Calmados los vientos de la tormenta artificial que sobre las relaciones binacionales desataron las maniobras políticas de Santos y la incontinencia verbal de Maduro, bien vale la pena examinar qué originó y qué intenciones había detrás de la más grave, pasajera y reciente crisis de las relaciones del actual gobierno colombiano con el chavismo.

Primero, los hechos: Santos recibe a Capriles en una audiencia privada, no oficial, y la Presidencia distribuye una foto del encuentro que es publicada en todos los diarios. Viene la esperable reacción airada de Maduro y sus áulicos internos, y la amenaza de revisar el conjunto de las relaciones binacionales. En medio de la tensión, Santos anuncia que Colombia va a “ingresar” a la OTAN, lo que provoca un obvio incremento de la ira de los chavistas, ahora acompañados de sus áulicos en la región. Luego Santos recula, su ministro de Defensa lo corrige y la tormenta se calma.

Es obvio que luego de que Santos le prometió a Maduro que nunca iba a recibir a Capriles, al hacerlo iba a provocar una reacción violenta de los chavistas. Claro, a su manera retorcida, Santos podrá alegar que no lo recibió oficialmente, sino en privado, y que por tanto no incumplió su promesa. Pero, por muy privada que fuera la reunión, la intención era hacerla pública, como lo demuestra la foto entregada a la prensa. Como siempre, Santos busca quedar bien con Dios y con el diablo. O sea, con la opinión pública y con el chavismo.

Santos sabe que la inmensa mayoría de la opinión pública colombiana detesta el chavismo y considera que el gobierno ilegítimo de Maduro le robó las elecciones a Capriles. Por tanto, para tratar de reconciliarse con esa opinión pública, luego de reconocer el gobierno de Maduro, decidió balancear el asunto recibiendo en privado a Capriles, pero haciendo pública la reunión. Sabía que la inevitable reacción airada del chavismo en su contra, con los consabidos insultos y ofensas, iba a provocar una oleada de solidaridad en su favor dentro de Colombia y simpatías en el exterior. Esta manipulación del sentimiento nacional y democrático de los colombianos le podría rentar unos cuantos puntos a su favor en las encuestas. De los cuales necesita mucho, si tenemos en cuenta que cerca del 65 por ciento de los ciudadanos se opone a su reelección.

Como todo lo suyo, el gesto de Santos con Capriles no fue sincero. Si lo fuera, iría acompañado de una solicitud a UNASUR para presionar el cumplimiento por parte del gobierno venezolano de su compromiso de hacerle una auditoría a la cuestionada votación que supuestamente ganó Maduro. Los chavistas le han hecho conejo a Suramérica, y todos tan campantes. Si su gesto fuera sincero, le solicitaría a la OEA revisar el incumplimiento de Venezuela a la Carta Democrática. Pero nada, sólo manipulación del difundido sentimiento de solidaridad con la oposición venezolana para ganar puntos en las encuestas.

Para rematar, precisamente en medio de la polvareda chavista, Santos desempolva una iniciativa que hace siete años promovió el gobierno anterior para establecer un inofensivo acuerdo de cooperación con la OTAN, presentándolo como un inminente “ingreso” de nuestro país a esa organización. No creo en las equivocaciones de Santos, creo en su cálculo y en su manipulación política. Por supuesto, eso fue como echarle más leña al fuego. Como era de esperarse, a la agresión chavista se sumaron la de Bochavistas a de Nicaragua. Y esto, internamente provocó más solidaridad mediática con el gobierno nacional y una defensa cerrada de nuestra soberanía, ante la pretensión de limitarla por parte del chavismo internacional. Nuevamente, buscando más apoyo de la opinión, mediante la manipulación del sentimiento nacional.

