Una inexcusable escasez

Hay que poner el ojo en la distribución de medicinas vitales, la vida de la gente está en juego.

Que un medicamento o un insumo vital escasee es grave desde todo punto de vista. Dado que son la vida y la salud de la gente las que están en juego, situaciones como esta deben trascender el enunciado y evitarse. La semana pasada, los directores de prestigiosas instituciones hospitalarias pusieron el grito en el cielo ante la carencia de protamina, fármaco utilizado en cirugías de alta complejidad, especialmente las cardíacas.

El asunto llegó a ser tan dramático que, para salvaguardar la vida de los enfermos, varios hospitales debieron aplazar cirugías largamente esperadas. La escasez ocurrió cuando el único proveedor autorizado en Colombia, un laboratorio mexicano, tuvo problemas para renovar su licencia de buenas prácticas.

Aunque el impasse se superó gracias al Invima, es necesario reconocer que no es la primera vez que sucede. Hace algunos meses, el país enfrentó una situación similar con el metrotexate, utilizado en el tratamiento del cáncer y algunas enfermedades reumáticas. Súbitamente desapareció del mercado, lo que dejó a muchos médicos y pacientes a la deriva. Y aunque las causas del desabastecimiento son diferentes, el efecto es el mismo.

Resulta curioso que casos como estos se presenten, pese a que existen normas absolutas que le permiten al Ministerio de Salud echar mano de herramientas como las importaciones paralelas y hasta el otorgamiento de licencias obligatorias para su fabricación en el país. Desde el 2004, además, existe el decreto 0481, que faculta a las autoridades para declarar el medicamento que escasea ‘insumo vital no disponible’, con lo cual se acelera su búsqueda y disponibilidad, sin mayores requisitos.

Es importante aclarar que ha habido casos en que la falta del fármaco es ficticia, forzada por productores o comercializadores que buscan aumentar los precios o deshacerse de un artículo que no es suficientemente rentable. También hay que poner el ojo en aquellos casos en que el Estado ejerce el monopolio en la distribución de drogas vitales, como algunos del Fondo Nacional de Estupefacientes, que no se dispensan por falta de presupuesto o por vericuetos administrativos, que acaban pagando los pacientes.

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