Mucho se ha escrito sobre los contratos suscritos por el Fiscal General de la Nación con personalidades como ex magistrados del Consejo de Estado –Rafael Enrique Ostau de Lafont y Enrique Gil Botero ($751 millones)-; de la Corte Constitucional –Manuel José Ignacio Cepeda-; de la Corte Suprema –el tristemente célebre Pedro Munar, protagonista de primera línea de la puerta giratoria entre las altas cortes-. En la piñata de contratos también hubo para ex ministros de Estado. Carlos Medellín tuvo uno en 2014 por 229 millones de pesos y otro por 240 millones en 2015. ¿El objeto de los mismos? asesorar al “despacho del señor Fiscal General de la Nación para el ejercicio de la acción de extinción de dominio” .
A aquellos contratos se suman los que le fueron asignados a la cuestionada doctora “Springer” cuyo objeto consiste, fundamentalmente, en vender humo. A ella, como todos sabemos, entre 2014 y 2015 le fueron entregados $3.381 millones de pesos. El periodista Rafael Poveda también estuvo invitado al festín. A él le correspondió el contrato número 125 del 25 de marzo de 2015 para “realizar el asesoramiento y acompañamiento de información virtual masiva de todos los hechos noticiosos de la Fiscalía General de la Nación”. Le fueron desembolsados 187 millones de pesos.
Otro comunicador, Eccehomo Cetina, recibió un jugoso cheque por $445 millones para “prestar apoyo, acompañamiento y asesoría en la elaboración de especiales periodísticos que permitan la socialización de temas de alto impacto y mostrar claramente el trabajo investigativo por parte de la Fiscalía General de la Nación contra la corrupción y la criminalidad en Colombia”. Al leer el objeto de ese contrato, resulta inevitable hacer una correlación con los diferentes conceptos que de la “propaganda” ha desarrollado la ciencia política. Para la profesora catalana Emma Rodero Antón, “se entiende por propaganda la acción sistemática reiterada, ejercida por medios orales, escritos o icónicos, sobre la opinión pública, con una finalidad persuasiva, principalmente mediante la sugestión y técnicas psicológicas similares, para imbuir una ideología o incitar a la acción mediante la canalización de actitudes y opiniones, al presentarse la realidad tergiversada, seleccionada e interpretada con un reduccionismo valorativo y una carga emocional…”.
De aquellos contratos ya teníamos noticia. De lo que no sabíamos era de la verdadera nómina paralela que el doctor Montealegre y su coequipero Jorge Fernando Perdomo -como si fueran Batman y Robin– montaron en la Fiscalía General de la Nación.
Tuve acceso a la relación de todos los contratos de prestación de servicios que se suscribieron en esa entidad desde el 1 de enero de 2014 hasta el 17 de septiembre de 2015. El resultado es francamente alarmante: 419 personas fueron vinculadas a esa entidad como contratistas. Valga recordar que la Fiscalía General de la Nación es una “niña consentida” del presupuesto nacional. Tiene la planta de personal más grande de la burocracia estatal. Por eso, luce espantoso que el dúo dinámico -Montealegre y Perdomo- haya erigido semejante tinglado de supernumerarios.
En aras de la verdad, algunos contratos son perfectamente justificables. Pero hay otros que no se entienden por más explicaciones que se busquen. Está el caso del doctor Faruk Urrutia, médico de profesión, egresado de la universidad Javeriana a quien la Fiscalía General de la Nación le otorgó los contratos 366 de septiembre 23 de 2014, por $46 millones de pesos y el 001 de enero 2 de 2015 por $208.8 millones. El objeto de éstos: “Prestar sus servicios profesionales de apoyo y asesoría especializada en el desarrollo y seguimiento a la implementación de procesos administrativos, técnicos y de gestión financiera a cargo de la dirección nacional de apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la Nación”.
Habiendo tantos profesionales en finanzas, tantos ingenieros industriales, tantos matemáticos puros, tantos administradores de empresas, tantos economistas en Colombia, resulta un tanto macondiano que la Fiscalía le haya pagado 255 millones de pesos a un médico para que les brinde asesorías en temas financieros (¡!).
El doctor Urrutia, gran persona, amable caballero y uribista hasta la médula –hace parte de la lista al Senado del Centro Democrático y fue, así mismo, gerente de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga en el departamento del Cesar-, me explicó que dichos contratos se dieron gracias a su vasta hoja de vida y por tener a su haber una maestría en administración de empresas de la Escuela de Negocios San Pablo, Ceu. en Madrid, España.
En fin. De nada sirve escarbar en los archivos de la fiscalía, porque el doctor Montealegre ya nos notificó que sobre los contratos suscritos durante su administración ninguna explicación va a darle al país. El todopoderoso Fiscal General de la Nación se siente ofendido cada vez que alguien se atreve a cuestionar la ligereza con la que se dilapida el billonario presupuesto de la entidad que él dirige.
La mala noticia es que la fiesta de contratos continuará más allá del mes de marzo cuando se cumplan los 4 años de Montealegre y las riendas de la Fiscalía pasen a manos del doctor Jorge Fernando Perdomo que estará, quién sabe durante cuánto tiempo, ejerciendo y firmando, a dos manos, contratos aquí, allá y acullá.
