La amnistía y el indulto otorgado por el Estado colombiano al M-19 se está convirtiendo, por obra y gracia de las circunstancias, en un galimatías. La iniciación de investigaciones tendientes a reconsiderar esos beneficios obtenidos legítimamente por los exguerrilleros en una negociación con el gobierno Barco -y refrendados por ley del Congreso-, muestran que en materia jurídica, para la Fiscalía, nunca se habrá dicho la última palabra; que para Montealegre la cosa juzgada es una frase hueca y que el principio de favorabilidad es un espejismo.

¿Cuál es la situación? En 1989 se promulgó una ley de amnistía e indulto al M-19; con ello se cerraba la negociación de paz con el gobierno del presidente Barco. Quienes gozaron de los beneficios (es decir, quienes no estuviesen condenados por delito distinto a la rebelión y delitos conexos) se vincularon a la organización política fundada a partir de la desmovilización, Alianza Democrática M-19. Les fue bien en las presidenciales (Navarro, quien remplazó a Pizarro, asesinado en plena campaña, superó al candidato del partido Conservador); obtuvieron la más alta votación para la Constituyente e hicieron una aparición respetable en las elecciones para Congreso de 1991.

En mayo de 1992, cuando Navarro, Rosemberg Pabón y otros eran ya unos conspicuos exconstituyentes y Vera Grave, Everth Bustamante, entre otros, actuaban como senadores, se produjo una decisión judicial intempestiva y absolutamente impredecible: una jueza ordenó la captura de la cúpula del M-19 para que respondieran por la toma del Palacio de Justicia, hecho criminal acaecido en noviembre de 1985.

Según la funcionaria, ese delito no podía haber sido cobijado por la amnistía o el indulto. Hagan una composición de lugar: 1) un proceso de paz exitoso encumbró a una dirigencia guerrillera. 2) tanto el Estado como la organización ilegal han cumplido sus compromisos. 3) la opinión pública ha avalado con sus votos el proceso de inmersión. ¿Qué hacer frente a una decisión judicial que ponía un palo en las ruedas de tal éxito?     

La respuesta la dio el senador Álvaro Uribe. Propuso que una ley incluyera específicamente como hechos a indultar y amnistiar los relacionados con la toma del Palacio. La respuesta del Congreso fue unánimemente favorable y se dictó la tal ley que Navarro bautizó como de “reindulto”. Las aguas volvieron a su cauce y la reinserción del M-19 pasó a ser un hito para referirse a procesos de paz exitosos.

Pero la dicha no dura y siempre habrá fieras dispuestas a devorarse a sí mismas, uróboros, como las llama la mitología: un guerrillero del M-19, René Guarín, beneficiado con el indulto, alegando la desaparición de su hermana (abogada graduada que había renunciado a su cargo en una entidad del Estado para “ascender” a cajera en la cafetería del Palacio), se erigió en “representante de las víctimas” y tomó como objeto y compromiso de vida llevar a la cárcel a los militares “verdugos” que dirigieron el combate contra los asaltantes del Palacio. La iconografía de Guarín grafica y sintetiza el cinismo y la intransigencia. Él, que secuestró y, posiblemente, mató, a nombre de la revolución, desarrolló (con éxito, por lo demás) una campaña intransigente de persecución a las figuras militares que estuvieron en el operativo de recuperación del Palacio.

Guarín nunca dejó constancia de que él era parte interesada puesto que había militado en la guerrilla que ofendió a la Justicia. Agredió física y verbalmente a un militar pundonoroso y leal, al coronel Plazas, y no descansó hasta verlo humillado tras las rejas.

Venganza. Ese es el nombre de la acción; nunca justicia. Y, claro, una acción injusta como la de Guarín y sus cómplices -en el foro y en la judicatura-, tuvo una acción respetable y entendible: familiares de los policías muertos en la acción del Palacio piden que a los militantes del M-19 también se les investigue.

Montealegre, politiquero y mediático, en lugar de intervenir para que las Cortes y la propia Fiscalía ponga coto a las injusticias contra los oficiales del Ejército perseguidos por victimarios fanáticos como Guarín, abre otro frente de injusticia: negar la cosa juzgada y el principio de favorabilidad que cobija a los indultados.