El pecado de ser inocente

Tendremos una justicia que dará beneficio a los autores de crímenes atroces como los de Bojayá y El Nogal y dejará tras las rejas a los militares que los han combatido con rectitud y valor.
Definitivamente, hay militares que no aceptan confesar culpas. ¿Saben ustedes por qué? Porque no las tienen. Han sido detenidos, enjuiciados y condenados por culpa de una amañada justicia en la cual todavía juegan un papel determinante fiscales, jueces y colectivos de abogados muy cercanos a las Farc.

Conozco muy bien los casos de los generales Uscátegui, Arias Cabrales, Rito Alejo del Río y de los coroneles Plazas Vega y Mejía Gutiérrez, entre otros. Son de verdad aberrantes. Aunque sobre ellos he escrito columnas y páginas enteras en este diario, hoy debo volver a hacerlo porque, tal como están las cosas, pueden ser víctimas de la tan cacareada justicia transicional y del misterioso acuerdo entre las Farc y el Gobierno, redactado en Bogotá por Álvaro Leyva e Iván Cepeda, aprobado en La Habana por ‘Timochenko’ y cuestionado con secreta irritación por Humberto de la Calle.

Al parecer, la rebelión y sus delitos conexos, como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, van a ser beneficiados con una generosa amnistía. Los delitos de lesa humanidad –que para la mayoría de los colombianos son todos los que suele cometer la guerrilla– tendrían penas de ocho años de la llamada piadosamente restricción de la libertad para las Farc y de cárcel para civiles y militares, todo ello a condición de confesar sus culpas. Si esto último no lo cumplen, la condena será de más de veinte años de prisión.

Entre los militares más emblemáticos que pagan años de prisión, el primero en reaccionar fue el general Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años por la masacre de Mapiripán, cuando él no tenía jurisdicción alguna sobre este municipio. Además, muchas de las supuestas víctimas de tal acción paramilitar han resultado falsas. Uscátegui ha declarado que estaría dispuesto a aceptar un tribunal de justicia transicional a condición de que se abra un espacio para revisar casos como el suyo y tenga una nueva oportunidad de demostrar su inocencia. ¿Habrá alguna posibilidad de que esto ocurra? Para ser sincero, lo dudo.

Igualmente arbitraria e injusta ha sido la condena del coronel Alfonso Plazas Vega. Está basada en una falsa declaración que le imputa desapariciones y otros delitos durante los sucesos del Palacio de Justicia. Tales cargos se derrumbaron cuando el supuesto autor de tal documento, Édgar Villamizar, declaró ante la Procuraduría que nunca lo suscribió y que no conocía a Plazas Vega. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Guillermo Salazar Otero, quien revisó el recurso de casación presentado por el abogado de Plazas, ha propuesto su absolución, sin que, inexplicablemente, este fallo haya sido sometido a votación por la Sala Plena de la Corte.

Otra injusticia aterradora es la que se ha cometido con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Su historia, relatada en el libro ¿De héroe a villano?, de próxima aparición, es a la vez apasionante y terrible. Apasionante porque en ella, tras relatarnos sus heroicas acciones en el Putumayo, Cesar, las selvas del Caquetá y el Sumapaz, se comprende que haya sido calificado como el mejor soldado de América. Terrible porque Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo, cuando eran respectivamente ministro y viceministro de Defensa, le dieron crédito a una falsa acusación del exsargento Edwin Guzmán, sin reparar en que con ella este delincuente, prófugo de la justicia, se estaba vengando de Mejía Gutiérrez por haberlo denunciado y hecho detener al descubrir que vendía armas, municiones y pertrechos a grupos ilegales en el Cesar.

¿Qué reparación podrían tener tales injusticias? No nos engañemos: con los oscuros manejos que se están tejiendo en La Habana, tendremos una justicia que dará beneficio a los autores de crímenes tan atroces como los de Bojayá y El Nogal y dejará tras las rejas a los militares que los han combatido con rectitud y valor.

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