El Gobierno debería tomar una decisión muy simple: que las licencias vencidas para conducir vehículos de servicio público sean válidas para conducir vehículos particulares.

Y entre porro y porro. Así parece el devenir del Estado colombiano. Y no lo digo en referencia a la exhortación –oportuna, por cierto– del procurador Ordóñez a los farianos que aún no salen del clóset; esos que suelen disgustarse cuando se sugiere su militancia, a pesar de que el plumaje los delata. Tampoco lo hago en referencia a la epístola que el pistolero ‘Timochenko’ le escribió a Santos, donde opina que la democracia colombiana es una “vergüenza”, cuando buena parte de la culpa es de la pandilla que él mismo conduce.

Claro que, no tan en el fondo, sí es una vergüenza que a la ciudadanía se la mantenga de aquí para allá, como a un hatajo de pendejos, desfilando por oficinas públicas donde se les esquilman unos pesos por una razón u otra. La queja podría hacerse en referencia a decenas de causas distintas, unas más graves que otras –como los trámites de salud y pensión–, pero este caso resulta ser bastante representativo.

Hace años nos vienen metiendo el cuento de que el ‘pase’ o licencia para conducir debía modernizarse para evitar su falsificación. Ello echó por tierra la decisión tomada en otra administración de abolir el engorroso trámite de renovarla periódicamente. También dejó al descubierto una suerte de improvisación similar a la evidenciada en el cambio de cédulas: pases verdes, blancos, amarillos, con fecha de vencimiento, sin fecha, etc.

Como el gobierno de Santos se dio cuenta de que someter a millones de colombianos a ese cambio era un asunto inane, y que, por demás, iba a desnudar otra vez la ineficiencia decimonónica del Estado, cosa que ocurre cada que nos obligan a empadronarnos en esos registros inútiles como el RUT o el Runt, decidió cobijar este asunto en la Ley Antitrámites (Decreto 019 del 2012), más para evitarle un nuevo colapso al Estado que para facilitarles la vida a los ciudadanos. Pero, como en el cuento de Monterroso, cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí.

Resulta que la ley amplió por 10 años la vigencia de los pases para conducir vehículo particular, exceptuando a los mayores de 60 y 80 años, para quienes el pase será vigente por periodos de 5 y 1 año, respectivamente. Luego, esas licencias (categorías 02, B1, B2 y B3) están vigentes hasta el año 2022, y no necesitarían renovarse a menos que se necesite un cambio de categoría o tener una tarjeta vigente que no inhabilite al titular para conducir en el extranjero.

Lo malo –sin conocer las cifras exactas– es que hay decenas de miles de conductores de vehículo particular que, a pesar de que jamás han conducido vehículos de servicio público, ni han solicitado que se les expida una licencia para ese fin, tienen pases de categorías que corresponden al servicio público y no los cobija la extensión de la vigencia que contempla la Ley Antitrámites. Todo por la vieja costumbre de subirle la categoría a la persona cada que renovaba la licencia, por lo que era común llegar a tener pase de décima sin tener la más mínima experiencia para conducir una tractomula.

Como la solución quedó coja, el Gobierno debería tomar una decisión muy simple: que las licencias vencidas para conducir vehículos de servicio público sean válidas para conducir vehículos particulares en los mismos términos contemplados en el decreto en mención.

Esto, no por ahorrarles a miles de colombianos los cerca de 200.000 pesos que se les quieren arrebatar, sino, ante todo, porque el cambio de licencias no sirve para nada. Son acciones concretas, como multas, retiro de la licencia y penas privativas de prisión, las que podrán evitar situaciones realmente lamentables como las ocasionadas por esos insensatos que insisten en ponerse al volante, entre copa y copa.