Nota: Ahora que se ha producido el fallo condenatorio del Gral. Arias Cabrales, con tergiversaciones atroces de nuestra historia por parte de la juez, sobre todo en torno al holocausto del Palacio de Justicia, tal vez sea conveniente publicar otra vez estos dos artículos sobre el tema.

I

Vivimos la moda de encomendar el esclarecimiento de la verdad sobre episodios históricos de uno u otro país a una comisión. Riesgosa tarea que ha generado polémicas sin fin, desde los casos más viejos de Chile y Argentina sobre los crímenes de las dictaduras militares, hasta los más recientes de Ecuador –para la operación que dio de baja a Raúl Reyes- y Colombia –para el holocausto del Palacio de Justicia-. Similar intento en Brasil ha generado fuerte reacción de los militares frente al gobierno, que quería a través de una “comisión de la verdad” cobrar al estamento castrense cuentas del pasado como es hoy costumbre, mientras se pasa de largo por los desafueros de los “rebeldes” de antaño. Algunos atribuyen a Churchill la famosa expresión de que “un camello es un caballo diseñado por una comisión”. Cualquiera que revise el Informe Final de nuestra “comisión de la verdad” sobre el Palacio de Justicia no podrá menos que constatar que la verdad, en vez de ser esclarecida sufrió una notable distorsión. No otra cosa puede esperarse de jueces politizados fungiendo como historiadores y con el apuro de cumplir una tarea a las volandas. Claro que el caballo es un mamífero cuadrúpedo, con semejanzas al camello. Pero de un orden y familia completamente distintos. Así ocurre con el informe. Ratifica hechos conocidos, pero avala otros francamente traídos de los cabellos y, sobre todo, presenta un enfoque y unas conclusiones inaceptables y francamente peligrosas. En nuestro caso la deformación de la realidad histórica ha resultado descomunal. Se ratifican dos o tres verdades de a puño, conocidas y que no requerían todo el boato de una comisión, como la responsabilidad fundamental del M-19 y su alianza con el narcotráfico. Mientras tanto, abundan las distorsiones y las dudas. Citemos algunas de pasada.

Las investigaciones de la época comprobaron que fue el M-19 el causante del incendio. Así lo corrobora en detalle la doctora Clemencia García de Useche, la juez que condenó a la cúpula del M-19 en su momento por estos hechos (aunque después fueron indultados), que se apoya en múltiples datos y testimonios de magistrados sobrevivientes de la conflagración, como Samuel Buitrago y Fernando González Carrizosa. La susodicha Comisión, sin embargo, levanta un manto de duda sugiriendo que fueron los militares sus causantes.

Pero lo más grave, lo central, es el propósito de acusar al Estado y en particular a las Fuerzas Militares de graves crímenes y llamarlos a aceptar una supuesta “responsabilidad política”, cuando no penal. Baste indicar que a exponer las responsabilidades del M-19 dedica 19 páginas ¡mientras a las del gobierno y las de las fuerzas militares la friolera de 52! Para el efecto proceden a desfigurar la acción oficial, que califican con desatinados epítetos. O establecen apreciaciones disparatadas, como que se violó “el principio de distinción” entre civiles y militares por las autoridades, aplicable en confrontaciones bélicas para proteger a los civiles, pero absolutamente inaplicable en un caso como este, de secuestro de civiles para usarlos como escudos humanos y objetos de chantaje.

El actual presidente de la CSJ, Augusto Ibáñez, recibió con alborozo el informe de la Comisión de la Verdad. Aseveró que la Corte de hoy vive un asedio parecido al de mediados de los años ochenta, y que el llamado de “cese el fuego” debiera repetirse para salvarla. Y obvio, reiteró la propuesta de hace unos meses, de constituir otra “comisión de la verdad” que estudie la violencia más reciente, sobre todo la provocada por el paramilitarismo y el fenómeno de la parapolítica. Si el proyecto fructifica no tardaremos en tener otro informe condenando al Estado, empezando por el Presidente y siguiendo con las fuerzas militares. Y no solamente ante el tribunal de la historia, como se estila decir; cuántos no ambicionan conducirlos ante los tribunales nacionales o internacionales.

II

Como se recordará, el gobierno de Belisario Betancur adelantó varios procesos de paz con organizaciones guerrilleras. Haciendo a un lado sus intenciones, lo evidente es que se elevó a canon legal la fatídica “combinación de todas las formas de lucha”, al pactar una tregua indefinida con las Farc, que les permitía tener un partido político legal (Unión Patriótica) con brazo armado activo. De suerte que no hubo paz sino más violencia, y las guerrillas aprovecharon el cuarto de hora para fortalecerse. El proceso con el M-19 fue igual de ingenuo, pero la actitud demencial y delirante de este grupo, que se veía ad portas del triunfo, lo llevó a romper la tregua e intentar un asalto al poder del Estado. La toma del Palacio de Justicia a sangre y fuego, el secuestro de gran parte de la Corte Suprema de Justicia, y la exigencia de un juicio al Presidente, protocolizaron esa intentona.

