En la juiciosa lectura que el Consejo de Estado habrá hecho de las demandas contra la venta de Isagén y de la justificación del Gobierno verá el despropósito de semejante expropiación de lo público.

Verá que el destino de los recursos no es claro, pues aunque el minhacienda decía en su recurso de súplica que, a diferencia de todas las demás privatizaciones, en esta oportunidad irían a un fondo especial, el famoso Fondes, no es verdad. Mintió. Según el PND, en su artículo 144, será la Dirección de Crédito Público quien reciba los recursos mientras (quién sabe cuándo) se reglamenta el contrato con el Fondes. Improvisación que raya en lo delictivo.

También verá el alto tribunal que el “activo” no se quedará en el país, como lo ha cacareado el Gobierno, y que en siete años a partir de la privatización el comprador extranjero podrá cambiar el actual domicilio en la ciudad de Medellín a una ciudad diferente, lo más probable A cualquier paraíso fiscal donde el propietario pueda no sólo eludir impuestos sino también evadir nuestra jurisdicción.

También verá el Consejo de Estado que los dividendos que hoy percibe el Presupuesto General por concepto de su participación accionaria en la segunda generadora del país dejarán de recibirse, sin que el Gobierno haya dispuesto cómo reemplazarlos o el invisible Comité Consultivo de la Regla Fiscal se haya pronunciado al respecto. Adicionalmente verá que los impuestos que por utilidades paga Isagén desaparecerán en manos del nuevo propietario, que, en su “legítimo” afán de recuperar su inversión, ordeñará con costos adicionales y otros gastos al estado de resultados, que dejará de ser próspero por “arte de magia contable”.

Y todo esto mientras el país siente que su Gobierno juega el póquer de las obras de 4G con el patrimonio público, pues, como se sabe, los dineros de Isagén no son para que el Estado construya vías y obras, sino para financiar a concesionarios privados mediante créditos de alto riesgo, subsidiados por el ciudadano de a pie, quien, por la fatiga de su trajinar diario, ni se entera de tan sofisticada corrupción, disfrazada además por medios de comunicación cómplices y defensores de la venta sumidos hasta el cuello en indecentes conflictos de intereses.

Queda en las sabias manos del Consejo de Estado, quien ha leído la triste y reprochable realidad detrás de la venta de Isagén, calmar o encender ese sentimiento de impotencia que agobia a cada ciudadano. Que el Todopoderoso los ilumine.