Tampoco creo en la sinceridad de Santos en la defensa de nuestra soberanía nacional. Si lo fuera, habría repudiado el absurdo fallo de La Haya sobre San Andrés. Pero lo aceptó por temor a que Ortega le echara al chavismo en su contra. Si lo fuera, no estaría tolerando el apoyo que a la luz del día Venezuela les sigue dando a las FARC y al ELN protegiendo a sus dirigentes y a sus guerrilleros en su territorio. Si lo fuera, no habría echado a la basura, por temor al chavismo, el acuerdo con Estados Unidos para el fortalecimiento de las bases de nuestra Fuerza Aérea, y el incremento de nuestra capacidad para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Si lo fuera, no habría hecho del arrodillamiento ante el chavismo su estrategia de política internacional. Que ahora Santos trata de mitigar con gestos inanes de última hora ante su derrumbamiento en las encuestas, aprovechando la catastrófica crisis de gobernabilidad del régimen chavista que no le permite en ningún caso ir más allá de los insultos.

Aunque la opinión pública se sorprendió y confundió de momento por ese súbito, inesperado y pasajero distanciamiento de Santos con el chavismo, creo que la falta de credibilidad que por sobradas razones contamina todos sus actos le impedirá pescar apoyos en el río revuelto de una crisis artificial, luego de que sus calculadas maniobras enturbiaran las hasta ahora apacibles aguas de sus relaciones con su nuevo mejor amigo, el chavismo.

Alfredo Rangel

Sin abandonar sus viejos ideales de una sociedad comunista (aunque no lo reconozcan así) están notificados por sus camaradas del vecindario y por el polvo de la derrota estratégica que sufrieron en el inmediato pasado, a buscar otros medios distintos a las armas para alcanzar el poder y construir el modelo.

La constituyente sería el mecanismo ideal para iniciar una experiencia de tipo electoral que les permite lavar la imagen de terroristas. Deben ser conscientes de que por sí solos no obtendrían resultados alentadores, por eso han llamado a la conformación de un amplio movimiento de masas conformado por grupos sociales y fuerzas políticas de izquierda en torno a unas banderas que ya no serán de corte revolucionario sino reformista. El ELN también se ha pronunciado en el mismo sentido en su boletín de mayo.

Desde el costado de la legalidad, donde se mueven con habilidad sus defensores y aliados se escuchan voces en favor de esa gran alianza. Conversan los del Polo con los de la Marcha y los Progresistas, Ongs, Colectivos de litigantes de derechos humanos y hasta liberales. ¿Cuál es la línea esencial que los aglutinaría? No es otra que la idea de sentar las bases del modelo bolivariano chavista en Colombia.

Para todos ellos, una constituyente significa el comienzo de una nueva Colombia. De modo pues que hay algo más ancho que ratificar acuerdos de paz. El gobierno nacional se ha negado hasta ahora a aceptar la demanda de las Farc. Considera que está fuera de lugar, que basta con una consulta popular. Ahí se visualiza uno de los nudos gordianos en una negociación llena de equívocos, candidez, mañas y marañas.

Entre los escribanos del santismo en la prensa nacional cunde el pánico ante la posibilidad de un fracaso en La Habana. Unos dicen que el fracaso de las conversaciones en La Habana sería un desastre no porque se frustre un anhelo nacional sino por una razón mezquina hasta los tuétanos, "es que eso es el triunfo del uribismo en las próximas elecciones". Otros piensan que convocar una constituyente es muy peligroso porque el estado de la opinión pública favorece ampliamente a lo que ellos, con absoluto simplismo, sectarismo y hasta ignorancia, llaman la "extrema derecha".

Sorprende que personas que han recibido los dones de la alta educación caigan en consideraciones tan ruines y antidemocráticas, pues no otra cosa puede uno decir de quienes creen que la democracia es buena cuando ganan y mala si pierden. Es lo que se observa por ejemplo en la actitud antirevocatoria del alcalde bogotano, Gustavo Petro, quien luchó en el pasado por la instauración de mecanismos de democracia directa como el referendo, el plebiscito, la revocatoria de mandato, las veedurías ciudadanas, las consultas y hasta la constituyente, y ahora que la opinión no le favorece, considera turbio el procedimiento.