Si algo quisiéramos rescatar de aquel gobierno fue la defensa erguida y firme que efectuó de las instituciones, aquellos 6 y 7 de noviembre de 1985, después de tantas insensateces y capitulaciones. Sin embargo, la “comisión de la verdad” se empeña en desvirtuar la legítima reacción del gobierno y la fuerza pública y condenarla ante la historia. Veamos algunos aspectos.

Aunque califica de “demencial” el ataque del M-19, está en desacuerdo con la “desproporcionada” respuesta militar de las autoridades, que “provocó el Holocausto del Palacio de Justicia”, razón por la cual el pedido de “cese el fuego” de Alfonso Reyes Echandía, presidente secuestrado de la CSJ, era “la exigencia de pensar una forma distinta de resolver los desacuerdos entre colombianos”. ¡Vaya disertación! ¿“Desacuerdos entre colombianos” los ataques bárbaros para derrocar las autoridades legítimamente constituidas? ¿Y por tanto “desproporcionada” la respuesta del Estado? Desde un principio la concepción de la Comisión está distorsionada, al desnaturalizar y descalificar la justa y legítima respuesta del Estado ante un ataque sanguinario y bárbaro.

Este es un tema sobremanera sensible, pero es indispensable tratarlo con franqueza. La vida no está por encima de todo. Hay principios y valores que a veces exigen entregarla a cambio. En una bella estrofa lo canta nuestro himno nacional recordando a Ricaurte: “deber antes que vida/con llamas escribió”. Siempre se ha calificado como héroes o mártires, ensalzándolos, a quienes la ofrendan en defensa de la patria, de las instituciones, de la religión, de la familia. Y de cobardes o traidores a quienes las ferian por salvan el pellejo. A veces hay cierta visión sesgada: se acepta que policías y soldados ofrenden su vida por los demás, como cosa normal, pero se arma tremendo escándalo si los que la ofrendan son funcionarios de “alto nivel”.

Una mujer precisamente, aquel fatal noviembre de 1985, le dio a Colombia una lección sublime, enteramente diferente a la que la “comisión” nos quiere vender hoy apoyándose en el pedido de “cese al fuego” de Reyes Echandía. Fue Fanny González Franco, la primer mujer que llegó a la CSJ, quien le expresó a su hermano por teléfono, antes de perecer inmolada: “(…) por autoridad de la ley vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia (…), no a llorar ni a pedir clemencia. Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrado. Si es designio que yo muera para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces que Dios, el presidente y las Fuerzas Armadas salven la patria. Muero, pero no me doblego”.

De la misma manera revive la acusación de que el infausto episodio no fue más que una “trampa para cazar palomas” urdida por los militares, según expresión acuñada por el ex ministro de Gobierno de entonces, Jaime Castro, o una “ratonera” como se la ha denominado de tiempo atrás. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, para explicar la desprotección del Palacio ese día como un acto deliberado de la fuerza pública. Es una de las más absurdas e infames elucubraciones, desmentida por los mismos líderes del M-19, y refutada con lujo de detalles en el reciente libro “Ni golpe de Estado ni vacío de poder” del ex ministro Castro.

Simultáneamente reclama una “forma distinta” de resolver estos litigios: el “diálogo” y el “respeto irrestricto de la vida humana por sobre consideraciones estratégicas”. Y a lo largo del informe insiste una y otra vez en que el respeto a la vida “debe prevalecer sobre cualquier otro tipo de consideraciones”. Se lamenta también que después de la tragedia del Palacio “no se haya generado un cambio en la forma de resolver los conflictos en Colombia”.

¿Entonces el Estado debe claudicar ante quienes lo chantajean tomando rehenes y amenazando asesinarlos si no se cumplen sus exigencias brutales? ¿Se debe renunciar a “consideraciones estratégicas” para colocar por encima la vida de los secuestrados? La misma prédica que por años hemos escuchado para justificar el “canje” de guerrilleros presos por secuestrados, bajo el manto de un supuesto “acuerdo humanitario”. Lo que debemos deplorar es que tan esclarecidos juristas sigan a estas alturas defendiendo las manidas tesis de los enemigos del Estado, que lo atarían de pies y manos ante el asalto feroz de sus enemigos.

Libardo Botero
Blog Debate Nacional
Enero 28 y Febrero 2 de 2010