Intervenir en las negociaciones de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos que tienen lugar en La Habana favorece la agenda de la Casa Blanca sobre Cuba.

Hubo una época en la que Estados Unidos habría usado su papel de superpotencia para socavar el despotismo que se ha arraigado en Venezuela. Esos días hace rato pasaron ahora que el gobierno del presidente Barack Obama despacha a un enviado especial para que se una a las negociaciones de paz de Colombia con el grupo terrorista de las FARC.

El 20 de febrero, John Kerry, secretario de Estado de EE.UU., anunció el nombramiento de Bernard Aronson en un discurso corto lleno de clichés y elogios para la democracia colombiana, como si preservarla fuera una prioridad para el gobierno de Obama. Ojalá que fuera así.

La principal prioridad del presidente Obama en la región es normalizar las relaciones con la dictadura militar cubana. Raúl Castro dice que eso no ocurrirá hasta que Cuba no sea sacada de la lista de estados que patrocinan el terrorismo, pese a que el régimen apoya a las FARC y les da refugio a sus miembros.

Así que la única forma de resolver el problema es cambiar la definición de las FARC a través de un acuerdo de paz que los colombianos aprueben. La participación de EE.UU. busca elevar la probabilidad de que eso suceda.

Colombianos, tengan cuidado. EE.UU. está ansioso por poner su sello de aprobación en un acuerdo de paz, sin importar cuánto poder económico y político le ceda a las FARC. Pero una vez que se concrete, los colombianos tendrán que arreglárselas solos. Si las cosas salen mal, nadie va a rescatar sus libertades civiles. Pregúntenles a los venezolanos.

Después de casi tres años y medio de “negociación” con el gobierno colombiano, las FARC siguen siendo intransigentes. La semana pasada, el negociador de las FARC, Iván Márquez, dijo que “la dejación (SIC) de las armas no está en cuestión” y que su grupo pagará “cero cárcel”.

La respuesta de Juan Manuel Santos durante las negociaciones ha sido ofrecer más concesiones. En diciembre, propuso bajar de categoría el narcotráfico de las FARC de un delito grave a un crimen político, lo cual podría no conllevar un castigo. También ha hablado de permitirles hacer “servicio comunitario” a cambio de cárcel por sus múltiples atrocidades. Algunos congresistas han incluso hablado de darles a las FARC curules en el Congreso sin pasar por una elección.

Los colombianos probablemente no aprobarán un acuerdo tan desequilibrado. No es que no estén dispuestos a perdonar, como aseguran los partidarios del Presidente. La preocupación es que las FARC usen sus riquezas ilícitas e influencia política para socavar aún más el estado de derecho en Colombia y sus frágiles instituciones republicanas.

Santos tiene que calmar esos temores si espera obtener la aprobación de la versión de paz de las FARC. Es por eso que está reclutando refuerzos desde Washington, para que EE.UU. funcione como garante de la democracia colombiana.

Esa es una trampa peligrosa para los colombianos.

En el país vecino, la dictadura militar venezolana ha declarado que ahora es legal que la policía dispare contra manifestantes en las calles. Los tribunales están ordenando el arresto de enemigos políticos y la economía dirigida por el Estado está en ruinas. Pero es importante recordar que el poder absoluto no fue tomado en una revolución sangrienta o con tanques entrando a Caracas. Los medios independientes no fueron destruidos con un solo golpe y el ejército no sufrió de una purga de sus miembros disidentes a la vez.

Hugo Chávez ganó una elección en diciembre de 1998 y gradual y metódicamente desmanteló las instituciones, en la sociedad civil y en el gobierno, que se interponían a un control total. Las enormes ganancias petroleras en la primera década del siglo XXI hicieron que fuera sencillo comprar a buena parte del electorado venezolano, tanto rico como pobre.

La estrategia de socavar desde adentro ha sido usada por ex terroristas en toda la región, desde Argentina y Nicaragua hasta El Salvador. Sus lineamientos fueron pulidos en Cuba.

En una columna de enero de 2007, indiqué que el presidente boliviano, Evo Morales, quien usó la violencia para llegar al poder, estaba presumiendo del consejo que le dio Fidel Castro sobre cómo eliminar a la oposición. Morales dijo que Castro le había dicho que “no organizara un levantamiento armado”, sino que “hiciera transformaciones, revoluciones democráticas, lo que Chávez está haciendo”.

Entregarle a las FARC (que probablemente no renunciará a las rutas de cocaína en Colombia sin importar lo que digan sus negociadores) poder político y económico, es una invitación a que se dé un resultado similar. El país podría descubrir que sus instituciones son lo suficientemente fuertes para repeler una toma desde el interior. Pero dado el historial en la región de países que les dieron amnistía a los terroristas, es un riesgo enorme. No puede ser una coincidencia que en Perú, donde los líderes de Sendero Luminoso fueron a la cárcel, la democracia haya sobrevivido la ola del chavismo hasta el momento.

En una región en la que la izquierda normalmente exige que EE.UU. se mantenga fuera de sus asuntos, es lógico sospechar que se acepte a un enviado estadounidense en las negociaciones de La Habana. El gobierno de Obama está entrando en las negociaciones de paz de Colombia a nombre de Cuba. Todos los resultados negativos de este intercambio pertenecerán al pueblo colombiano.