Cualquier estudiante de ciencias políticas entiende que una constituyente debe ser justificada o rechazada no por el cálculo mezquino sino por razones de mayor peso. Por ejemplo, un cambio revolucionario en el poder, un golpe de estado, una turbación social de grandes magnitudes, una guerra civil, que no es nuestro caso, en la que dos bandos de igual a igual luchan por el triunfo sin poder alcanzarlo, o, en fin porque las leyes son insuficientes o no dan cabida a algún sector importante de la sociedad o no reflejan el interés general. Y, Colombia, por fortuna, no se encuentra en una situación de crisis. Así que los miedosos de la democracia se pueden liberar de sus fantasmas, ya estamos notificados de que su espíritu democrático no les llega ni a los tobillos.

Una constituyente en Colombia no se justifica porque la constitución vigente cuenta con amplio margen de legitimidad y respaldo. Los problemas del país parecen ubicarse en el terreno de la aplicación de políticas públicas que apunten a remediar las carencias materiales y educativas que nos avergüenzan, y eso debe resolverse en el campo de la lucha ideológica y política entre partidos y movimientos en las elecciones y en la confrontación de propuestas y proyectos puestos a consideración de la ciudadanía.

Mucho menos se justifica una constituyente para darle gusto y juego político a un grupo que fracasó en su esfuerzo de representar algo o alguien que constituyera un sector respetable de este país. Si lo que quieren es participar en el juego democrático, lo primero que deben hacer es abandonar la violencia y las armas y buscar garantías para ingresar a movimientos y marchas que los esperan con los brazos abiertos.

O Winston Churchill: “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y el evangelio de la envidia; su virtud inherente es la distribución equitativa de la miseria”.

Entre esas historias apócrifas que circulan por Internet, hay una parábola muy simpática que ilustra a la perfección los perniciosos efectos que puede acarrear una mala práctica de dudosos conceptos como justicia social, equidad o distribución. Me he permitido hacer algunos ajustes pero la historia es más o menos así:

Diez amigos que se conocían desde el colegio convienen reunirse en un bar, dos veces por semana, para tomarse unos tragos y recordar los viejos tiempos. El consumo de los diez es de 100.000 pesos, pero en vez de aportar una cuota de $10.000 por cabeza deciden pagarla de manera proporcional a sus ingresos, como si se tratara de un pago de impuestos. Al fin y al cabo, no todos corrieron con la misma ‘suerte’; algunos no lograron entrar a la universidad y viven del rebusque para mantener una prole numerosa y apenas uno de ellos, don Próspero, había logrado montar una empresa que solo hasta ahora, después de muchos años de lucha, le estaba dando frutos.

De manera que luego de hacer una clasificación por ingresos, tomaron la siguiente decisión: los cuatro más pobres no pagarían nada, su consumo sería subsidiado por completo. Otros recibirían un subsidio parcial: el quinto solo pagaría $1.000; el sexto, $3.000, y el séptimo, $7.000. Los demás, de ahí para arriba, asumirían la carga así: el octavo, pagaría $12.000; el noveno, $18.000, y el empresario, apenas 59.000 pesitos. Mejor dicho, todo un acto de justicia y progresismo.

Después de varios meses de felicidad, el dueño del bar decidió fidelizarlos porque la competencia era dura, la zona estaba llena de bares: “Ya que ustedes son tan buenos clientes, les voy a hacer un descuento del 20%”. Ante el anuncio, todos se pusieron eufóricos y hasta corearon el nombre del tabernero.

Sin embargo, a la hora de pagar surgió un inconveniente: ¿Cómo debían repartir los $20.000 de rebaja de manera que cada uno recibiese una porción justa? Recordemos que los cuatro de menores ingresos bebían gratis, por lo que la rebaja no les afectaba en absoluto.

