Otro año más que el paro judicial que se desarrolla en varias zonas del país enlaza con el inicio de la vacancia judicial. El servicio público esencial de la Justicia se convirtió en rey de burlas.

Se cumplieron ya más de dos meses de parálisis en buena parte de la administración de justicia. Un alto número de trabajadores de la Rama Judicial, incluyendo los del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, apoyan el paro que un sector del sindicato Asonal Judicial -el liderado por el juez Fredy Machado- promueve con intransigencia.

No es toda la Rama Judicial del país. En Antioquia y Medellín, por ejemplo, los servidores públicos de la Justicia han seguido desempeñando las labores que constitucionalmente se les confían, de modo que, ad portas de entrar en la vacancia judicial establecida para esta época, no son muchas más las diligencias acumuladas salvo las que ya de por sí se suman por la sobrecarga de expedientes.

Pero peor suerte corren otras zonas del país, empezando por Bogotá, precisamente la que más audiencias programadas tiene, más expedientes necesita resolver y la que más acciones de tutela está obligada a decidir.

El sector de Asonal Judicial que promueve e impone el paro, prohibiendo acceder a sus despachos a los funcionarios que estiman éticamente inadmisible estar sin trabajar, cuando milllones de diligencias deberían cumplirse, asegura que el seguimiento al cese de actividades es mayoritario en Bogotá, Cundinamarca, Casanare, Boyacá, Meta y Caquetá.

El otro sector sindical, que considera que el Gobierno ha cumplido los compromisos asumidos a raíz del paro de hace dos años, reduce el éxito de la huelga a la capital del país, Cauca y parte de la Costa.

Ayer, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura advirtió que quienes persistan en el paro no recibirán salario ni prestaciones, y en el caso de los titulares de despachos de descongestión -uno de los caballitos de batalla del paro- no serán prorrogados en sus cargos.

Pero ya la Contraloría General de la República había advertido desde el 20 de noviembre que quien no trabaje no puede recibir salario público, y que tampoco se puede pagar de manera anticipada bajo el pretexto de que luego los huelguistas recuperarán el tiempo dejado de laborar.

Precisamente por haber ordenado el pago de salarios sin haberse prestado el servicio, la Directora Ejecutiva de la Rama Judicial enfrenta una investigación penal de la Fiscalía por prevaricato.

Hace dos años, en el balance que ofrecimos a nuestros lectores sobre los hechos de ese período (“El año negro de la Justicia”, 11/XII/2012), concluíamos que “el país no puede continuar con esta deslegitimación de su Justicia. Esta era la rama del poder que rescataba la confianza en la institucionalidad, ante la corrupción de los demás poderes”.

Da grima que ni en 2013 ni en este 2014 la situación haya dejado de empeorar. Si hemos pasado ya -sin consecuencias, para vergüenza pública- por los carruseles pensionales, los choques de trenes derivados de rivalidades de poder, por la politiquería judicial, por la impunidad, por un fiscal general convertido en defensor de causas inicuas, por la falta de decoro de algunos altos magistrados, por la indignidad de muchos comportamientos que generan bochorno a la sociedad, terminamos este otro año con un paro que empata inmediatamente con las vacaciones judiciales.

Quedamos ante un servicio público esencial que se paraliza sin consecuencias, sin sanciones. El servicio que debe ejecutar la ley en un país sin ley.