El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, reiteró este viernes su preocupación ante el “inexcusable silencio” que han tenido el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC frente al uso que se dará a los dineros que el grupo guerrillero ha acumulado como consecuencia de su accionar criminal y que en concepto suyo y de muchos sectores de la sociedad, debería ser invertido en la reparación a las víctimas del grupo insurgente ante un eventual acuerdo de paz.

“El Gobierno debe explicarle al país por qué callaron en materia de gigantescos bienes obtenidos por las FARC como consecuencia del narcotráfico”, aseguró el jefe del Ministerio Público antes de su intervención en el XVII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, que se realizó hoy en la ciudad de Montería (Córdoba).

El procurador también se refirió a la selección de los representantes de las víctimas que serán escuchados en la mesa de negociaciones de La Habana, insistiendo en que son las víctimas de las FARC quienes deben estar ante sus victimarios en desarrollo de este proceso.

“Espero que víctimas de FARC tengan participación en el porcentaje que exige el esclarecimiento de la verdad. Creo que es el sentir de la sociedad colombiana que quienes deben estar allí son las víctimas de las FARC”.

En su conferencia, titulada ‘Existen límites en el posconflicto’, el jefe del órgano de control recordó las obligaciones internacionales que limitan las decisiones que se tomen en la mesa de La Habana y advirtió sobre los riesgos que enfrentaría el país ante una paz con impunidad, es decir, no sostenible.

“La situación de posconflicto no legitima al Estado para sustraerse del cumplimiento de obligaciones internacionales (…) Podría afirmarse que el posconflicto es el escenario en que se instaura una paz estable o donde se incuba un nuevo conflicto”, señaló.

Igualmente, el procurador lamentó que ni el Congreso de la República ni el Gobierno Nacional hayan exigido la entrega de armas por parte de las FARC para poder alcanzar la firma de acuerdos, señalando que su simple dejación es una amenaza para el Estado y para la sociedad.