en suspenso tanto las viejas como las nuevas inversiones.

Asimismo, uno de los puntos fundamentales de La Habana consiste en el convenio de cultivar al menos tres millones de hectáreas nuevas. Las Farc han dicho que aquel no es el número, sino veinte millones de hectáreas. En todo caso, cultivar sólo tres millones de hectáreas nuevas, en el país, requerirá un gigantesco esfuerzo financiero que, ciertamente, no se otea en el horizonte en medio de la crisis fiscal.

No es, por descontado, con las donaciones para la paz provenientes del exterior que puede avanzarse en un plan de semejante magnitud. De suyo, una gran cantidad de los recursos comprometidos internacionalmente tienen una destinación estrictamente ambiental, como el en caso del parque Chiribiquete. Habrá programas específicos como el de la ganadería silvopastoril, pero ello no pasará de ser, al corto y mediano plazos, apenas un polo de desarrollo.

Como ya lo comienzan a decir diversos analistas el punto primero del acuerdo de La Habana, sobre agricultura, no tiene a hoy financiación posible. Con el presupuesto del ministerio respectivo prácticamente en la lona para atender el día a día, mucho menos se vislumbra un andamiaje financiero viable en los próximos años.

Suele creerse que el Estado lo puede todo y verá la manera de conseguir la financiación. Pero no hay que llamarse a engaños. El sensible tema agrícola y ganadero, con o sin acuerdos de La Habana, está pasando por una de las peores épocas de que se tenga noticia.