Siempre me ha costado trabajo entender por qué a los latinoamericanos nos cuesta tanto adaptarnos a lo estable, amar la armonía y asentar nuestros logros. La seguridad es una palabra adversa a nuestra cultura a pesar de ser indispensable para el progreso material y el desarrollo comunitario.
Por cada crisis institucional o política la respuesta es una reforma. Siempre expresada en verso y nunca escrita en prosa. Siempre hacia el futuro y siempre perfectas, como son, en teoría, todas las propuestas.
Y surgen los debates, y salen las iniciativas y los únicos beneficiarios son los gobernantes, y las grandes víctimas somos los administrados. Y ahí vamos: prometiendo, mintiendo, esperanzando a la gente con reformas y cambios antes que ejecutar así sea el 10% de nuestras sagradas leyes. Se ama la ley pero se desprecia su materialización. Se ama al policía siempre y cuando no haga cumplir la ley. Se ama a los militares bajo condición de que no hagan respetar el Estado de Derecho y que sus armas sean decorativas.
El Gobierno Santos se ha caracterizado por ser el gran legislador de nuestros tiempos y uno de los peores en ejecución. Impulsó el Código General del Proceso, el Código Contencioso Administrativo, el Estatuto Anticorrupción, la Ley estatutaria de derechos de petición y habeas data, el Estatuto anti trámites, la nueva Ley de arbitraje, la Ley de Tierras y la reforma agraria por tan solo mencionar aquellos cuerpos legales que tienen categoría de “estatutos”. Más de 4.000 normas que, según el principio de legalidad, deben ser conocidas y, por supuesto, acatadas tanto por los ciudadanos como por las autoridades.
¡Y de las grandes reformas nada! Fracasó la reforma a la Educación, porque una manotada de gente se tomó por unos días la carrera séptima de Bogotá; fracasó la reforma a la justicia porque no tenía derrotero distinto que el de meterle más política a la administración de justicia antes que intentar una pronta y oportuna justicia que es lo que verdaderamente reclamamos y, nos prometió no poner más impuestos y ya vamos para la segunda reforma tributaria para pagar los favores de la anterior campaña presidencial y se anuncia, -todo hay que decirlo-, una “reforma estructural” en materia de impuestos.
En lo personal no quiero más reformas, más leyes, más códigos que nadie conoce y nadie aplica. Me bastaría con que el Jefe del Ejecutivo se dedicara a ejecutar, a cumplir y hacer cumplir, ya no digo las más de 15.000 normas que tenemos sino, por lo menos, el 20% de ellas.
Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI
