Un arduo trabajo de convencimiento debería emprender la Fiscalía, para que de una vez los miembros de las Farc, involucrados en delitos de lesa humanidad, entiendan que ninguno de ellos tendría que seguir en el discurso de que no pagarán un día de cárcel, cuando es claro que ese será uno de los ‘sapos’ que definitivamente nadie se va a tragar.

Sí, es cierto como dice el presidente Santos que tendremos que ‘tragarnos muchos sapos’, uno de ellos es ver en La Habana a comandantes de la guerrilla como ‘Pacho Chino’ o ‘Romaña’, con unos amplios prontuarios de tomas sangrientas de pueblos colombianos y con cientos de secuestros a cuestas. Pero una cosa es que estos jefes guerrilleros sean convocados a discutir aspectos como la futura entrega de armas o la posibilidad de un cese al fuego y otra es que se insista, por parte de las Farc, de que ninguno de sus hombres recibirá una condena por crímenes de lesa humanidad.

Los ojos de la comunidad internacional están puestos en este proceso de paz. Es evidente que el presidente Santos ha logrado que decenas de países apoyen esta negociación para lograr una salida pacífica a este conflicto de más de 60 años. Sin embargo, también es cierto que el escenario internacional, a través de los fiscales de la Corte Penal Internacional, ha sido claro en que aquellos líderes guerrilleros inmersos en delitos de lesa humanidad no quedarán libres de polvo y paja como muchos de ellos suponen.

Y es allí donde el fiscal Montealegre debería comenzar un proceso de pedagogía para que estos comandantes entiendan que eso no puede suceder.

“No es que la CPI vaya a ser un obstáculo para la paz en Colombia, sino que el país se suscribió a unos convenios internacionales y lo que ha hecho la fiscal de ese tribunal es recordar que el Estado está obligado a honrar esos compromisos y que si no lo hace, entrarán a operar”, explicó recientemente a El País el exvicefiscal Francisco Sintura.

Como las Farc parece que viven en otro mundo, no han entendido que las realidades de esta negociación son distintas a las que se suscribieron en los noventa con el M-19 o el EPL.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, la justicia internacional está facultada para entrar a operar en cualquiera de los países miembros para garantizar que se castigue a individuos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión y genocidio, en casos donde la justicia local se ha quedado corta en las penas.

Esto es así y lo mejor es que, de una vez, esos comandantes de las Farc entiendan que aquí no habrá punto final y que si de verdad están dispuestos a negociar la terminación del conflicto, pues tendrán que hacer su propio sacrificio en aras de un bien mayor, la paz de este país.