Hay delitos comunes que generan miedo y terror entre la ciudadanía. El robo de celulares es uno de ellos porque a menudo deriva en homicidio. Por eso, la sugerencia que hiciera Gustavo Petro, de abstenerse de usar el celular en la calle, repudiada en un comienzo, es ya una costumbre obligatoria. Así, un invento ideado para comunicarse desde cualquier parte, sobre todo desde las calles, en nuestro medio no es tan útil como debería serlo por causa de la inseguridad.

Ahora el terror lo causan los ataques con ácido. Son casi un millar en los últimos años sin que las autoridades hayan hecho mayor cosa. En Colombia reina la impunidad, y si no se paga cárcel en muchos casos de asesinato menos se puede esperar que reciban castigo aquellos que causen solo ‘lesiones personales’, así estas tengan la oscura intención de dejar a la víctima marcada de por vida.

Lamentablemente, a las autoridades judiciales se les dificulta entender que un ataque con sustancias químicas es de tal gravedad que debería configurar una tentativa de homicidio en primer grado (con premeditación y alevosía), sin que sea necesario establecer una nueva tipología en el Código Penal. De hecho, acaba de fallecer un joven víctima de ataque con ácido en La Estrella (Antioquia), lo que demuestra que se trata de un tipo criminal de absoluta gravedad.

No cabe duda de que Jonathan Vega Chávez, el atacante de Natalia Ponce de León, es un sicópata que planeó por largo tiempo el asalto a su víctima. Pero tal premeditación indica que sabía lo que estaba haciendo y que era dueño de sus actos. Por eso sería una aberración declararlo inimputable, pero si tal cosa ocurre con mayor razón debe decidirse su encierro de por vida en un anexo siquiátrico, ya que es evidente el peligro que este sujeto representa para la comunidad.

Es apenas natural que la sociedad exija fuertes castigos para estos desadaptados, y de ninguna manera puede aceptarse que trabajar por el aumento de penas sea hacer populismo judicial. Lo que sí no está bien es que haya que tipificar cada conducta para poder castigarla como se merece en vez de tipificar los efectos. No puede ser que un día se vuelva habitual prenderle el pelo o la ropa a la víctima, o destrozarle el rostro con un rallador de cocina, y haya que arrancar de cero otra vez.

Lo que no tiene nada de natural es que los colombianos no seamos coherentes a la hora de pedir justicia contra los diversos criminales de este país, y no lo digo por el revuelo alrededor del caso de Natalia Ponce, al parecer por ser de mejor condición socioeconómica que otras víctimas de ácido. No. Contestemos la siguiente pregunta: ¿quién es más sicópata, el señor Vega o los cabecillas de las Farc?

Si nos atenemos tan solo a los más recientes hechos de las Farc, una colección de crímenes abominables como la bomba en el supermercado de Quibdó, donde murieron cuatro personas, o el asesinato a garrote de dos policías, habría que concluir que no son solo terroristas reconocidos sino unos verdaderos sicópatas, unos perturbados mentales con los que es imposible llegar a acuerdos.

Entonces, ¿por qué los colombianos le permitimos al gobierno que dialogue con estos orates? ¿Por qué, más bien, no pedimos ‘diálogo’ con los autores de los ataques con ácido y les damos curules en el Congreso y todo lo que pidan? ¿Será, acaso, que el hecho de que los unos estén organizados y bien armados mientras que los otros son unos canallas solitarios y sin grandes planes, los hace más meritorios o es que los colombianos no somos más que unos cobardes? Ojo, no tendremos lágrimas suficientes cuando llegue la hora de lamentarnos.