Pero,¿qué pasaba con los seis que sí abonaban a la cuenta? Como $20.000 dividido entre seis da un total de $3.333, se deduce que el quinto y el sexto de menores ingresos estarían cobrando por beber, pues antes pagaban $1.000 y $3.000 respectivamente, así que decidieron aplicar el descuento con el mismo criterio de equidad que habían tenido antes, favoreciendo a los de menores ingresos de la siguiente forma:

• El 5º de menores ingresos, al igual que los cuatro primeros, no pagaría nada, obteniendo un ahorro o beneficio del 100%.
• El 6º pagaría ahora $2.000 en lugar de $3.000, para un beneficio del 33%.
• El 7º pagaría $5.000 en lugar de $7.000. Un ahorro del 28%.
• El 8º pagaría $9.000 en lugar de $12.000. Ahorro del 25%.
• El 9º pagaría $14.000 en lugar de $18.000. Ahorro del 22%.
• Y el 10º, el más rico, pagaría $49.000 en lugar de $59.000. Su ahorro, con toda justicia, sería el menor, tan solo del 16%.

Sin embargo, una vez fuera del bar surgieron discrepancias al comparar los ahorros de cada uno. El sexto de menores ingresos se quejó por recibir apenas $1.000 de los $20.000 ahorrados, e increpó al más rico por recibir $10.000 pesos de devolución. “¡Es injusto!”, exclamó.

El quinto dijo que solo había recibido $1.000, sin fijarse que ahora no pagaba nada. “¡Los ricos siempre reciben los mayores beneficios!”, expresó.

El asunto llegó al extremo cuando los cuatro de menores ingresos gritaron al unísono: “¡Nosotros no hemos recibido nada de nada! ¡El sistema explota a los pobres!”.

De repente, los nueve hombres rodearon a Próspero y le dieron una paliza. Cosas de tragos, sin duda, pero a la siguiente reunión el empresario no llegó. Los nueve rieron y bebieron como si nada, pero a la hora de cancelar la cuenta se percataron de que entre todos, con el sistema acordado, no alcanzaban a pagar ni siquiera la mitad del consumo.

Eso es, precisamente, lo que ocurre en los países donde se desestimula la iniciativaprivada, en no pocas ocasiones a golpes. Ya lo había dicho Margaret Thatcher:"El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero…. de los demás".

O Winston Churchill: “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y el evangelio de la envidia; su virtud inherente es la distribución equitativa de la miseria”.

O Abraham Lincoln en un decálogo que se le atribuye:

1. No se puede crear prosperidad desalentando la iniciativa particular
2. No se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte.
3. No se puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes.
4. No se puede ayudar al pobre destruyendo al rico.
5. No se puede elevar al asalariado presionando a quien paga el salario.
6. No se puede gastar más de lo se que gana.
7. No se puede promover la fraternidad incitando el odio de clases.
8. No se puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado.
9. No se puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia e iniciativa.

10. No se puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos.

En una decisión que ha sido alabada por casi todos como un gran logro, el Congreso acaba de darle el puntillazo final al fuero militar. En adelante, la Justicia Penal Militar solamente se encargará de juzgar al centinela que se duerme en la guardia, o al soldado que deserta de las filas. Todos los demás delitos cometidos en ejercicio de sus funciones militares serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria, o sea, por jueces civiles. Justicia que no les ofrece ninguna garantía a los militares ni a los policías. Al contrario, es un terreno adverso y hostil.

Hay que decirlo hasta la saciedad. El fuero militar no es un privilegio, ni es sinónimo de impunidad. Es una garantía jurídica que tienen todos los ejércitos del mundo desde hace centenares de años –de hecho, desde los tiempos del Imperio romano– para ser juzgados por sus pares por los delitos que se comenten en la guerra o en desarrollo de operativos militares. Así lo tiene establecido la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo.

Retomando una centenaria tradición nacional, así lo estableció en Colombia la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que en su artículo 221 señaló que todos los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en desarrollo de sus funciones serían juzgados por tribunales castrenses, sin excepción alguna. Ahora la reforma del Congreso ha excluido del ámbito de la Justicia Penal Militar cerca de 18 delitos, casualmente los que se cometen con mayor frecuencia en desarrollo de operaciones militares.

