Las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain( con que Venezuela busca asentar soberanía de facto sobre territorios en disputa con Colombia y Guyana son copia fiel de las Zonas de Defensa e Identificación Área que China estableció en noviembre de 2013 sobre las islas Senkaku en disputa con Japón y Taiwán. Seguidamente, en mayo de 2014, sobre el archipiélago de islotes (de estructura geológica similar a Los Monjes) en disputa con Taiwán, Filipinas, Vietnam y Malasia. Todas con riqueza petrolera y gasífera.
Las creaciones china y venezolana son a su vez copia ventajosa y ampliada -destinada a establecer abusiva y unilateralmente derechos soberanos- de la figura denominada Zona de Defensa e Identificación Aérea establecida por EE.UU. pasada la Segunda Guerra que faculta a guardias áreas y marítimas la interrogación de coordenadas, procedencias y destinos a las tripulaciones de aeronaves comerciales y opera únicamente en Alaska, Guam y Hawaii. Canadá, Japón y Corea del Sur las tienen asimismo con fines de exclusiva vigilancia fronteriza. China y Rusia no reconocen las zonas instituidas por Japón.
China elaboró su versión de zona y sin que le temblara la mano procedió a levantar anexos insulares artificiales a los islotes en las islas Spratly. Sobre estas megaestructuras en acero y concreto reforzado se vienen construyendo pistas -literales aeropuertos- con fines militares y de explotación económica. En sus aguas reposan 55.1 trillones de pies cúbicos de gas natural y 5.4 trillones de barriles de crudo. Todo esto viene ocurriendo de cara a estupor de todos los medios globales. No de los nuestros.
Venezuela se ha opuesto a toda perspectiva de arreglo amigable desde el Laudo Arbitral de la reina María Cristina de España (1891) por el cual se determinó a grandes trazos la frontera entre los dos países. El laudo, basado en el Tratado Arosemena-Guzmán, atribuye territorios pero no dirime la totalidad de hitos del trazado, en especial el número 1, conocido como Castilletes. Hasta hoy subsiste el problema.
Varios han sido los esfuerzos a partir de la Declaración de Sochagota (1969) auspiciada por el presidente Carlos Lleras y su canciller López Michelsen: conversaciones en Roma (1970-73), Hipótesis de Caraballeda (1980), preacuerdos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Se nos entretiene con diálogos que terminan en negativas rotundas o silencios abismales.
Tras el incidente de la Corbeta Caldas (1987) se nos instituyó una costa seca ilegal. El Golfo de Coquivacoa, en las áreas que son colombianas, nos es vedado. Lo dijo el senador Rodrigo Marín Bernal (Semana, 26/10/1987), después de visitar el área: la costa seca no es especulación jurídica. Hoy lo puede comprobar quien trate de adentrarse en el Golfo.
Casi 30 años después es necesario aseverar que se nos impuso a las malas un hecho jurídico ilegal. Ahora, con las tales zonas de defensa se le trazan coordenadas unilateralmente. El Laudo María Cristina indefinido en su parte más sensible, la marítima, nos lo terminará de trazar Caracas, como vamos.
Poco después del Laudo se celebró un tratado entre el canciller Jorge Holguín y el enviado venezolano en Colombia Silva Gandolphi (administración Caro). El tratado, por fortuna jamás ratificado, delineaba e identificaba trazados e hitos y le obsequiaba graciosamente a Venezuela buena parte de nuestra Guajira (ver denuncia de Carlos Martínez Silva, Prosa Política, Editorial Minerva, 1940, p- 77).
El actual Gobierno debe actuar con firmeza dentro del derecho internacional. Como lo hicieron el presidente Andrés Pastrana y su canciller Fernández de Soto cuando la Asamblea Constituyente de Venezuela (1999) quiso declarar nulos todos los laudos y tratados fronterizos suscritos con Colombia: hubo puño firme, persuasivo y templado bajo liderazgo presidencial. La soberanía no puede negociarse ni esperar correcciones de quien la ha transgredido tan gravemente.
