El dolor que padecieron muchos habitantes del Cauca la semana pasada se sintió en todo el territorio nacional.

Colombia sufrió una nueva conmoción con las acciones terroristas de las Farc, que hasta desafiaron la presencia del Gobierno, encabezado por el presidente Santos.

Si bien es cierto que lo que está sucediendo deja muchas lecciones, como lo han subrayado analistas de distintas tendencias, quizá la principal es que la amenaza está viva y dispuesta a hacerse sentir sin contemplaciones.

La imagen del jefe del Estado haciendo esfuerzos para ser escuchado por una población que mostraba temor e indignación, en medio del ruido de los tiros que los terroristas hacían en las montañas aledañas, es un símbolo del reto que enfrenta la sociedad colombiana.

No nos equivoquemos.

La amenaza es para todos los que creemos en la democracia y rechazamos el uso de las armas para perseguir supuestos fines políticos.

Y la manera de hacerle frente al desafío es evitar las confusiones que producen los falsos dilemas y trabajar en procura de la unidad frente a la violencia.

Algunos analistas levantaron la voz para decir que estamos frente a la alternativa de la guerra o la reconciliación, mientras defendían su propia receta.

Nada de eso. El peor error que puede seguirse cometiendo es presentar dividida a una sociedad que está unida alrededor del deseo de vivir en paz.

Es tan grave la equivocación, que lleva a que un sector que quiere la convivencia señale a otro –que también la busca– de estar en su contra.

¿Qué sucede cuando eso ocurre? Pues que el terrorismo aprovecha las debilidades que se alimentan de la absurda división entre quienes están de acuerdo.

Y dicha división se agudiza cuando los amigos de una de las caras del falso dilema piden que no se haga política con el orden público cuando, en realidad, es lo que hacen al presentarse como los excluyentes voceros de la reconciliación.

Por ahí no es la cosa. La acción legítima de las fuerzas del Estado contra la violencia es una obligación constitucional y legal.

No se trata de una opción política, es un deber cuyo cumplimiento mal puede caracterizarse como guerrerismo de derecha. Puede sostenerse, con razón, que cuando el Presidente cumple, en la condición de comandante de las Fuerzas Armadas, con sus funciones en busca de la preservación del orden, ¿está actuando como un extremista? ¿O señalar de tal al ciudadano que le pide que lo haga? Por supuesto que no.

El famoso dilema que plantean algunos no existe. Combatir el terrorismo con las armas legítimas y la presencia integral del Estado es la obligación que tienen todos los gobiernos , sin importar su origen ideológico.

La opción es la salida negociada. Sobre esto tampoco puede haber duda. Pero para acudir a ella, la larga y dolorosa historia de Colombia enseña que hay que dejar de lado la ingenuidad, que en tantas ocasiones nos inspiró en el pasado, e insistir en que las Farc dejen primero el terrorismo para poder pensar en un nuevo esfuerzo político creíble.

Ahí están las lecciones que debemos recordar a raíz de lo que sucede en Toribío.

Carlos Holmes Trujillo García

Exministro y exembajador

carlosholmestrujillog@gmail.com