Prácticamente ningún ejército del mundo tiene un fuero militar cuyo alcance sea tan limitado como el que tendrá ahora el Ejército colombiano. Y no creo que exista ningún caso a nivel internacional en el que se le limita tan radicalmente el fuero militar a un ejército en la mitad de una confrontación armada. El contentillo es que ahora la justicia militar va a ser más rápida y más eficiente para juzgar a los centinelas dormilones.

La reforma les quedó muy bonita para un país en absoluta paz, que no tuviera que enfrentar más de 60 frentes guerrilleros, bacrim muy poderosas y extendidas, sangrientas mafias del narcotráfico y múltiples expresiones del crimen organizado. Ideal para Suecia o Dinamarca. Catastrófico para Colombia. Y después se preguntan por qué será que nuestros mejores militares están saliéndose del Ejército y se están yendo para Arabia Saudita.

Es obvio: aquí si les va mal, los mata o los deja inválidos la guerrilla, pero si les va bien y son heroicos combatientes, los meten a la cárcel. Para ello es suficiente una acusación, un simple señalamiento de haber provocado desplazamiento forzoso de civiles durante un combate, o de haber maltratado a un prisionero en un interrogatorio, o que los familiares de un guerrillero muerto en combate digan que fue asesinado extrajudicialmente. Con eso basta.

El argumento de que la justicia ordinaria es más rápida, más justa y más efectiva es falaz. Basta observar el caso de los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia. Después de más de 20 años, todavía no ha sido absuelto ni condenado definitivamente el coronel Plazas Vega. Eso sí, en su juicio le han violado todos y cada uno de sus derechos procesales. Jamás se presumió su inocencia. Nunca pudo enfrentar al único (falso) testigo en que se basó su condena. Uno de los dos magistrados que lo condenaron fue candidato del Polo en el Huila. Al general Arias Cabrales lo condenaron sin una sola prueba en su contra, sólo por ser dizque “jefe de una organización criminal”, o sea, comandante del Ejército Nacional de Colombia. Las condecoraciones por orden público de los militares son consideradas por los jueces civiles indicios de un comportamiento criminal.

Y así se repiten por decenas los casos de militares y policías injustamente acusados, procesados, juzgados y condenados por una justicia ordinaria caracterizada por su fobia contra la fuerza pública. Es fácil constatar que durante décadas ha sido el Partido Comunista el que tiene las mayorías en Asonal Judicial, el sindicato que agrupa a jueces y fiscales.

El temor de ser involucrado injustamente en la justicia civil en un juicio eterno y sin garantías, que les arruina su carrera, su honor y su economía familiar, inhibe y desestimula a la fuerza pública para combatir con más denuedo a los criminales. Por eso, aprovechando ese desaliento, los criminales han incrementado sus acciones violentas en los últimos años. Las bacrim están fuera de control. Las guerrillas han multiplicado por cinco sus retenes ilegales y por 15 sus atentados contra la infraestructura económica nacional entre el 2010 y el 2013. La extorsión se generalizó. El narcotráfico ha vuelto a crecer.

Con la práctica supresión del fuero militar por el Congreso, algunas ONG de derechos humanos de clara orientación izquierdista pueden darse por satisfechas, aunque siempre querrán más. Las múltiples expresiones del mamertismo y todo su espectro de acólitos estarán de fiesta. Los medios, que ni se enteran, los acompañarán en el brindis de celebración. Pero la fuerza pública, en su callado y republicano silencio, sabe que le han dado un golpe certero. La opinión pública debería solidarizarse con ella.

2.El doctor Arias Leyva es una víctima de la persecución política y judicial que desde diferentes sectores se ejerce contra el uribismo.

3.Demandamos del gobierno nacional las máximas garantías de seguridad personal para el exministro Arias, ahora que ha recobrado la libertad.

4. Invitamos a observadores internacionales para que monitoreen de cerca el proceso que se adelanta contra los ex funcionarios del ministerio de Agricultura por el caso de Agro Ingreso Seguro. Es un proceso montado sobre especulaciones periodísticas. Carece de pruebas. No hubo irregularidad alguna de los funcionarios. Los particulares que cometieron irregularidades fueron premiados por la fiscalía Vivianne Morales de Lucio para que acusaran al exministro.

