Reclutamiento de niños

Esta semana tuvo lugar en la Universidad de Medellín un foro que organicé sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados ilegales.

Tal y como dije durante mi intervención en ese evento, Colombia es el único país del hemisferio occidental en el que los niños son convertidos a la fuerza en combatientes o esclavos sexuales de las organizaciones al margen de la ley.

No se trata de un delito menor. A la luz del Estatuto de Roma, es un crimen de lesa humanidad que, por su connotación, no es prescriptible, ni mucho menos puede ser objeto de amnistía o indulto.

Hoy, el terrorista congoleño Thomas Lubanga purga una condena de 14 años impuesta por la Corte Penal Internacional por el delito de reclutamiento forzado de niños. Similar suerte corrió el ex presidente de Liberia, Charles Taylor a quien el tribunal especial para Sierra Leona halló culpable de haber permitido que miles de niños fueran arrancados del seno de sus hogares para ser convertidos en milicianos.

Uno de los asuntos que más debe preocupar a los colombianos es el hecho de que ni siquiera sepamos cuántos niños han sido reclutados forzosamente. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entidad encargada de reincorporar a los menores que han sido llevados a la guerra por parte de los actores armados ilegales, no tiene una estadística al respecto.

Y parece que tampoco tiene mucho interés en el asunto. La directora de esa entidad, fue invitada hace más de un mes al foro y no tuvo tiempo en su agenda para atenderlo. Espero que el hecho de que yo haga parte de la oposición no haya sido el motivo por el que no se hizo presente en el acto académico, porque el drama de los niños reclutados a la fuerza no es un asunto de partido político ni de ideología sino de nación. Un Estado que permite que sus niños sean arrebatados por los ilegales para ser convertidos en seres violentos no merece ser llamado Estado y mucho menos Estado Social de Derecho.

Mientras escribo estas líneas recibo una delicada denuncia. En el municipio Puerto Rico, departamento del Meta queda el albergue para niños “Las Palmas”. Pues bien, las Farc, que dicen estar hablando de paz, se han llevaron a 40 menores de edad de este sitio.

La comunidad tiene miedo de denunciar esta atrocidad porque sabe que la guerrilla arremeterá contra ellos. Según se me ha informado, la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional ya está en la zona tratando de impedir que la guerrilla se lleve a más niños.

El Gobierno debe hacer algo al respecto. No es admisible que el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, continúe respondiendo que como con las Farc se acordó dialogar “en medio del conflicto”, no hay nada que hacer para impedir que los terroristas continúen llevando niños a la guerra. ¿Acaso con el proceso de paz el Gobierno le dio a la guerrilla una licencia para delinquir?

Más vale recordarle al señor comisionado para la paz que no solo es responsable del delito de reclutamiento forzado quien lo hace sino también quien por acción u omisión lo permite.
 

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