5. El grave montaje periodístico-judicial contra Andrés Felipe Arias, es el mejor ejemplo del porqué el Centro Democrático deberá liderar desde el congreso una reforma integral y profunda de la justicia colombiana.

Bogotá, junio 14 de 2013

Cuando se levantaba el telón de la farsa de La Habana, los llamados plenipotenciarios de las Farc propusieron un alto el fuego.

Los del Gobierno tuvieron la sensatez de rechazar la idea, porque siempre se podrá verificar el acuartelamiento de las tropas y nunca la conducta de los guerrilleros. Nos parece que fue ‘Márquez’ el que se quejó del rechazo, para lamentar que se adelantaran conversaciones de paz en medio de la guerra. Supuestamente estamos en ese punto: las partes conversan y la guerra sigue.

Para no examinar todo lo que ha pasado desde entonces, nos bastará tomar dos botones para la muestra. En el pobre caserío de El Mango, municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, irrumpieron las Farc, frente 60, y sin resistencia armada la emprendieron contra los moradores recluidos en sus modestísimas viviendas. Para esa acción tan valerosa usaron los que llaman ‘tatucos’, destruyeron quince casas, asesinaron a dos mujeres y dejaron heridas a otras seis personas.

A su turno, en el municipio de Sipí, departamento del Chocó, el Eln hizo lo propio, con la misma técnica y parejos resultados. Murió un bebé, quedaron heridos dos niños y la madre del bebé fallecido y aterrorizada toda la región.

Las Farc están en guerra y el Eln pretende entrar a negociaciones de paz. Pues, tras el ataque a Sipí, Jaime Bernal Cuéllar, dueño de la sociedad civil para entenderse con esos bandidos, encontró muy a propósito la propuesta y muy oportuno el momento para aceptarla.

Sacamos de este modo en claro que para las Farc y para el Gobierno lo ocurrido en El Mango y en Sipí son actos de guerra. Y eso es lo que queremos discutir, en nombre de la humanidad ofendida por semejante afrenta.

El Derecho Internacional Público, desarrollado desde la segunda posguerra, siguiendo una larga tradición secular, que empezaría con el padre Vitoria y con Hugo Grocio, se ha dedicado a fijar los perfiles de la guerra justa y lo que en todo caso queda proscrito de su ámbito. Y las acciones de El Mango y Sipí no son de guerra. No pueden ser consideradas tales. Con toda la brutalidad que la guerra implica, debe suponer el enfrentamiento armado, entre hombres armados, con prácticas guerreras de una cierta nobleza, de un respeto elemental por lo que se llama el Derecho Internacional Humanitario.

Caer encima de un pueblo indefenso, bombardear sin clemencia el refugio de seres humanos que no suponen peligro para los que atacan, con el único objetivo de llenar de terror a los moradores, es una afrenta a la razón, al Derecho, a las reglas elementales que gobiernan la guerra en nuestro tiempo.

Si El Mango y Sipí no son escenarios y hechos de guerra, lo de La Habana no se desarrolla en medio de la guerra, sino en medio del más repugnante terrorismo. Y eso no fue lo que prometieron las Farc, ni eso es lo que puede tolerar el Gobierno. Un Presidente que tuviera sentido elemental del decoro, solo por estas acciones debería romper esos diálogos. Los bombardeos contra la población civil, las minas, las emboscadas, los secuestros, las extorsiones, las violaciones de las mujeres, los reclutamientos de los niños son el pan cotidiano que alimenta esta tragedia. Y eso no está tolerado en las reglas aplicables a la guerra entre naciones ni a los conflictos internos. Basta mirar los Protocolos de Ginebra para comprobar el aserto.

Que con los terroristas no se negocia es una lección irrevocable para el Gobierno moderno. Pero, más allá de la política, el negocio con el terror queda por fuera de la ley. Esas negociaciones de La Habana debieran ser juzgadas, desde esta perspectiva, como crímenes de guerra, que no son solamente los que cometen los delincuentes, sino los que toleran los gobiernos pusilánimes.